Real decreto que regula legalmente la producción, correcta gestión y adecuado tratamiento ambiental de los residuos generados durante las obras de construcción y demolición.
De aplicación en todo el territorio del Estado.
Real decreto que regula legalmente la producción, correcta gestión y adecuado tratamiento ambiental de los residuos generados durante las obras de construcción y demolición.
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El Real Decreto 105/2008 fija el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). Su consulta sirve para separar las responsabilidades del productor y del poseedor, preparar el estudio de gestión del proyecto, organizar la separación en obra y acreditar la entrega a gestores autorizados. El objeto aparece en el artículo 1 del Real Decreto 105/2008. La primera comprobación es saber si el residuo entra en su ámbito y si concurre alguna exclusión del artículo 3.
Es una norma estatal centrada en el residuo que se genera durante la construcción, la rehabilitación, la reparación, la reforma, la demolición, la excavación y los movimientos de tierras. El artículo 2 aporta la terminología que permite identificar a los sujetos y las operaciones: RCD, poseedor, residuo inerte, tratamiento previo y obra menor, entre otros conceptos.
La norma no se consulta igual para una demolición que para una pequeña reparación domiciliaria. El artículo 3, sobre el ámbito de aplicación, y la disposición adicional primera, sobre obras menores, son los puntos de entrada.
El real decreto se aplica a los RCD generados en obras y también a residuos sujetos a legislación específica cuando aparecen mezclados con RCD, en los aspectos que esa legislación específica no contemple. El artículo 3 excluye, entre otros supuestos, las tierras y piedras no contaminadas que se reutilicen en la misma obra, en otra obra o en actividades de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre que se acredite su destino. También quedan fuera los residuos de industrias extractivas y determinados lodos de dragado no peligrosos.
La exclusión no se presume por llamar "tierra" a un material. La consulta debe comprobar la ausencia de sustancias peligrosas, el destino de reutilización y la acreditación exigida por el propio artículo. Para obras menores de construcción o reparación domiciliaria, la disposición adicional primera remite el régimen a las ordenanzas municipales y atribuye a esos residuos la consideración jurídica indicada en la norma. En el proyecto consultado, esa disposición está disponible en la página de la disposición adicional primera.
El productor debe incluir en el proyecto de ejecución un estudio de gestión con una estimación de las cantidades en toneladas y metros cúbicos, las medidas de prevención, el destino previsto para reutilización, valorización o eliminación, las medidas de separación, los planos y prescripciones de almacenamiento y manejo, y la valoración del coste en capítulo independiente. Es el contenido mínimo que se consulta en el artículo 4, obligaciones del productor.
En proyectos básicos, la respuesta del MCP confirma que deben incluirse al menos la estimación, la prevención, el destino, las medidas de separación y la valoración económica, conforme al artículo 4.2. En demolición, rehabilitación o reforma, el productor debe incorporar además el inventario de residuos peligrosos y prever su retirada selectiva antes de la demolición general, según el artículo 4.1.b. La consulta de este artículo resuelve tanto el contenido del estudio como la diferencia entre una previsión general y un inventario específico.
El poseedor es quien tiene los residuos y no actúa como gestor. La definición recuperada por el MCP incluye a quien ejecuta la obra, como el constructor, los subcontratistas o los autónomos, pero no a los trabajadores por cuenta ajena. Puede consultarse literalmente en la definición de poseedor de RCD.
El artículo 5, obligaciones del poseedor, exige que quien ejecuta la obra presente a la propiedad un plan de gestión que concrete cómo aplicará el estudio del proyecto. El plan debe ser aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad antes de incorporarse a los documentos contractuales. El poseedor también debe mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad, evitar mezclas que dificulten su valorización y entregarlos a un gestor autorizado.
El artículo 5.5 vincula la separación en origen a las cantidades previstas para el total de la obra. Los umbrales confirmados son: más de 80 toneladas de hormigón; más de 40 toneladas de ladrillos, tejas y cerámicos; más de 2 toneladas de metal; más de 1 tonelada de madera; más de 1 tonelada de vidrio; más de 0,5 toneladas de plástico; y más de 0,5 toneladas de papel y cartón.
