Normativa fiscal de Cartagena que grava la realización de construcciones, instalaciones y obras. Define la base imponible, tipos impositivos, bonificaciones verdes y el procedimiento para liquidar este impuesto municipal.
De aplicación en Cartagena (Murcia, Región de Murcia).
220.704 habitantes · 560 km²
Normativa fiscal de Cartagena que grava la realización de construcciones, instalaciones y obras. Define la base imponible, tipos impositivos, bonificaciones verdes y el procedimiento para liquidar este impuesto municipal.
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La Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de Cartagena regula cuándo una construcción, instalación u obra queda sujeta al impuesto municipal, cómo se calcula la cuota y cómo se gestiona desde el inicio hasta el final de la obra. El ámbito se concreta en las actuaciones para las que se exija licencia de obras o urbanística, obtenida o no, cuando la expedición corresponda al Ayuntamiento de Cartagena y la actuación se realice en su término municipal (artículo 2, hecho imponible). La consulta de esta ordenanza permite ordenar seis decisiones: comprobar la sujeción, identificar el devengo, fijar el coste de ejecución material, calcular el 4 %, revisar bonificaciones y atender la autoliquidación y la liquidación definitiva.
Es la ordenanza fiscal municipal que establece y ordena el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en Cartagena. Su función no es fijar las condiciones urbanísticas de la parcela ni sustituir la licencia. Determina el tratamiento tributario de una actuación constructiva cuando concurre el hecho imponible previsto en la ordenanza. El establecimiento del impuesto y la normativa aplicable se recogen en el artículo 1, que cita como base los artículos 15.1, 59.2 y 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, regulador de las haciendas locales.
Para una obra concreta, la ordenanza se lee como una secuencia y no como una tabla aislada de porcentajes. Primero se comprueba si la actuación está dentro de su ámbito. Después se localiza el momento en que nace la obligación tributaria y se depura el presupuesto hasta obtener el coste de ejecución material. Solo entonces tiene sentido aplicar el tipo de gravamen y revisar si existe una bonificación que deba solicitarse y acreditarse antes de la liquidación.
La norma disponible en el proyecto está organizada en nueve artículos. No aparecen recuperados capítulos, secciones formales, artículos posteriores al 9, disposiciones finales ni anexos. Esa ausencia describe el contenido recuperado por el proyecto, no permite concluir cómo está compuesto el documento completo fuera de él.
El artículo 2 vincula el impuesto a la realización de construcciones, instalaciones u obras para las que se exija licencia de obras o urbanística, aunque la licencia todavía no se haya obtenido. También conecta la aplicación territorial con la competencia del Ayuntamiento de Cartagena y con la realización de la actuación en el término municipal. Por eso, la primera consulta no es cuánto cuesta el impuesto, sino si la actuación encaja en ese supuesto.
El artículo 3, exenciones contempla las construcciones, instalaciones u obras cuyo dueño sea el Estado, una comunidad autónoma o una entidad local, cuando se destinen directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones o tratamiento de aguas residuales. La disposición incluye obras de nueva inversión y de conservación, incluso cuando su gestión corresponda a organismos autónomos. La titularidad y el destino concreto de la obra son, por tanto, los datos que hay que contrastar al estudiar una posible exención.
El artículo 4, sujetos pasivos identifica a las personas obligadas al pago y diferencia entre contribuyentes y sustitutos. Esta distinción sirve para separar quién realiza el hecho imponible de quién puede quedar situado en la posición prevista por la ordenanza para cumplir la obligación tributaria.
La base imponible se fija en el coste de ejecución material de la obra, según el artículo 5. El IVA, las tasas, los precios públicos, los honorarios profesionales y el beneficio empresarial del contratista quedan fuera de ese coste. La lectura del presupuesto tiene que partir de esa delimitación. Si se detectan obras sin licencia, el mismo artículo prevé que los técnicos municipales puedan determinar la base mediante estimación.
El artículo 6, tipo de gravamen y cuota fija el tipo en el 4 %. La cuota resulta de aplicar ese porcentaje a la base imponible. El porcentaje, por sí solo, no resuelve el cálculo: primero hay que separar del presupuesto los conceptos que la ordenanza excluye y comprobar que la cifra representa el coste de ejecución material.
El artículo 7, bonificaciones reúne reducciones para supuestos distintos. Entre ellos aparecen las viviendas de protección oficial, las obras de adaptación para personas con discapacidad, determinadas actuaciones de especial interés municipal y los incentivos vinculados a la creación de empleo para pymes y autónomos. No se trata de una bonificación única: cada supuesto tiene su finalidad, su documentación y su momento de solicitud.
