Esta ordenanza regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en Santander, detallando su hecho imponible, el cálculo de la tasa y los beneficios fiscales aplicables.
De aplicación en Santander (Cantabria, Cantabria).
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Esta ordenanza regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en Santander, detallando su hecho imponible, el cálculo de la tasa y los beneficios fiscales aplicables.
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La Ordenanza Fiscal del ICIO de Santander regula el impuesto municipal vinculado a construcciones, instalaciones y obras sometidas a licencia, declaración responsable o comunicación previa bajo control del Ayuntamiento (art. 2.1).
No es una ordenanza técnica de edificación. El CTE, la normativa urbanística de Cantabria y el planeamiento municipal determinan las condiciones de la actuación. El ICIO toma esos marcos como referencia para delimitar obras y reconocer beneficios fiscales. Conviene leerla como una pieza tributaria conectada con la licencia o la declaración responsable, no como sustituta de la documentación técnica.
Es la norma municipal que desarrolla la imposición y gestión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en Santander. Su artículo 1, sobre el fundamento, recoge las facultades legales y el acuerdo municipal para establecer el tributo. Después ordena el impuesto por hecho imponible, sujetos pasivos, beneficios fiscales, base y cuota, gestión, inspección, infracciones y disposiciones finales.
Su papel es delimitar la relación entre una actuación constructiva y la liquidación tributaria municipal. No decide si una solución cumple las condiciones de seguridad, habitabilidad o ahorro de energía. Determina qué actuación queda dentro del impuesto y cómo se calcula la cuota, mientras que la licencia, la declaración responsable y el proyecto se apoyan en las demás normas aplicables.
La propia norma integra los conceptos necesarios para leerla. El artículo 2 define el hecho imponible; el artículo 3 diferencia contribuyente y sustituto; y el artículo 5 concreta base y devengo. El artículo 2.2 toma como referencia la Ley de Cantabria 2/2001 para identificar actuaciones que requieren licencia, declaración responsable o comunicación previa. La información recuperada no muestra un glosario independiente.
La ordenanza empieza por el hecho imponible. Grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija licencia de obras o urbanística, aunque no se haya obtenido. También incluye las actuaciones sujetas a declaración responsable o comunicación previa cuando el control corresponda al Ayuntamiento (art. 2.1). El artículo 2.2 menciona obras de nueva planta, demoliciones, modificaciones interiores o exteriores, obras en cementerios, parcelaciones urbanas y carteles de propaganda. El artículo 2.3 incorpora obras en la vía pública realizadas por particulares o empresas suministradoras, además de obras ejecutadas por orden municipal.
El segundo bloque identifica a las personas o entidades relacionadas con el pago. Según el artículo 3, sobre sujetos pasivos, el contribuyente es el dueño de la obra, quien soporta su coste. El sustituto es quien solicita la licencia, presenta la declaración responsable o ejecuta los trabajos cuando no es el dueño. Promotor y presentador del trámite no tienen necesariamente la misma posición.
El tercer bloque reúne exenciones y bonificaciones. El artículo 4, sobre exenciones y bonificaciones contempla obras de la Iglesia Católica destinadas al culto. También incluye entidades benéfico-docentes e instituciones asistenciales sin ánimo de lucro. Hay supuestos para obras públicas de titularidad estatal, autonómica o local destinadas directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y saneamiento (art. 4.1). La aplicación depende del supuesto y de su acreditación.
Las bonificaciones se conectan con el tipo de actuación. La ordenanza prevé un 50 % para el mantenimiento o rehabilitación de fachadas, porcentaje que sube al 75 % cuando el edificio está protegido por el planeamiento municipal (art. 4.2.a). La primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes tiene una bonificación del 75 % (art. 4.2.c). Las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas preexistentes cuentan con un 50 % (art. 4.2.i). Para sistemas solares de autoconsumo, el porcentaje es del 95 % en uso residencial y del 30 % en otros usos. La instalación no debe ser obligatoria por una normativa específica (art. 4.2.f). En viviendas de protección oficial de régimen especial, la ordenanza contempla un 95 % (art. 4.2.d).
El cuarto bloque es económico. La regulación de la base imponible, cuota, tipo y devengo toma como base el coste real y efectivo de la obra (art. 5.1), sin la maquinaria de proceso instalada en locales fabriles o industriales. El tipo es del 4 % (art. 5.3) y el devengo se produce al iniciarse la obra, aunque no se haya solicitado la licencia (art. 5.4). Ese momento importa. La fecha no se desplaza por ese motivo.
