CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este reglamento tiene por objeto desarrollar las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, su exigencia y aplicación, con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, de todas las personas y, en especial, de las personas con dificultades cognitivas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. 1. Este reglamento surtirá efectos en todo el territorio español en los ámbitos a los que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
2. 2. Las condiciones de utilización previstas en este reglamento se entienden sin perjuicio de lo establecido en el resto del ordenamiento jurídico respecto de cada ámbito o materia.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de este reglamento se entiende por:

Artículo 4. Principios.

1. 1. A los efectos de este reglamento, son de aplicación los principios recogidos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
2. 2. Además, en la aplicación de esta norma, se atenderá a los siguientes principios:
   1. a) Principios de uso derivados del diseño universal:
      1. 1.º Uso equitativo: útil para personas con diferentes capacidades proporcionando medios de uso idénticos o equivalentes para todas las personas, garantizando que es atractivo para todas las personas y sin comprometer la no discriminación, la autonomía y la seguridad, así como sin estigmatizar.
      2. 2.º Uso flexible: capacidad de adaptación del uso a diferentes preferencias y capacidades ofreciendo distintas opciones, facilitando la fácil comprensión, la comunicación y la interacción de la persona y adaptando el acceso.
      3. 3.º Uso intuitivo y sencillo: con independencia de conocimientos, edad, experiencias previas, habilidades lingüísticas o niveles de concentración, el diseño será fácil de entender organizando la información según su relevancia, dando avisos y comentarios, estableciendo guías y pautas de uso o ayuda y permitiendo que la persona lo use de manera autónoma.
      4. 4.º Información perceptible: el diseño facilita el acceso sensorial, presentando la información en diferentes formatos, optimizando el contraste, la legibilidad, la diferenciación entre lo fundamental y lo secundario y de manera compatible con productos de apoyo.
      5. 5.º Tolerancia al error: deben reducirse las consecuencias de los errores en el uso cuando no sean intencionados proporcionando advertencias, reclamando la atención de la persona cuando haya un peligro o riesgo y haciendo accesible lo más usado y menos accesible lo más inseguro.
      6. 6.º Reducción del esfuerzo: se emplea con un mínimo de fatiga psíquica y física permitiendo un uso natural y ergonómico.
      7. 7.º Control de los estímulos sensoriales: permite la personalización de la incidencia de los estímulos sensoriales, como la luz, el sonido o el movimiento o informa sobre las condiciones ambientales para que las personas usuarias puedan usar sus propios recursos de apoyo.
      8. 8.º Tamaño y espacio para el acceso y uso: se proporcionan el tamaño y el espacio adecuados para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso, independientemente del tamaño del cuerpo del usuario, la postura o la movilidad del usuario.
   2. b) Orientación: en el ámbito de la accesibilidad cognitiva, la orientación se entiende como una guía que facilita el establecimiento de pautas de actuación y la posibilidad de rastrear lo que se ha hecho para ser capaz de repetirlo o de identificar posibles errores. La accesibilidad cognitiva permite la orientación, de forma eficaz, eficiente y segura, en el espacio o en el uso de los productos y servicios, garantizando la autonomía de las personas y no haciéndole dependiente de otras personas.
   3. c) Seguridad: principio fundamental sobre el que se asienta la accesibilidad cognitiva y uno de sus pilares operativos básicos. Se articula como un mecanismo de doble acción que garantiza, por un lado, la seguridad física y, por otro, la seguridad en cuanto a las acciones y los pasos que se dan. En el contexto de la accesibilidad cognitiva, la seguridad física implica que cualquier persona pueda comprender las medidas de seguridad que existen en los lugares o en el uso de bienes y servicios. En cuanto a las acciones, la seguridad es un proceso que, garantizando la comprensión, permite a las personas ser conscientes de sus decisiones y de las acciones que realizan, favoreciendo el control sobre los pasos que se siguen y evitando entornos hostiles.
   4. d) Diversidad de necesidades: las medidas implementadas deben abarcar todas las necesidades de accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades cognitivas.
   5. e) Autonomía: las medidas de accesibilidad cognitiva implementadas facilitarán que las personas destinatarias puedan controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades de la vida diaria.
   6. f) Adaptación: las medidas implementadas deben incluir la posibilidad de adaptación y ajustes en la comunicación, comprensión e interacción de las personas con entornos, productos, bienes y servicios, así como en procesos y procedimientos, promoviendo una accesibilidad cognitiva que asegure el pleno disfrute de derechos.
   7. g) Validación: las medidas aquí contenidas estarán sometidas, cuando sea posible, a procesos de participación, verificación y seguimiento de su implementación y funcionamiento por parte de equipos especializados en los que participen personas con dificultades cognitivas.

