EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, ha supuesto un avance en la colaboración público-privada, regulando expresamente este tipo de colaboración en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas. Así, se le ha dado cobertura legal en la Comunidad Autónoma de Andalucía a una práctica que ya venía llevándose a cabo en otras comunidades autónomas con un buen resultado en cuanto a una mayor agilización en la tramitación y concesión de cualquier medio de intervención en la actividad de edificación.

Para ello, el artículo 9 de la LISTA establece el deber de las administraciones públicas con competencias en la ordenación territorial y urbanística, de facilitar y promover la colaboración de la iniciativa privada en las formas y con el alcance previstos en la ley, con el siguiente tenor literal:

  1. a) Constituir entidades colaboradoras que tengan por objeto la promoción de la ejecución de los instrumentos de ordenación urbanística o la asunción de la conservación de las obras de urbanización, entre otros.
  2. b) Celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico contempladas en el título VI de esta ley, siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas.
  3. c) Contratar con entidades privadas debidamente habilitadas que se constituyan en entidades urbanísticas certificadoras, con el mismo alcance y funciones que los previstos en el párrafo b). Reglamentariamente se establecerán sus requisitos de habilitación, registro y garantía, debiendo esta última adoptar la forma de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Ese desarrollo reglamentario se plasmó en el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que reguló en los artículos 9 a 17 la colaboración público-privada.

Posteriormente, el Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, modificó el artículo 9 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y los artículos 9 a 16 del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, reforzando las medidas de colaboración entre la Administración urbanística y entidades públicas y privadas en la tramitación de las licencias urbanísticas.

De esta manera, el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, dedica en la actualidad el capí- tulo IV a las fórmulas y procedimientos para articular la colaboración público-privada, distinguiendo, por un lado, a los colegios profesionales (como corporaciones de derecho público) de las entidades urbanísticas certificadoras (entidades privadas), creando y regulando el Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (en el que deben inscribirse las entidades urbanísticas certificadoras que pretendan desarrollar su función en el territorio de Andalucía), y estableciendo los procedimientos para la articulación de las medidas de colaboración con la Administración.

De esta forma, se prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los colegios profesionales, y contratos y convenios con las entidades urbanísticas certificadoras.

El Ayuntamiento de Marbella, en este sentido, ya cuenta desde el año 2019 con un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, para la elaboración del documento de visado de cualificación urbanística (VICU) para los proyectos de edificación y obtención de licencia urbanística municipal, con un balance muy positivo de estos cinco años en vigor.

También se contempla en la normativa citada, que los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras actúen por cuenta de terceros interesados en la tramitación de licencias de obras, de tal manera que ambas podrán realizar tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, control e inspección del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico, y en concreto:

  1. a) Podrán realizar la verificación de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación técnica correspondiente a los actos sometidos a licencia;
  2. b) podrán acreditar el cumplimiento de la legislación territorial y urbanística de los proyectos, así como de las determinaciones de los instrumentos de ordenación y demás exigencias previstas en la legislación sectorial, cuyo control se atribuya expresamente al Ayuntamiento, pudiendo emitir a estos efectos informes previos de conformidad técnica; y
  3. c) podrán realizar la verificación de las obras ejecutadas conforme a la licencia otorgada.

En cuanto a la naturaleza y alcance de los Informes o certificados de conformidad técnica previstos, el Reglamento General de la LISTA señala, con carácter general, que los mismos se incorporarán al correspondiente expediente administrativo y serán tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos, sin perjuicio de la verificación y control que en el ejercicio de sus potestades corresponde a la Administración.

Finalmente, el Reglamento contempla la posibilidad de que, mediante ordenanza municipal, se pueda establecer que el informe emitido por las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación surta efectos equiparables al informe técnico de los Servicios Municipales. Estas ordenanzas podrán delimitar aquellas zonas del municipio a las que se podrá aplicar el régimen de los informes de las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales, así como los tipos de actos urbanísticos sujetos a intervención administrativa sobre los que podrá operar.

Por tanto, para llegar al máximo nivel de colaboración público-privada previsto en la ley, se ha considerado procedente redactar una ordenanza municipal que regule el contenido y alcance los certificados e informes que emitan los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras, para que puedan sustituir al Informe técnico emitido por los servicios municipales competentes, en los procedimientos regulados para ello y con las garantías que establece la ley.

A tal fin, en la presente ordenanza se regulan los procedimientos específicos regulados en el capítulo IV del título preliminar del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, sin perjuicio del procedimiento ordinario de tramitación de las licencias urbanísticas, que se regula en el capítulo II del título VI, del mismo texto legal.

De esta manera, se regulan, al margen de la tramitación ordinaria de los medios de intervención en la actividad edificatoria, dos procedimientos específicos de otorgamiento de licencias:

  • – El de tramitación de licencia urbanística o declaración responsable a través de una entidad urbanística certificadora o colegio profesional con certificado de verificación documental (CVD) –que acredita que la solicitud y la documentación que se aporta es conforme a lo establecido en la norma de aplicación–; y
  • – El de tramitación de licencia urbanística o declaración responsable a través de una entidad urbanística certificadora o colegio profesional con informe técnico de cumplimiento urbanístico (ITCU) –que, además de lo anterior, incorpora un Informe técnico de cumplimento de la normativa urbanística y que sustituye al Informe técnico del Servicio Municipal de Licencias–.

Estos dos procedimientos anteriores, en nada obstan, a que el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga continúe emitiendo el documento de visado de cualificación urbanística a petición de los interesados, sin necesidad de tramitar por el citado colegio el procedimiento administrati vo de otorgamiento de licencia.

También se procede en la presente ordenanza, tal y como habilita la normativa, a delimitar aquellas zonas del municipio así como determinadas licencias o declaraciones responsables según el objeto o relevancia para el municipio, que no podrán tramitarse a través de una entidad urbanística certificadora o colegio profesional por su especial protección o relevancia y que deben ser en todo caso controladas e informadas íntegramente por los servicios municipales.

Estos procedimientos son voluntarios, de tal manera que los ciudadanos y las empresas y otras entidades, podrán optar entre tramitar la solicitud de licencia a través de uno de ellos, o acudir al régimen general regulado en el capítulo II del título VI, del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, lo que redundará en una agilización en la tramitación de las licencias, dotando a los ciudadanos y entidades de las más amplias posibilidades de tramitación de sus licencias previstas en el marco normativo de aplicación.

Por último, hay que poner de manifiesto, que la presente ordenanza, en virtud del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se redacta de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y como ha quedado expresado en la presente exposición de motivos.