Para saber si una obra entra en el ICIO, el primer paso es identificar el título de control urbanístico. Es el primer filtro. El artículo 2, sobre el hecho imponible, conecta el impuesto con la licencia, la declaración responsable o la comunicación previa. Después encaja la actuación en sus ejemplos y revisa las obras en la vía pública. La lista incluye obra nueva, demoliciones, reformas, parcelaciones y carteles.
El artículo 3 resuelve una confusión frecuente: el sujeto que soporta el coste de la obra puede no ser quien solicita la licencia o presenta la declaración responsable. La ordenanza llama contribuyente al dueño de la obra y sustituto del contribuyente a quien realiza el trámite o ejecuta materialmente los trabajos cuando no es el dueño. Para localizar la regla, busca primero la identificación del promotor y después quién presenta la documentación ante el Ayuntamiento.
La consulta del artículo 4 debe hacerse antes de aplicar el tipo a la base. No basta con que una obra tenga una finalidad genérica de mejora. La bonificación no se presume. Depende de la categoría concreta: fachada, ascensor, accesibilidad, energía solar, vivienda protegida, edificio protegido o área de rehabilitación, entre otras. El planeamiento municipal interviene en el supuesto de fachadas de edificios protegidos, mientras que la instalación solar queda condicionada a que no sea una exigencia ya impuesta por normativa específica.
El artículo 5 concentra la operación económica. Primero se determina qué parte del coste real y efectivo forma la base. Después se aplica el tipo del 4 %, teniendo en cuenta, cuando corresponda, los beneficios fiscales del artículo 4. La fecha que utiliza la ordenanza para el devengo es el inicio de la construcción, instalación u obra, no la fecha en que termina ni una fecha genérica del proyecto.
El artículo 6, sobre gestión tributaria regula la autoliquidación, la presentación y la comprobación definitiva. El artículo 7 remite la inspección y recaudación a la Ley General Tributaria. El artículo 8, sobre infracciones y sanciones tipifica como defraudación la ejecución sin licencia o declaración responsable y prevé multas del 100 % de la cuota.
El dato que más condiciona una primera estimación es el tipo único del 4 % del artículo 5.3. Ese porcentaje no se aplica directamente a cualquier cifra del presupuesto: la base debe representar el coste real y efectivo de la obra, con la exclusión expresa de la maquinaria de proceso instalada en locales fabriles o industriales (art. 5.1).
El segundo punto es la separación entre exigencia técnica y beneficio fiscal. La ordenanza contempla una bonificación por energía solar, pero excluye las instalaciones cuya implantación sea obligatoria por una normativa específica (art. 4.2.f). En la consulta del CTE, el punto de contraste es el DB-HE. La respuesta del proyecto relaciona ese cruce con la contribución renovable para ACS y la generación eléctrica de los apartados HE 4 y HE 5. El beneficio se estudia sobre la parte que no venga impuesta por ese mínimo normativo, según el supuesto de la ordenanza.
La accesibilidad tiene un tratamiento propio. La primera instalación de un ascensor en un edificio residencial preexistente se bonifica con el 75 %, y la eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas preexistentes con el 50 % (art. 4.2.c e i). Para la solución técnica, el cruce de referencia es el DB-SUA, pero la bonificación se localiza en la ordenanza del ICIO, no en el CTE.
La forma más segura es seguir el orden de la norma y no empezar por el porcentaje. El orden evita recalcular. Primero identifica la actuación y el título urbanístico asociado. Después determina quién es el dueño de la obra y quién presenta el trámite. Revisa las exenciones y bonificaciones. Solo entonces calcula la base y aplica el tipo. El último tramo es la gestión: cuándo se presenta la autoliquidación, qué documentación se aporta al terminar y cómo se comprueba el coste real.
El artículo 1 fija el fundamento y los artículos 2 a 8 desarrollan el impuesto. La Disposición Final Primera aplica supletoriamente la Ordenanza Fiscal General. La Disposición Final Segunda regula la entrada en vigor. No se han localizado anexos ni cuadros de módulos.
Las construcciones, instalaciones y obras para las que se exija licencia de obras o urbanística, o una declaración responsable o comunicación previa bajo control municipal, quedan dentro del hecho imponible conforme al artículo 2.1. La ordenanza menciona expresamente obra nueva, demolición, reformas interiores o exteriores, obras en cementerios, parcelaciones urbanas, carteles y determinadas obras en la vía pública en los artículos 2.2 y 2.3.
El contribuyente es el dueño de la obra, es decir, quien soporta sus gastos o su coste. Quien solicita la licencia, presenta la declaración responsable o ejecuta la obra puede ser el sustituto del contribuyente cuando no sea el dueño. La distinción está en el artículo 3.