La ordenanza contempla una bonificación del 50 % para obras destinadas a adaptar viviendas o locales de negocio, construidos antes de la normativa obligatoria de accesibilidad, para facilitar el acceso y la habitabilidad de personas con discapacidad. El técnico director debe aportar un certificado que acredite esa finalidad directa. También aparece una bonificación del 50 % para construcciones de viviendas de protección oficial cuando se trate de obra nueva, con aportación de la cédula de calificación provisional antes de la liquidación y de la definitiva en los 15 días siguientes a su obtención.
En el caso del fomento de empleo, la ordenanza distingue entre pymes y autónomos. Las bonificaciones para pymes se sitúan entre el 10 % y el 60 % según el incremento de empleados, mientras que las de autónomos se sitúan entre el 20 % y el 90 % según el incremento de plantilla. La respuesta MCP también recoge bonificaciones variables de hasta el 95 % para ciertos supuestos de especial interés, pymes, autónomos o empresas en polígonos industriales que creen empleo estable, previa declaración del Pleno. La aplicación concreta debe contrastarse con el apartado correspondiente del artículo 7 y con la documentación que allí se pide.
El artículo 8, devengo sitúa el nacimiento de la obligación en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra. La ordenanza lo hace con independencia de que se haya obtenido o no la licencia. Esta regla separa el momento del inicio de la actuación del momento administrativo de concesión de la licencia.
El artículo 9, gestión regula la autoliquidación, las liquidaciones provisionales y la liquidación definitiva. La autoliquidación se practica en el plazo de 10 días hábiles desde el devengo. Al terminar la obra, el Ayuntamiento puede comprobar el coste real y efectivo y ajustar la liquidación inicial. El artículo remite también a la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales para el procedimiento administrativo del impuesto.
Para revisar el ICIO de una actuación en Cartagena, la secuencia de consulta puede ordenarse así:
Empieza por el artículo 2, aunque la duda inicial sea el importe. Si la actuación no entra en el hecho imponible, el cálculo porcentual no es la cuestión principal. Si entra, pasa al artículo 3 para descartar una exención y al artículo 4 para identificar al sujeto pasivo.
El artículo 5 es el punto de control del presupuesto. La ordenanza no presenta la base como el total de una factura o del presupuesto de contrata, sino como el coste de ejecución material, con exclusiones expresas. Después, los artículos 6 y 7 permiten separar el cálculo ordinario de las reducciones condicionadas.
La ordenanza se relaciona con la legislación estatal de haciendas locales, con la Ley 58/2003, General Tributaria, y con normas sectoriales citadas en las bonificaciones del artículo 7. Para el Casco Histórico de Cartagena, el artículo 7.4 utiliza una delimitación que depende del planeamiento municipal. Estas referencias contextualizan cada beneficio o trámite, pero no sustituyen la ordenanza fiscal.
Las construcciones, instalaciones u obras para las que se exija licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no, cuando la expedición corresponda al Ayuntamiento de Cartagena y la actuación se realice en su término municipal. Es la regla del artículo 2.
El tipo de gravamen es el 4 %, según el artículo 6. La cuota se obtiene aplicándolo a la base imponible, que el artículo 5 identifica con el coste de ejecución material.
No. El artículo 5 excluye el IVA, junto con las tasas, los precios públicos, los honorarios profesionales y el beneficio empresarial del contratista.
Nace cuando se inicia la construcción, instalación u obra. El artículo 8 sitúa el devengo en ese momento con independencia de que se haya obtenido o no la licencia.
La autoliquidación se practica en un plazo de 10 días hábiles desde el devengo, conforme al artículo 9.3.
La ordenanza contempla una bonificación del 50 % para obras de adaptación de viviendas o locales de negocio construidos antes de la normativa obligatoria de accesibilidad, cuando faciliten el acceso y la habitabilidad de personas con discapacidad. El artículo 7.2 vincula el beneficio a una acreditación técnica de esa finalidad directa y a su solicitud antes de la liquidación.
El artículo 7.1 contempla una bonificación del 50 % para construcciones de VPO cuando se trate de obra nueva. La documentación indicada incluye la cédula de calificación provisional antes de la liquidación y la definitiva en los 15 días siguientes a su obtención.
La falta de licencia no elimina por sí sola el devengo si la construcción ya ha comenzado, porque el artículo 8 lo vincula al inicio de la obra. Para la base, el artículo 5 prevé una estimación municipal cuando se detecten obras sin licencia. La gestión de la liquidación provisional aparece en el artículo 9.
Una vez terminada la obra, el Ayuntamiento puede comprobar el coste real y efectivo y practicar la liquidación definitiva. El artículo 9.6 regula ese ajuste respecto del importe ingresado inicialmente.