La obligación se determina por fracción y por el total previsto. La separación debe hacerse preferentemente en la propia obra. Si no existe espacio físico, el poseedor puede encomendarla a un gestor externo, con acreditación documental.
La norma distingue productor, poseedor y gestor. El artículo 6 establece el régimen de control de la producción, posesión y gestión, incluida la posibilidad de que la legislación autonómica exija una fianza o garantía financiera vinculada a la licencia municipal. El cálculo de esa garantía se basa en el presupuesto del estudio, según los apartados citados en la respuesta MCP. El artículo 6 es el punto de consulta cuando la duda no es el contenido técnico del estudio, sino su control administrativo.
Las obligaciones generales del gestor, las actividades de valorización y la valorización en la obra se desarrollan, respectivamente, en los artículos 7, 8 y 9. Si la consulta se refiere a una planta móvil situada en un centro fijo, la referencia específica es el artículo 10.
El real decreto separa la eliminación mediante depósito en vertedero, la recogida, el transporte y el almacenamiento. Son materias distintas, tratadas en el artículo 11 y el artículo 12. Para una consulta sobre el uso de residuos inertes en restauración, acondicionamiento o relleno, debe revisarse el artículo 13.
El artículo 14 trata la planificación sobre RCD. Este bloque importa cuando el técnico necesita situar el estudio o la gestión de una obra dentro de una planificación más amplia, no solo decidir dónde colocar un contenedor. La referencia está en el artículo 14.
Esta secuencia evita empezar por la fianza o por el contenedor sin haber fijado antes el alcance y las responsabilidades.
El poseedor debe entregar al productor los certificados de gestión y documentos de entrega firmados por gestores autorizados, con las cantidades y los códigos de la Lista Europea de Residuos, según la respuesta MCP sobre la secuencia de aplicación. El productor debe conservar esa documentación durante los 5 años siguientes, conforme al artículo 4.1.c. La consulta no se cierra con el presupuesto del estudio: también debe poder reconstruirse qué salió de la obra, en qué cantidad y mediante qué gestor.
El documento se puede recorrer en tres capas. Primero, los artículos 1 a 3 fijan objeto, definiciones y ámbito. Después, los artículos 4 a 6 organizan el proyecto, la ejecución y el control. Los artículos 7 a 13 permiten seguir la actividad del gestor, la valorización, la eliminación, el transporte y determinados usos de residuos inertes. El artículo 14 conecta la gestión con la planificación.
Para una memoria de proyecto, empieza por el artículo 4 y contrasta el resultado con el artículo 5. Para una demolición, añade la previsión de residuos peligrosos del artículo 4.1.b. Para una duda de licencia o garantía, pasa al artículo 6 y revisa el desarrollo territorial aplicable. Para una entrega o transporte, consulta los artículos 7, 11 y 12 según el agente y la operación de que se trate.
El real decreto se cruza con varias capas normativas. El CTE Parte I, Anejo I, incorpora el estudio de gestión de residuos como anejo del proyecto, según la respuesta MCP. La referencia al Anejo I del CTE Parte I ayuda a localizar esa relación documental. La exigencia básica HS 2 del CTE trata la recogida y evacuación de residuos del edificio en uso, en el apartado 13.2, que no debe confundirse con la gestión de RCD de la fase de obra.
En Andalucía, el Reglamento de Residuos aprobado por el Decreto 73/2012 desarrolla aspectos de los RCD y remite a varios artículos del RD 105/2008. La consulta debe relacionar ambos textos, especialmente cuando intervienen gestores, plantas móviles, poseedores o fianzas. El corpus ofrece la página del Reglamento de Residuos de Andalucía para acceder a los artículos citados en la respuesta MCP. En Sevilla, la Ordenanza Municipal de Limpieza del Espacio Público y Gestión de Residuos Municipales vincula la licencia de obra con el estudio de estimación y una fianza en su artículo 87, disponible en la ordenanza municipal de Sevilla.
