Regula las tasas por tramitar licencias, declaraciones responsables y planeamiento urbanístico, adaptando los costes administrativos al control técnico de las actuaciones en el municipio de Valladolid.
De aplicación en Valladolid (Valladolid, Castilla y León).
302.614 habitantes · 197 km²
Regula las tasas por tramitar licencias, declaraciones responsables y planeamiento urbanístico, adaptando los costes administrativos al control técnico de las actuaciones en el municipio de Valladolid.
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La Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Prestación de Servicios Urbanísticos en Valladolid fija cuándo una actuación urbanística genera una tasa municipal, cómo se calcula y en qué momento se gestiona. El hecho imponible es la actividad técnica y administrativa del Ayuntamiento destinada a verificar que los actos de edificación y uso del suelo, sujetos a licencia o declaración responsable, son conformes con la legislación y el planeamiento, junto con determinadas actuaciones de gestión e información urbanística (artículo 2). También ordena las tarifas, la base de cálculo, el devengo, las reducciones y la autoliquidación. Para una consulta profesional, el recorrido útil es separar primero el tipo de actuación, después la base imponible y, por último, el porcentaje o cuota que corresponda.
Es una ordenanza fiscal municipal. No regula por sí misma las condiciones urbanísticas de una parcela ni sustituye al planeamiento. Regula el coste tributario de ciertos servicios y actuaciones de control urbanístico que presta el Ayuntamiento. Por eso aparece vinculada a expedientes de licencia, declaraciones responsables, primera ocupación, parcelaciones, cambios de uso, obras y otras actuaciones incluidas en su cuadro de tarifas.
Su lectura debe hacerse como una secuencia. El artículo 1, sobre fundamento y naturaleza sitúa la ordenanza dentro del marco de las haciendas locales. El artículo 2, sobre el hecho imponible concreta qué actividad municipal origina la tasa. El artículo 3, sobre el sujeto pasivo identifica a los contribuyentes y sustitutos. El artículo 4, sobre responsables remite a la Ordenanza General de Gestión.
A partir de ahí, los artículos 5 y 6, sobre base imponible y tarifas, permiten pasar de la actuación al importe: primero se determina la base y después se aplica la tarifa. El artículo 6, sobre tarifas desarrolla los importes. Los artículos 7 a 10 completan el circuito con beneficios fiscales, devengo, gestión e infracciones. La disposición final se ocupa de las modificaciones. La estructura es continua, sin capítulos ni secciones formales.
La ordenanza cubre la relación económica entre una actuación urbanística y la actividad municipal que la verifica o tramita. El punto de partida no es solo que exista una obra. También cuentan el uso del suelo, la primera utilización, la división de terrenos, la información urbanística y los expedientes vinculados al deber de conservación. El artículo 2 incluye actos sujetos a licencia y actos sometidos a declaración responsable, según la normativa urbanística de Castilla y León.
El segundo bloque es la clasificación de actuaciones. El artículo 6 recoge construcciones e instalaciones de nueva planta, ampliaciones, modificaciones, rehabilitaciones, reformas y demoliciones. También contempla primera ocupación o utilización, segregaciones, agrupaciones y parcelaciones, movimientos de tierras, corta de arbolado, cerramientos, vallados, cambios de uso, cédulas urbanísticas, señalamiento de líneas o rasantes y órdenes de ejecución. La consulta correcta empieza por identificar en qué epígrafe encaja el expediente, porque la base de cálculo no es la misma en todos los casos.
El tercer bloque es económico. El artículo 5 relaciona la base imponible con la naturaleza del servicio y el beneficio especial obtenido. El artículo 6 desarrolla porcentajes, escalas y cuotas fijas. Para varias obras, la referencia es el presupuesto de ejecución material. Para la primera ocupación, la ordenanza utiliza el coste final. En segregaciones y parcelaciones interviene la superficie. En otros servicios, como la cédula urbanística, se aplica una cuota fija.
El cuarto bloque es de gestión. La ordenanza regula el devengo, la autoliquidación, el momento de acreditar el pago, las devoluciones por desistimiento y la deducción de la tasa en la liquidación definitiva del ICIO cuando proceda conforme al artículo 9. También remite a la Ordenanza General de Gestión y a la Ley General Tributaria para responsabilidades, infracciones y sanciones. Esa materia cierra el artículo 10.
El hecho imponible comprende la actividad municipal de comprobación y gestión relacionada con actos de edificación y uso del suelo. La inclusión de la declaración responsable es relevante: la ordenanza no limita el análisis a expedientes de licencia previa. Para localizar esta regla, consulta el artículo 2 y contrástalo con el epígrafe del artículo 6. La tasa se vincula a la actividad municipal, no a cualquier trabajo técnico.
