Incorporamos el RD 390/2021 de Certificación de Eficiencia Energética

Introducción

Desde Normatia seguimos consolidando nuestro repositorio documental para ofrecer todo el espectro legal aplicable al ejercicio arquitectónico y la sostenibilidad inmobiliaria. Nos enorgullece anunciar la introducción completa en nuestra plataforma del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Esta importante actualización normativa, que transpone a la legislación nacional los mandatos de la Directiva (UE) 2018/844, redefine y actualiza las directrices para emitir, registrar y controlar la calificación energética aplicable tanto al parque edificado existente como a la obra de nueva construcción.

Objeto y finalidades vinculantes

Tal y como expone su Capítulo I relativo a Disposiciones Generales, la reglamentación asienta las condiciones técnicas y administrativas impuestas para calcular la huella energética del edificio y formalizar la transmisión legal de estos datos al mercado y a los consumidores.

Sus directrices concretas persiguen cuatro ejes ineludibles:

Promoción de la eficiencia: Fomentar el ahorro de energía final en todo el sector de la edificación residencial y terciaria.
Impulso a las renovables: Exigir que la dotación de las demandas térmicas y eléctricas estructurales se cubra predominantemente mediante fuentes de origen limpio y sostenible.
Reducción de emisiones: Comprimir sustancialmente el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) derivadas del uso logístico y operacional de la arquitectura.
Transparencia inmobilaria: Consolidar una herramienta visual y cuantificable que permita a futuros compradores o arrendatarios auditar un inmueble frente al mercado, priorizando la inversión hacia promotoras o particulares con altos índices de eficiencia.

Carga de responsabilidad y proceso técnico de expedición

La norma es clara respecto al organigrama de deberes: el promotor o el propietario del edificio (o bien de la unidad funcional a intervenir) constituye la figura jurídica responsable ineludible. Sobre ellos recae la obligación de encargar la redacción del dictamen y preservar la trazabilidad documental del mismo para cualquier transmisión, arrendamiento u operación oficial, de acuerdo con el Capítulo II (Condiciones técnicas y administrativas).

La expedición de esta calificación no es un mero trámite de gabinete, sino un diagnóstico sobre el terreno que pauta los siguientes estadios:

Obligación presencial: Todo técnico habilitado debe realizar inexcusablemente una inspección ocular in situ. Dicha vista pericial tiene una caducidad legal, por lo que deberá acometerse como máximo tres meses antes a la firma definitiva del texto.
Registro autonómico: Carecerá de total eficacia legal o vigor administrativo cualquier acta no comunicada debidamente; por ello, debe formalizarse en el órgano competente designado por cada respectiva comunidad autónoma.
Vigencia del depósito: Como norma tasada, a falta de estipulaciones singulares del gobierno regional, el redactor o promotor dispondrá de un mes de gracia como plazo desde su fecha de emisión para hacer efectivo su registro oficial.

Anatomía documental de la calificación obtenida

Al acometer este proceso evaluativo el resultado emana en un cuerpo documental heterogéneo que engloba cuatro entidades formales irreemplazables:

Documento Pericial del Certificado: Despacho con los metadatos catastrales, la constancia normativa exigible para el año de su construcción y el despiece de particularidades energéticas.
La Etiqueta Energética Oficial: El distintivo estandarizado, gráfico y unitario para la demarcación estatal que otorga la consabida categoría técnica escalonada.
Volcado paramétrico (XML): La entrega del contenedor digital tabulado apto para el volcado de datos por la administración.
Escenario de Recomendaciones: Una hoja de ruta obligada hacia el usuario de viabilidad técnica que pauta subsanaciones útiles enfocadas hacia la envolvente aislante o los sistemas de rendimiento climático del edificio. Dicha memoria debe incluir los plazos predecibles de amortización económica a su vez que justifique mejoras tangibles sobre entornos confortables o sanos.

Cabe destacar que para procesos de promoción constructiva incipiente, existe una bifurcación entre fase de Certificación del Proyecto (auditoría originaria sobre la memoria teórica) y Certificación de Obra Terminada (un re-análisis en etapa fin de obra que rubrica o rectifica asimetrías constructivas acaecidas durante el levantamiento). A todo este despliegue, el legislador suma la ineludible instauración de muestreos y cribas aleatorias institucionales destinadas al control y penalización garantista por falsedad frente a las administraciones autonómicas correspondientes.

Conclusión

La óptima lectura de los encajes reglamentarios para el RD 390/2021 nos garantiza blindaje pericial y comercialización en el mercado arquitectónico frente a las crecientes normativas nacionales e internacionales de descarbonización.

Invitamos a toda la comunidad técnica a acceder al desglose de este nuevo articulado directamente en el visor de Normatia, donde encontraréis sus apartados completamente articulados y relacionados. Si precisa conservar el resguardo legal de su formulación oficial expedida por el Gobierno, dejamos igualmente enlazado el acceso al texto original publicado en el BOE (PDF).