Normativa local de Granada obliga a los propietarios a mantener sus inmuebles en condiciones óptimas de seguridad, salubridad y accesibilidad, regulando las inspecciones técnicas y las sanciones por incumplimiento.
De aplicación en Granada (Granada, Andalucía).
233.975 habitantes · 88 km²
Normativa local de Granada obliga a los propietarios a mantener sus inmuebles en condiciones óptimas de seguridad, salubridad y accesibilidad, regulando las inspecciones técnicas y las sanciones por incumplimiento.
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La Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios en Granada organiza qué debe mantenerse en terrenos, instalaciones y edificaciones, cómo se ordenan las obras necesarias y qué ocurre cuando no se cumple el deber de conservación. Su objeto incluye la seguridad, la salubridad, la accesibilidad universal, la eficiencia energética y el ornato, además de las actuaciones vinculadas al uso turístico responsable y a la puesta en valor del patrimonio histórico o cultural (artículo 1, objeto de la Ordenanza). También regula el Informe de Evaluación de los Edificios, la ruina urbanística y los procedimientos derivados del incumplimiento.
Es una ordenanza municipal centrada en el estado de conservación de los inmuebles y en la respuesta administrativa ante sus deficiencias. La consulta no se limita a saber si un edificio necesita obras. Permite seguir el recorrido completo: identificar el deber aplicable, valorar las condiciones del inmueble, emitir o revisar un Informe de Evaluación, tramitar una orden de ejecución y distinguir entre conservación, rehabilitación, ruina e incumplimiento.
Su ámbito territorial es el término municipal de Granada. El artículo 2 incluye entre los sujetos obligados a propietarios, titulares de derechos de uso, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas de viviendas (ámbito de aplicación). El control municipal se aborda en el artículo 3 (competencia sobre el control).
La ordenanza debe leerse junto con el planeamiento y las normas a las que remite. En un inmueble protegido, hay que localizar también la ficha de catálogo y sus condiciones específicas. En un Informe de Evaluación, la revisión se extiende a seguridad constructiva, salubridad, accesibilidad universal y eficiencia energética, según el artículo 24 (contenido del Informe de Evaluación).
La ordenanza empieza por fijar el deber general y sus condiciones de cumplimiento. El artículo 4 trata el deber de conservación y rehabilitación. El artículo 5 concreta el contenido normal del deber de conservación y sitúa su límite económico general en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta equivalente. Esta referencia sirve para separar las obras comprendidas en el deber ordinario de los supuestos que pueden llevar a analizar la ruina urbanística. El artículo 5 no sustituye la valoración del caso, pero indica qué criterio económico debe localizarse primero (contenido normal del deber).
El artículo 6 reúne las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato. Para una inspección, permite ordenar la revisión por prestaciones y no solo por elementos constructivos. Fachadas, cubiertas, estructura e instalaciones deben relacionarse con el riesgo o la deficiencia descrita.
El segundo bloque es el de las órdenes de ejecución. El artículo 7 las regula con carácter general; el artículo 8 aborda los elementos protegidos y el artículo 9, los motivos turísticos, culturales o estéticos. La consulta cambia según el régimen del inmueble y el tipo de actuación.
El tercer bloque es el Informe de Evaluación de los Edificios. La ordenanza regula quién queda sometido al informe, cómo se computa la antigüedad, qué contenido debe tener, cómo se califica el resultado y qué efectos produce su presentación. También prevé un registro de edificios obligados y un régimen sancionador. La norma contempla exenciones para el informe en parcelas sin edificación, edificios con declaración legal de ruina urbanística y edificios con orden expresa de demolición total, según el artículo 21 (sometimiento al informe). Son exenciones del Informe de Evaluación, no del deber general de conservación.
El cuarto bloque es la ruina urbanística: procedimiento contradictorio, obras de reparación necesarias y consecuencias en edificios protegidos. El quinto responde al incumplimiento con declaración, multas coercitivas, ejecución subsidiaria y régimen sancionador.
Para estudiar una deficiencia, el punto de entrada es el contenido normal del deber de conservación y las condiciones mínimas que debe cumplir el edificio. La orden de ejecución se consulta después, en función del tipo de actuación y del régimen del inmueble. El artículo 16, sobre el cumplimiento de las órdenes de ejecución, es la referencia para comprobar la documentación técnica previa y el nombramiento de la dirección facultativa y de la coordinación de seguridad cuando proceda (cumplimiento de las órdenes de ejecución).
La ordenanza establece que el edificio debe someterse al informe al cumplir 50 años y renovarlo cada 10 años, según el artículo 22 (cómputo de antigüedad y plazos). El artículo 24 orienta la documentación: identificación del inmueble, descripción constructiva y funcional, toma de datos y fotografías, trabajos complementarios cuando sean necesarios, evaluación de las condiciones básicas, daños, medidas propuestas, orden de prioridad y presupuesto.
El resultado se califica como favorable o no favorable. En el segundo caso, el informe diferencia entre obras de conservación ordinarias y medidas urgentes de seguridad, conforme al artículo 25 (resultado del Informe de Evaluación).
La ruina no es una etiqueta para cualquier edificio con daños. La ordenanza dedica un título específico a los supuestos de declaración y al procedimiento contradictorio. El artículo 32 debe consultarse para los supuestos de situación legal de ruina urbanística (supuestos de declaración). El artículo 35 reserva la expresión obras de reparación necesarias a las actuaciones dirigidas a devolver a la construcción estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales (obras de reparación necesarias).
En edificios protegidos, la consulta no termina con la declaración de ruina. El artículo 39 trata sus consecuencias específicas (ruina en edificios protegidos).