Artículo 5. Requisitos generales sobre información y comunicación.

1. 1. La información cognitivamente accesible debe reunir los siguientes requisitos:
   1. a) Tener un contenido de fácil comprensión, facilitada en formato visual escrito, formato visual pictográfico, formato sonoro, mediante apoyos visuales, táctiles o a través de tecnologías de la información y la comunicación. En el marco de la información relativa a la seguridad y protección de la integridad física y la salud de las personas, así como en la prevención, aviso y seguimiento de las situaciones consideradas de emergencia, esta información deberá ser fácil y rápidamente perceptible e identificable por todas las personas con independencia de sus capacidades cognitivas.
   2. b) Proporcionarse sin coste adicional, incluso en aquellos casos en los que se apoye en herramientas tecnológicas, aplicaciones o asistentes virtuales.

      En ningún caso la solicitud de adaptación podrá causar una dilación indebida en el suministro de la información, especialmente cuando se trate de supuestos en los que la persona está solicitando el ejercicio de algún derecho, actividades o prestaciones urgentes, reclamaciones y quejas o situaciones de peligro o emergencia.

2. 2. En los casos en que, de acuerdo con este reglamento, la lectura fácil o el lenguaje claro no constituyan una obligación, la información deberá facilitarse, al menos, en lenguaje sencillo.

CAPÍTULO II. Normas específicas aplicables

Artículo 6. Telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. 1. Las Administraciones Públicas y los proveedores privados que enmarquen su actividad en el ámbito de las telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, incluyendo las actividades publicitarias, deberán implementar medidas suficientes para la garantía y disfrute plenos de la accesibilidad cognitiva.

   En el caso de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, las medidas de accesibilidad se regirán por lo establecido en el capítulo II del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, así como en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

2. 2. Las medidas de accesibilidad cognitiva consistirán en la aplicación de los principios establecidos en el artículo 4 y de los requisitos del artículo 5 a los siguientes contenidos:
   1. a) Los contenidos textuales y no textuales.
   2. b) Los documentos y formularios.
   3. c) Los contenidos multimedia.
   4. d) Los sistemas y mecanismos de interacción y, especialmente, las formas de prestación del consentimiento, procesos de identificación, autentificación, firma y pago y todo tipo de formularios o herramientas digitales vinculadas a la contratación, a la aceptación de condiciones o a la asimilación de condiciones.
3. 3. Cuando los servicios se realicen a través de un sitio web o de una aplicación móvil estos deberán cumplir los requisitos y estándares técnicos establecidos en la normativa sectorial aplicable.
4. 4. Los medios y canales de atención al público contemplarán la diversidad de modos, medios y formatos de comunicación accesibles y, en particular, la comunicación aumentativa y alternativa.
5. 5. Se promoverá la utilización de otros elementos de accesibilidad cognitiva para aspectos habituales tales como perfil, ayuda, datos económicos, facturas, pasarela de pagos, formas de contacto o reclamaciones, entre otros.