El tipo es del 4 % sobre la base imponible definida por la ordenanza. La referencia es el artículo 5.3. La base no equivale automáticamente a todo el presupuesto, porque el artículo 5.1 excluye el coste de la maquinaria de proceso instalada en locales fabriles o industriales.
El devengo se produce cuando comienza la construcción, instalación u obra, aunque la licencia todavía no se haya solicitado, según el artículo 5.4. Para una consulta concreta conviene relacionar este momento con la gestión del artículo 6.
Sí, la ordenanza contempla un 95 % para uso residencial y un 30 % para otros usos en sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo. El artículo 4.2.f condiciona el beneficio a que la instalación no sea obligatoria por una normativa específica.
El mantenimiento o rehabilitación de fachadas tiene un 50 %. Si el edificio está protegido por el planeamiento municipal, el porcentaje es del 75 %, conforme al artículo 4.2.a. La protección debe encajar en el supuesto que contempla la ordenanza.
La primera instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes tiene una bonificación del 75 % sobre el coste de las obras e instalaciones necesarias para el montaje, según el artículo 4.2.c.
Las obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas en viviendas preexistentes tienen una bonificación del 50 %, de acuerdo con el artículo 4.2.i. El CTE DB-SUA sirve para la comprobación técnica que corresponda, pero el porcentaje fiscal se busca en la ordenanza.
El artículo 6 regula la declaración-liquidación conforme al modelo municipal. En obras mayores con proyecto visado, el pago se vincula a la retirada de la licencia; en los demás casos, a la solicitud de licencia o a la presentación de la declaración responsable, según el artículo 6.2.
La ordenanza prevé una comprobación definitiva del coste real. El artículo 6.5 y 6.6 sitúa en un mes el plazo para presentar la documentación real. Entre ella están las facturas, la certificación final de obra y el contrato. Después se ajusta la liquidación a la diferencia entre el presupuesto inicial y el coste final.
Consulta primero el artículo 4.2.f. La pregunta no es solo si hay paneles, sino si el sistema es para autoconsumo y si su implantación resulta obligatoria por una normativa específica. Para la parte técnica, contrasta el supuesto con el DB-HE del CTE. La bonificación se calcula solo después de resolver esa condición.
La ruta comienza en el artículo 4.2.a. Hay que relacionar la obra de mantenimiento o rehabilitación de fachada con la protección reconocida por el planeamiento municipal. Si el supuesto encaja, la ordenanza diferencia el porcentaje general del porcentaje aplicable a un edificio protegido.
En un edificio residencial preexistente, consulta el artículo 4.2.c y separa el coste de las obras e instalaciones necesarias para el montaje. La comprobación de accesibilidad se realiza con la normativa técnica que corresponda; la ventaja fiscal, con el artículo citado de la ordenanza.
Para preparar la primera autoliquidación, consulta los artículos 5.1, 5.3 y 6.3: coste real y efectivo, exclusión de la maquinaria de proceso, tipo del 4 % y presupuesto visado como referencia inicial cuando proceda. Al finalizar, el artículo 6.5 y 6.6 orienta la entrega de facturas, certificación final y contrato para la liquidación definitiva.
La Ordenanza Fiscal del ICIO de Santander regula el impuesto municipal asociado a construcciones, instalaciones y obras sometidas a licencia, declaración responsable o comunicación previa. Para utilizarla, identifica el hecho imponible y los sujetos pasivos. Revisa las exenciones y bonificaciones. Calcula la base sobre el coste real y efectivo, con las exclusiones del artículo 5.1. Aplica el 4 % y sitúa el devengo al inicio de la obra. El artículo 6 también regula la documentación y el ajuste final. Los cruces con el CTE, la normativa de Cantabria y el planeamiento municipal determinan el supuesto técnico o la protección que activa un beneficio fiscal.
Título original: Ley de Cantabria 10/2026, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia de urbanismo por la que se modifica el artículo 61 de la Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.
Se publica íntegramente la Ley de Cantabria 10/2026, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia de urbanismo. La ley modifica el artículo 61 de la Ley 5/2022, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, para precisar los equipamientos en campus universitarios, alojamientos rotacionales y alojamientos colaborativos. La entrada en vigor se fija para el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Título original: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 5 del Área de Reparto 21 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.
Se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas resultantes de la Unidad de Actuación 5 del Área de Reparto 21 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. El documento ordena volúmenes, alineaciones, rasantes y accesos, y se publica junto con la memoria y planos del ámbito. La aprobación se adopta por el Pleno municipal y afecta a la unidad de actuación 5 del AR 21 en Santander.
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