CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito urbanístico de competencia del Ayuntamiento de Marbella, los procedimientos específicos de colaboración público-privada en la tramitación de licencias u otro tipo de autorizaciones sobre las actividades edificatorias a las que se refiere el artículo siguiente, regulados en el capítulo IV del título preliminar del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
- 1. A los efectos del apartado segundo del artículo 15 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la regulación prevista en la presente ordenanza se refiere a todo tipo de obras sometidas a licencia municipal de obras y declaración responsable en suelo urbano y suelo rústico, a excepción de las siguientes:
- a) Las licencias de obras y declaraciones responsables que se soliciten en los suelos calificados como Centro Histórico (zonas de ordenanza C1 y C2), cuya delimitación de suelo se adjunta en un plano como anexo 1.
- b) Las licencias de obras provisionales, reguladas en el artículos 84 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y 284 del Decreto 550/2022 por el que se aprueba el Reglamento General de la LISTA.
- c) Las actuaciones sometidas a licencia de obras recogidas como actuaciones prioritarias en las instrucciones de 8 de noviembre de 2023 y 19 de febrero de 2024 del Director General adjunto a la Asesoría Jurídica de la Delegación de Urbanismo, así como cualquier modificación de las mismas, por la que se establecen los criterios justificativos para la tramitación prioritaria y la agilización y simplificación en los procedimientos para el otorgamiento de licencias, a excepción, de las declaraciones responsables sobre edificaciones e instalaciones que se destinen a instalación de aprovechamiento térmico de energías renovables en viviendas, la instalación de autoconsumo eléctrico de energías renovables, y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
- d) Licencias de obras relacionadas con actuaciones extraordinarias en suelo rústico.
- e) Licencias de obras solicitadas en suelos pendientes de una actuación de transformación urbanística.
- f) Licencias de obras y declaraciones responsables que consistan en legalizaciones, así como los que lleven aparejados expedientes de disciplina urbanística.
Artículo 3. De los colegios profesionales
- 1. Los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, podrán colaborar con las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo en el desarrollo de las actuaciones que se establecen en el artículo 9 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
- 2. Los colegios profesionales deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento General de la Ley 7/2021, así como en la presente ordenanza para las entidades urbanísticas certificadoras. No obstante, no será preceptiva su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras regulado en el artículo 6 de esta ordenanza para la realización de las actividades de colaboración con las administraciones públicas en materia urbanística.
Artículo 4. De las entidades urbanísticas certificadoras
Las entidades urbanísticas certificadoras son entidades privadas de carácter técnico, con personalidad jurídica propia que podrán colaborar con las administraciones públicas en el desarrollo de las actuaciones previstas en el artículo 9 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, siempre que las mismas cumplan con los requisitos recogi dos en la legislación aplicable para ello.
Artículo 5. Principios generales
- 1. Las entidades certificadoras y los colegios profesionales podrán ejercer las funciones establecidas en los artículos 10 y siguientes de la presente ordenanza.
- 2. Las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales se regirán por los principios de imparcialidad, confidencialidad e independencia, y serán responsables de los daños y perjuicios causados con ocasión del ejercicio de sus funciones. En ningún caso, tanto la realización de las tareas que se les encomienden como la emisión de informes o certificados implicarán el ejercicio de potestades públicas y se entenderán sin perjuicio de las actuaciones e informes que correspondan realizar a las administraciones públicas en ejercicio de sus funciones.
En el ejercicio de sus funciones están sujetas al régimen de incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la presente ordenanza.
- 3. Las entidades certificadoras y colegios profesionales podrán actuar a instancia de persona interesada en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación recogidos en el artículo 2 de la presente ordenanza. En estos casos, verificarán la documentación que estos les presenten y, en su caso, les advertirán de los defectos detectados. Asimismo, podrán recabar los informes preceptivos o autorizaciones sectoriales que corresponda solicitar en representación de los interesados.
- 4. Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas y obtener la autorización administrativa del Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía.
- 6. El Ayuntamiento de Marbella podrá, en cualquier momento, requerir información a las entidades certificadoras sobre las actuaciones en las que intervengan y la remisión de la documentación que estime necesaria.
Artículo 6. Del registro de entidades urbanísticas certificadoras (REUCA)
- 1. Las entidades urbanísticas certificadoras deberán inscribirse en el Registro de las Enti dades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (REUCA) para poder realizar tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, control e inspección del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El REUCA tiene naturaleza administrativa y carácter público. En dicho registro se inscribirán las entidades urbanísticas certificadoras habilitadas para operar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las modificaciones, suspensiones y cancelaciones de inscripciones que en su caso se produzcan. Los datos del REUCA estarán sujetos a la normativa sobre protección de datos personales.