Artículo 7. Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

1. 1. En lo relativo a los espacios públicos urbanizados resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, dentro de su ámbito de aplicación. En lo relativo a edificios resultará de aplicación lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, dentro de su ámbito de aplicación.
2. 2. Las Administraciones Públicas competentes podrán regular la inclusión de medidas de accesibilidad cognitiva en sus políticas de planificación urbanística. Para ello, además de los principios y requisitos establecidos en los artículos 4 y 5.1, respectivamente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
   1. a) Deambulación: se refiere a la accesibilidad física y a la necesidad de comprender cuál es el camino o elementos de la instalación adaptados a la persona.
   2. b) Aprehensión: hace referencia a la posibilidad de aprehender, agarrar y alcanzar los elementos manuales, visuales y auditivos que permiten el uso de la instalación.
   3. c) Localización: posibilidad de las personas de poder determinar dónde se encuentran, y de conocer cómo llegar al punto al que quieren dirigirse.
   4. d) Comunicación: hace referencia a todos los procesos de emisión, intercambio y recepción de información con independencia del canal por el que se realice. Abarca todo lo referente a señalización en materia de seguridad, atención al público y uso de las instalaciones.
   5. e) Igualdad de género: en el empleo de pictogramas y señalizaciones las imágenes, signos y símbolos empleados deben realizar un tratamiento igualitario del género.
   6. f) Colocación y diseño: la configuración y ubicación de los elementos de accesibilidad cognitiva deberán asegurar su eficacia, incorporando para ello, cuando sea posible, indicaciones estandarizadas.
   7. g) Simbología: la simbología empleada deberá estar inspirada en conceptos gráficos básicos de fácil interpretación y de rápida orientación y ubicación en un espacio determinado. Se emplearán símbolos reconocidos internacionalmente y, en el caso de no existir, aquellos que cumplan con los estándares reconocidos.
   8. h) Recursos táctiles: se señalizará mediante recursos táctiles de manera destacada en zonas de especial consideración y uso por personas necesitadas de dichos recursos.
   9. i) Control de los estímulos sensoriales: se promoverán diseños que permitan la personalización de la incidencia de los estímulos sensoriales, como la luz, el sonido o el movimiento o anticipar información sobre las condiciones ambientales para que las personas usuarias puedan usar sus propios recursos de apoyo. Se evitarán, en la medida de lo posible, dichos estímulos cuando se trate de realizar las actividades de la vida diaria que configuran el desarrollo y bienestar de cualquier persona.
   10. j) Acompañamiento: se garantizará el acceso de los asistentes personales y otras personas de apoyo a aquellas personas con discapacidad que las requieran para hacer uso de los servicios prestados en dichos espacios.
3. 3. En el marco de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, las condiciones de accesibilidad contenidas en este artículo se aplicarán en los espacios públicos urbanizados de nueva construcción. En aquellos ya existentes resultarán exigibles en caso de renovación.

   Por su parte, en el ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación, las condiciones de accesibilidad cognitiva serán exigibles en los edificios de nueva construcción, las grandes intervenciones sobre edificios existentes y en el resto de las intervenciones sobre edificios existentes únicamente en aquellos elementos que resultan afectados por la intervención.

Artículo 8. Transportes.

1. 1. Se atenderá a la regulación establecida en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En lo que respecta a las señales y avisos en el acceso y utilización de los modos de transportes, se aplicarán progresivamente, y, en cualquier caso, en un plazo máximo de quince años, los principios regulados en el artículo 4 y los requisitos contenidos en el artículo 5. En la adaptación de las infraestructuras de transportes se priorizarán aquellas con mayor tránsito.
2. 2. Asimismo, se establecen las siguientes obligaciones:
   1. a) Las estaciones, paradas, recorridos y los vehículos, así como las indicaciones sobre entradas, llegadas, salidas y trayectos deben ser de uso fácil, intuitivo y fáciles de entender.
   2. b) Se implementarán las medidas necesarias para facilitar la orientación espacial de acuerdo con los siguientes criterios:
      1. 1.º Atención a la accesibilidad cognitiva, haciendo uso de la señalización, en formatos escrito, en audio o táctil en los medios de transporte.
      2. 2.º Atención a las necesidades sensoriales en relación con la iluminación, la acústica y la ventilación adecuada.
   3. c) Las oficinas y servicios de información ubicados en las infraestructuras de transporte pondrán a disposición de las personas usuarias que lo precisen sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.
   4. d) Las Administraciones Públicas promoverán que los operadores de transporte ofrezcan beneficios o condiciones más favorables, entre las que puede estar la gratuidad del billete en el transporte del que hagan uso las personas acompañantes o de apoyo, en el ejercicio de estas funciones. El acceso a dichos beneficios o condiciones requerirá que la persona con discapacidad que precise el apoyo acredite un porcentaje de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento y la necesidad de asistencia de tercera persona mediante el certificado al que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
3. 3. En el ámbito del trasporte aéreo, las obligaciones contenidas en este artículo se aplicarán únicamente a los aspectos no regulados en la normativa específica de la Unión Europea, y en lo que fuera compatible con esta.