El artículo 5 ofrece el criterio para determinar la base imponible. El artículo 6 lo convierte en una tarifa según el servicio. En obras de nueva planta, ampliación, demolición, modificación o reforma, la ordenanza fija un 1,59 % del presupuesto de ejecución material. Para primera ocupación o utilización, fija un 0,46 % del coste final. En parcelaciones y segregaciones, la tarifa se determina por superficie, con 0,15 euros por metro cuadrado en los primeros 250 m² y tramos posteriores con importes decrecientes.
La misma disposición combina porcentajes con cuotas fijas. La expedición de una cédula urbanística tiene una tarifa de 131,99 euros. El cambio de uso sin obras también tiene una cuota fija de 131,99 euros, mientras que el cambio de uso con obras se encuadra en el porcentaje correspondiente al PEM. Estos valores solo se aplican al supuesto que describe cada epígrafe. No deben trasladarse a otra actuación por analogía.
El artículo 7 regula exenciones, bonificaciones y reducciones. Entre ellas figura una reducción del 50 % para la adecuación de locales destinados a la apertura de establecimientos de actividades empresariales, en los supuestos tarifarios que recoge la ordenanza. La ordenanza también remite al artículo 9 y a la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para las exenciones y bonificaciones aplicables.
El artículo 6.c excluye la tasa por demolición en supuestos de ruina inminente. Es una exclusión concreta, no una exención general para cualquier demolición. Cuando el expediente se apoye en esa circunstancia, conviene localizar el epígrafe de demolición y leerlo junto con el artículo 7.
El artículo 8 sitúa el devengo en el inicio de la actividad municipal, ya sea por solicitud del interesado o de oficio. El artículo 9 establece, con carácter general, el régimen de autoliquidación: al presentar la solicitud de licencia o declaración responsable debe acreditarse el ingreso total del importe correspondiente, según la información devuelta por el corpus.
El mismo artículo contempla que, si el interesado desiste antes de que se dicte resolución administrativa, pueda solicitar la devolución del 50 % de la tasa abonada. También dispone que la cuota satisfecha se deduzca de la liquidación definitiva del ICIO en los hechos imponibles que estén sujetos a ambos conceptos. Son reglas distintas: una se refiere al desistimiento y otra a la relación entre tasa e impuesto.
Para aplicar la ordenanza a una actuación, la secuencia de consulta puede ordenarse así:
Esta secuencia evita empezar por el porcentaje. El mismo tipo de intervención puede tener una base distinta si cambia el trámite o si el cambio de uso se acompaña de obras.
No busques primero una tabla aislada. Empieza por el artículo 2 para comprobar que la actividad está dentro del hecho imponible. Después ve al artículo 6 y busca la letra del cuadro de tarifas que describe mejor la actuación. Solo entonces consulta el artículo 5 para confirmar la base de cálculo y el artículo 7 para revisar beneficios fiscales.
La estructura continua facilita la consulta por artículos. El artículo 3 responde quién es el sujeto pasivo y cuándo pueden aparecer constructores o contratistas como sustitutos. El artículo 4 remite a las reglas generales de responsabilidad. El artículo 8, sobre devengo responde cuándo nace la obligación. El artículo 9 concentra el procedimiento de gestión, incluido el régimen de autoliquidación, el desistimiento y la deducción en el ICIO. El artículo 10 remite al régimen de infracciones y sanciones tributarias.
Para el cruce urbanístico, la ordenanza no debe leerse de forma aislada. La actividad municipal verifica la conformidad con la legislación y el planeamiento. En el marco autonómico, el artículo 2 menciona los actos sometidos a declaración responsable conforme a la normativa urbanística de Castilla y León. La Ley de Urbanismo de Castilla y León, artículo 97, sobre actos sujetos a licencia y el artículo 122 bis, sobre protección de la legalidad respecto de actos sujetos a declaración responsable ayudan a situar el cruce. La tasa no regula la licencia.
La ordenanza incluye en el hecho imponible los actos sometidos a licencia previa y los sometidos a declaración responsable, de acuerdo con el artículo 2. El importe se busca después en el epígrafe del artículo 6 que corresponda al tipo de actuación.
La tarifa indicada para modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e instalaciones es el 1,59 % del PEM, conforme al artículo 6.d. El porcentaje no se aplica a cualquier actuación por el solo hecho de llamarse reforma: primero debe comprobarse que encaja en ese epígrafe.
El artículo 6.e fija un 0,46 % del coste final de la construcción o instalación para la primera ocupación o utilización. La base no es el PEM utilizado para otras obras, sino el coste final que señala ese supuesto.