Consulta primero el artículo 5 y separa del presupuesto el IVA, las tasas, los precios públicos, los honorarios profesionales y el beneficio empresarial del contratista. Con la base depurada, aplica el 4 % del artículo 6. La secuencia evita confundir el presupuesto global con el coste de ejecución material que utiliza la ordenanza.
Localiza el artículo 7.2. Comprueba que la actuación tiene como finalidad directa adaptar la vivienda o el local para facilitar el acceso y la habitabilidad de personas con discapacidad, y revisa la acreditación que debe aportar el técnico director antes de la liquidación.
La consulta se concentra en el artículo 7.1. Además de confirmar que se trata de obra nueva de VPO, revisa el momento de presentación de la cédula de calificación provisional y el plazo de 15 días para aportar la definitiva tras obtenerla.
Empieza por los artículos 8 y 9. Sitúa la fecha de inicio para determinar el devengo, calcula el plazo de 10 días hábiles para la autoliquidación y revisa cómo se articula la liquidación provisional y la definitiva. El artículo 2 sigue siendo necesario para confirmar la sujeción.
Cruza el artículo 3 con dos datos del expediente: quién es el dueño de la obra y cuál es su destino directo. La exención descrita por la ordenanza se refiere a obras de titularidad pública destinadas a infraestructuras concretas, como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas o saneamiento.
Consulta los apartados del artículo 7 dedicados a pymes y autónomos. Identifica el incremento de empleo, el tipo de beneficiario, la documentación del proyecto de ejecución material visado y el momento de la solicitud. La fuente MCP indica que ciertas bonificaciones no se conceden si se piden después de concedida la licencia o en expedientes de legalización de obras ya realizadas.
El ICIO de Cartagena se consulta como una cadena de decisiones. El artículo 2 determina si la obra está sujeta; el artículo 3 permite revisar exenciones; el artículo 4 identifica al sujeto pasivo; y el artículo 5 fija la base en el coste de ejecución material, sin IVA, tasas, precios públicos, honorarios ni beneficio empresarial. Sobre esa base se aplica el 4 % del artículo 6. El artículo 7 reúne bonificaciones para accesibilidad, VPO y creación de empleo, con condiciones y documentación propias. El devengo se produce al iniciar la obra, y el artículo 9 ordena la autoliquidación en 10 días hábiles y la liquidación definitiva tras comprobar el coste real. Esta estructura permite localizar la respuesta adecuada sin confundir cálculo, beneficio fiscal y gestión tributaria.
Título original: Anuncio de Informe Ambiental Estratégico formulado en el marco del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada seguido en el seno de la tramitación del Plan Especial para Plaza San Francisco, 6 Cartagena, promovido por Gestalia Mediterránea, S.L.
Se publica el Informe Ambiental Estratégico formulado en la evaluación ambiental estratégica simplificada del Plan Especial para Plaza San Francisco, 6, en Cartagena. El informe, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 6 de agosto de 2026, determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El contenido íntegro se incorpora al acuerdo y se ofrece en enlace electrónico.
Título original: Acuerdo de aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de 28 de agosto de 2026 del Plan Especial para edificio de viviendas y bajo comercial en Plaza del Rey, 17, Cartagena, presentado por la mercantil Grupo Atalaya 2009, S.L.
Se anuncia la aprobación inicial del Plan Especial para un edificio de viviendas y bajo comercial en Plaza del Rey, 17, Cartagena. El acuerdo somete el expediente y el proyecto a información pública por un plazo de un mes, con posibilidad de alegaciones. El promotor es la mercantil Grupo Atalaya 2009, S.L.
Título original: Aprobación inicial mediante acuerdo de Junta de Gobierno local adoptado en fecha 9 de julio de 2026 de la modificación del estudio de detalle en parcela del antiguo edificio de las Siervas de Jesús en calle Ángel Bruna, Cartagena, presentado por la mercantil Intercentros Ballesol, S.A.
Se aprueba inicialmente la modificación del Estudio de Detalle de la parcela del antiguo edificio de las Siervas de Jesús en calle Ángel Bruna, Cartagena. El acuerdo, adoptado por la Junta de Gobierno Local el 9 de julio de 2026, somete el proyecto a información pública por veinte días. La documentación puede examinarse en la Oficina de Información Urbanística y en la sede electrónica municipal. Promueve el expediente la mercantil Intercentros Ballesol, S.A.
Título original: Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en fecha 6 de agosto de 2026, mediante el cual se modifica la aprobación inicial del Estudio de Detalle en finca urbana situado en calle Canciller de Ayala, 8, Barrio de la Concepción, presentado por Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena de 6 de agosto de 2026 por el que se modifica la aprobación inicial de un Estudio de Detalle. El documento afecta a una finca urbana sita en calle Canciller de Ayala, 8, en el Barrio de la Concepción, y se somete a información pública durante veinte días. Se cita el artículo 166.1 de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
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