Artículo 9. Bienes y servicios a disposición del público.

1. 1. Lo dispuesto en este artículo se establece sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, y en las normas que regulan el etiquetado accesible de productos de consumo.

   Los proveedores y prestadores de los bienes y servicios regulados en el capítulo III del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, aplicarán los principios contenidos en el artículo 4, así como los requisitos del artículo 5. Además, para los citados bienes y servicios se establecen las siguientes obligaciones:

   1. a) Se difundirá la información de todos los servicios ofrecidos, en formatos y soportes cognitivamente accesibles, tanto los de carácter general, como de aquellos dirigidos de manera específica a las personas con dificultades cognitivas.
   2. b) Se habilitarán formas de comunicación aumentativas y alternativas y medios de apoyo a la comunicación cognitivamente accesibles para que ninguna persona quede excluida o vea dificultado su acceso regular a estos servicios.
   3. c) Se dispondrá de los elementos mecánicos, electrónicos, productos de apoyo y tecnologías de asistencia, así como, en su caso, de personal con preparación suficiente y adecuada que resulten necesarios para que las personas con dificultades cognitivas puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía a los bienes y servicios y recibir una atención apropiada. Se tendrá en cuenta que el apoyo ofrecido deberá adaptarse si las dificultades cognitivas cursan con otro tipo de dificultades físicas o sensoriales.
2. 2. Para garantizar la accesibilidad cognitiva en el uso de los bienes y servicios, se establecen las siguientes obligaciones:
   1. a) Transparencia y claridad en la información comercial: los proveedores de bienes y servicios facilitarán a la persona consumidora la información básica con un lenguaje sencillo y, cuando sea posible, con otros apoyos visuales.
   2. b) Garantía de disponer de una hoja de reclamaciones en formato de lectura fácil.
3. 3. Las cuestiones relativas a la contratación, el consentimiento y las instrucciones de uso y consumo se trasladarán en lenguaje sencillo.
4. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, en relación con los bienes y servicios de carácter sanitario y de promoción y protección de la salud, incluidos los vinculados a la salud sexual y reproductiva, entendiéndose como tales aquellos que se pongan a disposición del público en las instalaciones, dependencias y demás espacios físicos dedicados a servicios de carácter sanitario y de promoción y protección de la salud de los centros o establecimientos sanitarios recogidos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los centros veterinarios, se establecen las siguientes obligaciones, que, en todo caso, atenderán a los principios y requisitos regulados en los artículos 4 y 5, respectivamente:
   1. a) Las personas que acudan a los centros en los que se presten estos bienes y servicios podrán solicitar que la información se les proporcione en formato accesible o adaptado, siendo estas personas quienes elegirán qué tipo de adaptación requieren. Esta obligación se refiere tanto a los posibles tratamientos e intervenciones médicas como a las medicaciones.
   2. b) Los centros sanitarios y los centros veterinarios posibilitarán el empleo de sistemas aumentativos y alternativos y otros medios de apoyo a la comunicación cognitivamente accesibles para garantizar que las personas puedan hacer un uso pleno y adecuado a sus necesidades de las instalaciones, bienes y servicios.
   3. c) En los servicios de urgencias sanitarias y veterinarias se facilitará que la persona pueda interactuar con su medio habitual de comunicación aumentativa y alternativa, además de disponer de medios de apoyo a la comunicación cognitivamente accesibles para que la persona pueda comunicarse e identificar su problema o necesidad.
   4. d) En el acceso a estos centros siempre se permitirá que la persona con dificultades cognitivas, si es su voluntad, pueda acceder acompañada por una persona de su confianza a todo tipo de consulta, valoración, exploración o tratamiento.
   5. e) Cuando las personas profesionales de estos servicios aprecien riesgo de violencia de género, agresión sexual o cualquier tipo de amenaza o peligrosidad con respecto a la persona acompañante, el centro tomará las acciones oportunas, garantizando la prestación del servicio por otros medios y sin perjuicio de la aplicación de los protocolos de acción correspondientes.
5. 5. Los informes anuales que publiquen las asociaciones de personas consumidoras y usuarias incluirán una valoración del cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad cognitiva de los bienes y servicios, que será objeto de publicación.