La expedición de una cédula urbanística tiene una cuota fija de 131,99 euros, según el artículo 6.m.
No. El artículo 6 distingue el cambio de uso con obras, que se vincula al porcentaje del PEM, del cambio de uso sin obras, al que asigna una cuota fija de 131,99 euros. La consulta debe empezar por determinar si el cambio incluye obras.
Sí. El artículo 7.2 establece una reducción del 50 % en los supuestos que describe para la adecuación de locales destinados a la apertura de establecimientos de actividades empresariales. Hay que contrastar la finalidad del local y el epígrafe de la obra.
El artículo 8 sitúa el devengo cuando se inicia la actividad municipal, por solicitud del interesado o de oficio. La gestión del ingreso se consulta en el artículo 9.
El artículo 9.1 establece con carácter general la autoliquidación y la acreditación del ingreso total al presentar la solicitud de licencia o declaración responsable. La comprobación debe hacerse con el supuesto concreto y las excepciones de la ordenanza.
El artículo 9.5 permite solicitar la devolución del 50 % de la tasa abonada si el desistimiento se produce antes de que se dicte la resolución administrativa.
Para los hechos imponibles sujetos también al ICIO, el artículo 9.4 dispone que la cuota satisfecha por la tasa se deduzca de la liquidación definitiva del impuesto.
El artículo 6.c establece que no se aplica la tasa por demolición en supuestos de ruina inminente. La exclusión debe relacionarse con ese supuesto concreto.
Para una obra nueva, ampliación, demolición o reforma, localiza primero la letra correspondiente del artículo 6 y calcula la base sobre el PEM conforme al artículo 5. La tarifa indicada para estos supuestos es el 1,59 %. Antes de presentar la solicitud, revisa la autoliquidación del artículo 9.
La consulta debe desplazarse al epígrafe de primera ocupación o utilización del artículo 6. Allí se identifica el coste final como base y el 0,46 % como tarifa. El criterio no debe sustituirse por el porcentaje aplicable a la obra inicial.
El artículo 6.f es el punto de entrada. La tarifa se organiza por superficie, por lo que el dato que debe prepararse es la superficie del supuesto, no el PEM. Si el expediente combina varias actuaciones, conviene revisar cada epígrafe antes de calcular la cuota.
Distingue si el cambio se realiza con obras o sin ellas. El artículo 6 ofrece una respuesta diferente para cada caso. Después, consulta el artículo 2 para confirmar que el acto está dentro del hecho imponible y el artículo 9 para la forma de gestión.
El hecho imponible es la actividad técnica y administrativa municipal que verifica actos de edificación y uso del suelo o tramita actuaciones de gestión e información urbanística. La base imponible es el parámetro económico o físico sobre el que se calcula la tarifa: puede ser el PEM, el coste final, la superficie o una unidad de servicio. La tarifa es el porcentaje, escala o cuota fija asociado a cada actuación.
El sujeto pasivo es la persona contribuyente definida por el artículo 3. Constructores y contratistas pueden aparecer como sustitutos en determinados supuestos. El devengo es el momento en que nace la obligación tributaria según el artículo 8. La autoliquidación es el régimen general de ingreso previsto por el artículo 9. Estos conceptos describen la gestión económica de la actividad municipal, no las condiciones urbanísticas de la obra.
La ordenanza de tasas por prestación de servicios urbanísticos de Valladolid permite determinar si una actuación está sujeta a tasa, qué base debe utilizarse y cómo se acredita el pago. El artículo 2 define el hecho imponible; el artículo 5 orienta sobre la base; el artículo 6 contiene las tarifas; el artículo 7 recoge reducciones y exenciones; y los artículos 8 y 9 regulan devengo y gestión. Para consultar un expediente, identifica primero la actuación, separa PEM, coste final, superficie o cuota fija, revisa los beneficios fiscales y termina comprobando la autoliquidación. La tasa acompaña al expediente urbanístico, pero no sustituye la comprobación de su conformidad con la legislación y el planeamiento.
Título original: ACUERDO de 28 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Especial del Cementerio de Las Contiendas. Expte.: Planeamiento 2026/APO_01/000001.
Se aprueba definitivamente la modificación del Plan Especial del Cementerio de Las Contiendas. El documento altera la zonificación y los usos pormenorizados dentro del ámbito del sistema general de equipamiento EQ 53/51 para implantar una zona destinada a cementerio de animales de compañía y ajustar otras intervenciones y usos internos. El acuerdo afecta a Valladolid y se publica con texto íntegro del instrumento en sede electrónica una vez inserto el anuncio en el boletín.
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