La estimación de cantidades, las medidas de prevención, el destino previsto, las medidas de separación, los planos y prescripciones de almacenamiento y manejo y la valoración económica en capítulo independiente. La referencia es el artículo 4.1.a.
El poseedor, normalmente quien ejecuta la obra, presenta el plan a la propiedad. La dirección facultativa debe aprobarlo y la propiedad aceptarlo antes de incorporarlo a la documentación contractual, según el artículo 5.1.
Cuando las cantidades previstas para el total de la obra superan los umbrales del artículo 5.5. Los límites confirmados son 80 t para hormigón, 40 t para ladrillos, tejas y cerámicos, 2 t para metal, 1 t para madera, 1 t para vidrio, 0,5 t para plástico y 0,5 t para papel y cartón.
La disposición adicional primera excluye las obligaciones generales del real decreto para obras menores de construcción o reparación domiciliaria y remite su régimen a las ordenanzas municipales. La definición de obra menor se consulta en el artículo 2.h, en la entrada correspondiente del corpus.
El productor debe realizar un inventario de residuos peligrosos y prever su retirada selectiva antes de la demolición general, conforme al artículo 4.1.b. La norma no permite resolver esta consulta únicamente con la estimación global de RCD.
Solo aparece confirmada la exclusión para tierras y piedras no contaminadas que se reutilicen en los destinos indicados y cuyo destino se acredite fehacientemente, según el artículo 3. La denominación del material, por sí sola, no responde a la consulta.
El artículo 6.2 permite que la legislación autonómica exija una fianza o garantía financiera vinculada a la licencia municipal. El cálculo se basa en el presupuesto del estudio, conforme al artículo 6.3. En Sevilla, la ordenanza municipal citada en la respuesta MCP contiene una previsión específica en su artículo 87.
Los certificados de gestión y documentos de entrega firmados por gestores autorizados, con cantidades y códigos LER, según la secuencia de aplicación aportada por el MCP. El productor debe conservar esa documentación durante 5 años, conforme al artículo 4.1.c.
Es un residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que no presenta las características de solubilidad, combustibilidad, biodegradabilidad o contaminación descritas en el artículo 2.f.
Consulta primero el artículo 4. Ordena la estimación por toneladas y metros cúbicos, asigna los códigos LER, describe la prevención y el destino, prevé la separación y las instalaciones, y separa el coste en el presupuesto. Después contrasta el plan que elaborará el poseedor con el artículo 5.
La ruta empieza en el artículo 4.1.b: inventario de residuos peligrosos y retirada selectiva antes de la demolición general. Luego conviene consultar las obligaciones del poseedor y la acreditación de las entregas. La norma aporta el contenido que debe buscarse; la solución concreta depende de los residuos identificados en la intervención.
Relaciona el artículo 6 del RD 105/2008 con el artículo 87 de la ordenanza municipal de Sevilla. El primero explica la posible garantía financiera vinculada a la licencia; el segundo contiene la previsión local identificada en la respuesta MCP sobre estudio de estimación y fianza.
Consulta el artículo 5 para la entrega de residuos y el artículo 4.1.c para conservar los justificantes.
El RD 105/2008 se consulta como una secuencia de responsabilidades y documentos. Primero determina si los residuos están dentro del ámbito y si existe una exclusión; después separa productor y poseedor; a continuación prepara el estudio de gestión y el plan de obra; durante la ejecución aplica la separación por fracciones cuando se superan los umbrales; y al cierre conserva los justificantes de entrega. El artículo 4 concentra el contenido del estudio, el artículo 5 organiza la ejecución, el artículo 6 aborda el control y la garantía, y los artículos 7 a 14 cubren las operaciones de gestión y planificación. Para una obra concreta, el resultado debe cruzarse con el CTE, la normativa autonómica y la ordenanza municipal que correspondan.
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