Artículo 10. Relaciones con las Administraciones Públicas.

1. 1. Las Administraciones Públicas aplicarán lo dispuesto en este artículo, así como lo establecido en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, de acuerdo con los principios regulados en el artículo 4 así como los requisitos a los que se alude en el artículo 5.
2. 2. Para garantizar la accesibilidad cognitiva en las relaciones entre las Administraciones Públicas y la ciudadanía y con independencia del canal a través del cual se produzcan, se establecen las siguientes obligaciones:
   1. a) Claridad y sencillez de la documentación. Esto supondrá la disponibilidad en lectura fácil tanto de formularios o solicitudes, como de las guías de cumplimentación de procedimientos.
   2. b) Empleo de apoyos auditivos y/o visuales a la comprensión, la comunicación y la interacción en diferentes ámbitos:
      1. 1.º Las guías de uso de las páginas web y aplicaciones del sector público.
      2. 2.º Las instrucciones para el seguimiento de procedimientos.
      3. 3.º La cumplimentación de formularios e identificación de la administración a la que debe dirigir la solicitud.
   3. c) Uso de opciones de comunicación cognitivamente accesibles. En el entorno digital se podrá implementar con chat en directo o inteligencia artificial que guíe en el proceso de manera escrita, por voz y mediante apoyos visuales.
   4. d) Formación y capacitación en accesibilidad cognitiva del personal de las Administraciones Públicas para una atención presencial en los trámites que asegure la comprensión, la comunicación y la interacción de las personas con dificultades cognitivas.
   5. e) Diseño cognitivamente accesible de los trámites de las Administraciones Públicas que se hayan de efectuar de forma electrónica, para que cualquier persona pueda realizarlos, y deberán respetar las pautas de accesibilidad establecidas en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
3. 3. Las Administraciones Públicas promoverán acciones complementarias en materia de accesibilidad cognitiva, que podrán consistir en:
   1. a) La unificación de la interfaz de las sedes electrónicas administrativas, sin perjuicio de que mantengan sus señas de identidad, cuando sea preciso.
   2. b) La elaboración de guías de procedimientos administrativos cognitivamente accesibles que permitan identificar rápidamente los trámites disponibles en todas las administraciones.

      Estas guías deberán incluir un sistema de búsqueda accesible que facilite encontrar la información de manera clara y comprensible.