- 2. Los requisitos, así como el procedimiento de inscripción será el regulado en el artículo 16.3 y 4 del Decreto 550/2022, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
- 3. Los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, también podrán solicitar su inscripción en el REUCA, como entidades urbanísticas certificadoras.
Artículo 7. Obligaciones de las entidades urbanísticas certificadoras
Las entidades urbanísticas certificadoras tendrán las siguientes obligaciones:
- a) Desarrollar sus funciones con objetividad, imparcialidad e independencia, asumiendo la responsabilidad de la veracidad y la exactitud del contenido de sus certificados e informes.
- b) Conservar y custodiar los expedientes y el resto de documentación y datos de las actuaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones como entidades urbanísticas certificadoras, durante un periodo mínimo de seis años, debiendo estar a disposición de la Administración en todo momento.
- c) Garantizar la confidencialidad en relación con la información que obtengan en el desarrollo y ejecución de sus funciones.
- d) Mantener los requisitos y condiciones que justificaron la inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras, poniendo en conocimiento del responsable del Registro cualquier circunstancia, variación o modificación que afecte a la inscripción.
- e) Disponer de un sistema de auditoría interna de calidad.
- f) Informar a los interesados, de forma previa a la prestación de sus servicios, sobre las condiciones técnicas, jurídicas y procedimentales que puedan plantearse en relación con la actuación urbanística que pretenden ejecutar.
- g) Informar sobre el estado de tramitación de los encargos recibidos.
- h) Habilitar procedimientos para el tratamiento y resolución de las reclamaciones recibidas con motivo del ejercicio de las funciones previstas en este Reglamento y mantener un archivo de todas las reclamaciones y actuaciones llevadas a cabo.
- i) Identificar al personal técnico que realiza las funciones previstas en este Reglamento, así como la titulación, formación y experiencia profesional de aquel, lo que deberá estar acreditado documentalmente.
- j) Comunicar a las administraciones competentes las infracciones territoriales y urbanísticas que pudieran detectar durante el desempeño y ejercicio de las tareas encomendadas.
- k) Comunicar en el plazo más breve posible al Ayuntamiento de la localidad en cuyo término municipal se ubique la actuación urbanística certificada, las certificaciones o informes emitidos de no conformidad, así como el desistimiento de los promotores de las solicitudes de certificación.
- l) Someterse a las actuaciones de inspección, control y vigilancia que puedan desarrollar las administraciones competentes.
- m) Abstenerse de informar cuando se dé alguna de las causas de abstención y recusación previstas en la legislación en materia de régimen jurídico del sector público.
- n) Cualquier otra obligación que disponga la legislación aplicable al respecto.
Artículo 8. Régimen de incompatibilidades
- 1. Las incompatibilidades de las entidades certificadoras son las siguientes, sin perjuicio del resto de incompatibilidades dispuesto en la normativa vigente:
- a) No podrán ser proyectistas, fabricantes, proveedoras, instaladoras, suministradoras, contratistas, compradoras, propietarias, usuarias, mantenedoras, consultoras o directoras de ningún tipo de actuación urbanística sobre la que estas tenga capacidad de actuar.
- b) No compartirán infraestructura, instalaciones, estructura organizativa, personal, medios, equipos, publicidad o sistemas informáticos con ninguna empresa que realice alguna actividad de las señaladas en el apartado anterior.
- c) No tendrán empresas relacionadas o pertenecientes a grupos de sociedades en los que figuren empresas que se dediquen a alguna de las actividades reguladas en el ámbito de la presente ordenanza.
- d) No podrán realizar los trabajos recogidos en el ámbito de la presente ordenanza, con respecto de actuaciones urbanísticas en las que sus titulares, socios o su personal directivo tengan relación de parentesco hasta segundo grado tanto en línea recta como colateral o sean cónyuges o estén vinculados por análoga relación de convivencia afectiva con personas que sean titulares, socios o personal directivo de la propia entidad.
- e) No podrán dedicarse a actividades de asesoramiento o tramitación de actuaciones urbanísticas, más allá de las previstas normativamente.
- f) No podrán tener relación directa ni tener implicación en la elaboración de proyectos técnicos, memorias y documentación técnica de instalaciones, ni con la dirección ni ejecución de las obras en las actuaciones urbanísticas en las que actúen.
- 2. Las citadas incompatibilidades serán asimismo de aplicación a los colegios profesionales, en lo que no contradigan a su normativa específica de aplicación por tratarse de entidades de derecho público, y cualquier agentes intervinientes definidos en la Ley de Ordenación de Edificación o norma que la sustituya, en el término municipal de Marbella.