   3. c) La traducción a formatos accesibles de documentos y normas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
4. 4. En cualquier momento las personas que acrediten un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y una discapacidad intelectual mediante el certificado al que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, o, en su caso, la persona que la represente, podrá solicitar que el procedimiento, en las fases que resten desde ese momento, se desarrolle con las medidas de accesibilidad cognitiva necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Con esta finalidad, se asegurará, al menos, lo siguiente:
   1. a) Todas las comunicaciones orales o escritas con personas con dificultades cognitivas se harán en un lenguaje sencillo y cognitivamente accesible, de modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, pudiendo hacer uso de medios como la lectura fácil o el lenguaje claro y posibilitando el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, la asistencia profesional y otros medios de apoyo a la comunicación cognitivamente accesibles.
   2. b) La persona con dificultades cognitivas podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y el funcionariado.
5. 5. La información relativa a las convocatorias de empleo público, tanto de acceso libre como de promoción interna y, en especial, aquellas que incluyan plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual, se comunicará a través de una versión en lectura fácil. Cuando así se solicite, los temarios, siempre y cuando la administración convocante los ponga a disposición de las personas opositoras, las pruebas, prácticas y exámenes tendrán también una versión cognitivamente accesible.

Artículo 11. Administración de Justicia.

1. 1. En lo relativo a la Administración de Justicia se garantizará la accesibilidad universal y la prestación de los apoyos previstos en el párrafo tercero del artículo 27.1 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, y en el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.
2. 2. La accesibilidad cognitiva en la Administración de Justicia deberá permitir o facilitar el ejercicio efectivo, en condiciones de igualdad, del derecho a la justicia y a un proceso justo con todas las garantías procesales.
3. 3. Todas las resoluciones y comunicaciones judiciales, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, deberán redactarse y presentarse en un formato comprensible, atendiendo a los principios y requisitos regulados en este reglamento.
4. 4. La persona con dificultades cognitivas podrá estar asistida por personal profesional experto que, a modo de facilitador procesal, realice las tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona pueda entender y ser entendida. Sin perjuicio de la asistencia de la persona facilitadora procesal, la persona con dificultades cognitivas podrá estar acompañada por una persona de elección, en los términos establecidos por la legislación procesal.
5. 5. Las Oficinas Judiciales de los Tribunales de Instancia y los colegios profesionales de abogados y procuradores deberán contar con personal capacitado para prestar asistencia, apoyo y atención a las personas con dificultades cognitivas que lo soliciten, ya sea para formular solicitudes de asistencia jurídica gratuita, interposición de denuncias o presentación de escritos iniciadores o de trámite en los que no es necesaria asistencia letrada.

Artículo 12. Participación en la vida pública y procesos electorales.

1. 1. En materia de procesos electorales, se estará a lo previsto en el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo.
2. 2. En los procedimientos de elaboración de normas, los documentos relativos a la consulta pública previa y a los trámites de audiencia e información pública deberán incluir una versión en lenguaje sencillo y en formato alternativo al escrito, como audio, apoyos visuales y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Se promoverá, siempre que sea posible, la publicación de dichos documentos en lectura fácil.

Artículo 13. Patrimonio cultural y patrimonio histórico.

1. 1. Lo dispuesto en este artículo resultará de aplicación sin perjuicio de lo establecido en los artículos 23.4 y 23.5 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, sobre los bienes constitutivos del Patrimonio Histórico Español.
2. 2. Los folletos y paneles informativos de museos, bibliotecas, archivos, auditorios, teatros, sala de proyecciones de Filmoteca Española, salas de exhibición y en general todos los centros y servicios culturales a disposición del público cuya titularidad y gestión corresponda a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas, así como a sus organismos públicos vinculados o adscritos, estarán disponibles en formatos de lectura fácil. Se procurará que toda la información esté disponible en lenguaje sencillo. Asimismo, estarán disponibles en un formato alternativo al escrito como audio de la adaptación a lectura fácil, a través de otros apoyos visuales o mediante tecnologías de la información y la comunicación.
3. 3. En estos espacios toda la señalización relacionada con la seguridad, el seguimiento y orden de las visitas para la comprensión y orientación en el enclave será accesible, aplicando los principios y requisitos recogidos en los artículos 4 y 5 y utilizando formatos sencillos, claros y comprensibles. Para ello, se emplearán pictogramas, símbolos o cualquier elemento gráfico que permitan diferenciar partes de la exposición, visita o recorrido. Se procurará ofrecer información de forma anticipada sobre las condiciones ambientales y la posibilidad de personalización y control de los estímulos sensoriales.
4. 4. El informe bienal al que se refiere el artículo 3.d) del Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura Inclusiva, incluirá un apartado específico sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad cognitiva contenidos en este real decreto.

Artículo 14. Empleo.

1. 1. Las obligaciones contenidas en este artículo serán de aplicación cuando las personas trabajadoras acrediten un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y una discapacidad intelectual mediante el certificado al que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
2. 2. La formación que promuevan las empresas para sus trabajadores, siempre que así se solicite, se realizará respetando las recomendaciones de accesibilidad cognitiva, proporcionando la documentación en lectura fácil y formatos alternativos al escrito, como audio del formato en lectura fácil, apoyos visuales o mediante tecnologías de la información y la comunicación. La documentación empleada durante la formación en prevención de riesgos laborales, así como la que se utilice en la formación sobre las pautas de actuación y protocolos para casos de emergencia se elaborará en lenguaje claro y deberá tener una versión en lectura fácil, que incorporará, cuando sea posible, apoyos visuales.

   Las Administraciones Públicas impulsarán la incorporación de los principios que rigen las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en el ámbito de la formación de sus empleados públicos.

3. 3. En la contratación de personal, las empresas deberán garantizar que las ofertas, condiciones y requisitos se publiquen de manera accesible y, en todo caso, en lenguaje sencillo. Asimismo, reuniéndose las especificaciones de titulación y experiencia requeridas para el puesto, con objeto de que estos sean cognitivamente accesibles, cualquier persona candidata podrá solicitar, sin coste alguno, una adaptación en la realización de la entrevista de trabajo sin que ello pueda ser causa de exclusión del proceso de selección.

   Las Administraciones Públicas aplicarán los principios que rigen las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en el acceso al empleo público de conformidad con su normativa específica.

4. 4. Los sistemas de fichaje y de autentificación en la sede electrónica empresarial deberán seguir los siguientes parámetros de accesibilidad:
   1. a) Permitir un acceso que no requiera recuerdo de contraseña, así como la posibilidad de que la persona elija la alternativa de acceso más ajustada a sus capacidades cognitivas.
   2. b) Establecer sistemas de doble verificación para el envío de informaciones.
   3. c) Garantizar la posibilidad de asistencia remota e indicación y seguimiento de los pasos realizados en la plataforma.
5. 5. Se facilitará que las personas trabajadoras hagan uso de su medio habitual de comunicación aumentativa y alternativa. Asimismo, podrán solicitar adaptación de documentos necesarios para las tareas encomendadas y de las reuniones en las que participe. La empresa estará obligada a realizar dicha adaptación siempre y cuando no suponga una carga desproporcionada, en cuyo caso deberá comunicarse por escrito y de forma cognitivamente accesible. Cualquier cambio de tarea o comunicación de información relevante para el cumplimiento de los objetivos deberá comunicarse, al menos, de manera escrita, trasladándose también oralmente si así lo requiere la persona interesada.
6. 6. Las empresas tendrán la obligación de realizar y proporcionar sistemas de apoyo y ajustes razonables en relación, entre otros, con los horarios de trabajo, los tiempos asignados y la carga de trabajo y la posibilidad de emplear tecnologías de apoyo a solicitud y con la participación de la persona trabajadora en cuestión. Estos sistemas de apoyo se revisarán periódicamente.

   Las Administraciones Públicas realizarán, de conformidad con su normativa específica, las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para garantizar el desempeño adecuado de las funciones encomendadas a su personal.

7. 7. Los sindicatos podrán elaborar manuales de buenas prácticas que serán objeto de publicación para garantizar la transferencia del conocimiento y la mejor difusión de medidas de accesibilidad cognitiva en el ámbito de las relaciones laborales. En la medida de lo posible, estos manuales estarán redactados usando el lenguaje sencillo.
8. 8. Las entidades privadas y las administraciones públicas contratantes promoverán el impulso de guías y manuales en lectura fácil, así como la designación de una persona para brindar apoyo a la persona trabajadora durante su periodo de incorporación y adaptación al puesto de trabajo, pudiendo contar para ello con la colaboración de organizaciones sociales.

CAPÍTULO III. Promoción de la accesibilidad cognitiva

Artículo 15. Entorno rural.

Los poderes públicos prestarán especial atención a las personas con dificultades cognitivas en el medio rural, y, particularmente, en los ámbitos del transporte, de las telecomunicaciones y la sociedad de la información y del acceso a los bienes y servicios a disposición del público, asegurando la dotación presupuestaria suficiente en el ámbito de sus competencias para la implementación, en dicho entorno, de las medidas contenidas en el presente real decreto.

Artículo 16. Mujeres y niñas.

Los poderes públicos prestarán una atención reforzada a las mujeres y niñas con dificultades cognitivas, especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad de la información y en el acceso a los recursos de prevención, atención y protección frente a la violencia y otras formas de discriminación, para mitigar el impacto interseccional por razón de género, asegurando la dotación presupuestaria suficiente en el ámbito de sus competencias para la implementación de las medidas contenidas en el presente real decreto dirigidas a las mujeres y a las niñas.

Artículo 17. Ayudas públicas.

Las Administraciones Públicas podrán establecer, en el ámbito de sus competencias y en función de sus disponibilidades presupuestarias, regímenes de ayudas que podrán consistir en subvenciones, incentivos o cualquier otra modalidad de apoyo conducentes a facilitar el cumplimiento de los deberes de accesibilidad cognitiva a las personas físicas o jurídicas obligadas por este reglamento.

Artículo 18. Actividades de información, campañas de toma de conciencia y acciones formativas.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán actividades de información, campañas de sensibilización y acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para promover la accesibilidad cognitiva y para concienciar sobre el amplio número de personas beneficiadas de su implementación. Para la realización de estas actividades las Administraciones Públicas podrán contar con el asesoramiento del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y del resto de centros asesores del Real Patronato sobre Discapacidad, O.A.

Artículo 19. Promoción de códigos de conducta y buenas prácticas.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán la adopción de códigos de conducta y buenas prácticas, de aplicación voluntaria y carácter genérico o sectorial, que tengan por objeto facilitar la implementación de las condiciones de accesibilidad cognitiva en las materias reguladas en este real decreto.

Estos códigos de conducta y buenas prácticas se elaborarán mediante el acuerdo entre las organizaciones sindicales más representativas, cuando sea pertinente, las organizaciones representativas de las entidades, profesionales u operadores a quienes corresponderá aplicar las buenas prácticas y las organizaciones representativas de personas con necesidades de apoyo cognitivo o dificultades cognitivas y sus familias.

Artículo 20. Promoción de la investigación, desarrollo e innovación.

En el ámbito de sus competencias, la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de Derechos Público vinculadas o dependientes, con el asesoramiento, en su caso, del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y del resto de centros asesores del Real Patronato sobre Discapacidad, O.A., fomentarán proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la accesibilidad cognitiva recurriendo, siempre que sea posible, a la colaboración público-privada.

Asimismo, se promoverán las redes de investigación interdisciplinarias y los entornos de colaboración, que permitan la creación de soluciones innovadoras en el ámbito europeo e internacional, fomentando la participación de las personas con dificultades cognitivas en dichas redes.

CAPÍTULO IV. Régimen sancionador

Artículo 21. Régimen sancionador.

Las acciones y omisiones que supongan una vulneración de las condiciones de accesibilidad cognitiva previstas en este real decreto y se encuentren tipificadas en el título III del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o, en su caso, en la correspondiente legislación autonómica, se sancionarán conforme a lo dispuesto en dichas normas.

De conformidad con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las infracciones y sanciones en el orden social en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad seguirán rigiéndose por el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.