El Anexo 1 contiene el cálculo del módulo de precio por metro cuadrado y una tabla de valores por uso. También contempla el valor de construcciones bajo rasante y el incremento aplicable a edificaciones catalogadas. El Anexo 2 contiene el cuadro de honorarios facultativos a efectos de valoraciones de la propia ordenanza. Es una referencia administrativa para cálculos de la norma, no una tarifa que elimine la libertad de honorarios profesionales (Anexo 1, Anexo 2).
El límite económico general del deber normal es el 50 % del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta equivalente. La norma ofrece valores de referencia para la valoración, pero el resultado depende del uso, la superficie, las características constructivas y, cuando corresponda, la catalogación. Por eso conviene consultar el Anexo 1 antes de trasladar una cifra a una memoria o a un expediente.
El incumplimiento tiene una respuesta escalonada. El artículo 44 regula el incumplimiento de las órdenes de ejecución y permite localizar las consecuencias administrativas aplicables (incumplimiento de órdenes). La ordenanza también contempla multas coercitivas y ejecución subsidiaria. El artículo 46 es la referencia de las multas coercitivas (multas coercitivas); el artículo 47, la de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento (ejecución subsidiaria).
La estructura recuperada de la norma se reparte en cinco títulos y dos anexos. El Título I contiene las generalidades. El Título II reúne el deber de conservación, las órdenes de ejecución y su procedimiento. El Título III se dedica al Informe de Evaluación de los Edificios. El Título IV trata la ruina urbanística. El Título V aborda el incumplimiento del deber de conservación. La batería consultada no permite verificar la existencia de todos los artículos intermedios ni una división interna completa de los títulos III, IV y V. Para esos huecos conviene acudir al texto íntegro, no completar el índice por inferencia.
Para un edificio concreto, sigue esta secuencia:
El orden evita mezclar el estado del edificio, la obra correctora y la respuesta administrativa al incumplimiento. Si el expediente llega a ejecución subsidiaria, consulta el artículo 48 (régimen ordinario de la ejecución subsidiaria) y el artículo 51 (presupuesto de ejecución subsidiaria).
Alcanza a los inmuebles incluidos en el término municipal de Granada y, como sujetos obligados, a propietarios, titulares de derechos de uso, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y cooperativas de viviendas, según el artículo 2. La responsabilidad concreta debe relacionarse con el régimen jurídico del inmueble y con los obligados que identifica el artículo 13 (de los obligados).
Debe recoger la identificación y descripción del edificio, la inspección y los datos obtenidos, la evaluación de las condiciones básicas, las deficiencias y sus posibles causas, las medidas propuestas, el orden de prioridad, los plazos estimados y el presupuesto, con el alcance del artículo 24. La certificación energética se incorpora en los edificios de vivienda colectiva en los términos que recoge la respuesta MCP.
La regla de antigüedad indicada por la ordenanza es 50 años para la primera evaluación y una renovación cada 10 años. El artículo 22 es el que debes consultar para el cómputo y los plazos. La norma también vincula el informe a la solicitud de ayudas públicas en los supuestos descritos en la fuente consultada.
El resultado favorable indica que se cumplen las condiciones evaluadas. El no favorable identifica deficiencias y debe precisar si son necesarias obras de conservación o medidas urgentes de seguridad. La calificación y sus consecuencias se consultan en el artículo 25, dentro del bloque de resultado del informe.
La ordenanza señala parcelas sin edificación, edificios cuyo deber de conservación haya cesado por declaración legal de ruina urbanística y edificios con orden expresa de demolición total. Son exenciones referidas al Informe de Evaluación, según el artículo 21.
El límite general es la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta equivalente. Para calcularlo se consulta el artículo 5 y los módulos y criterios del Anexo 1. No debe aplicarse como una cifra aislada sin definir antes el uso, la superficie y las características del inmueble.
El Anexo 1 aporta el módulo de precio por metro cuadrado y la tabla de valores por uso. El Anexo 2 aporta el cuadro de honorarios facultativos para las valoraciones de la ordenanza. Los honorarios profesionales reales mantienen su libertad, según la respuesta MCP.
La ordenanza prevé declaración de incumplimiento, multas coercitivas, ejecución subsidiaria y régimen sancionador. Debes empezar por el artículo 44 y seguir con los artículos 46 y 47 para distinguir la medida que se está analizando. La ejecución subsidiaria se realiza a costa del propietario en los términos de la ordenanza.
No necesariamente. El artículo 8 aborda el deber de conservación en elementos sometidos a protección y el artículo 39 regula las consecuencias de la declaración de ruina en edificios protegidos. La consulta debe cruzarse con la ficha de catálogo y el planeamiento aplicable.
Empieza por el artículo 22 para la antigüedad y el plazo. Después consulta el artículo 24 para ordenar la visita, la documentación y el diagnóstico. Si hay deficiencias, el artículo 25 ayuda a separar el resultado no favorable ordinario de las medidas urgentes.
Consulta el artículo 5 y el Anexo 1. La comparación se hace con el valor actual de construcción de una nueva planta equivalente, no con una cifra genérica de mercado. Si el resultado supera el límite indicado, consulta los supuestos de ruina del artículo 32 antes de extraer una conclusión.
Localiza primero la protección urbanística y la ficha de catálogo. Después cruza el artículo 8 con las reglas de ruina de edificios protegidos del artículo 39. El Anexo 1 también debe consultarse si la catalogación afecta a la valoración.
El recorrido empieza en el artículo 44. Según la medida que se estudie, continúa en el artículo 46, sobre multas coercitivas, o en el artículo 47, sobre ejecución subsidiaria. Si se necesita cuantificar la actuación subsidiaria, se consultan los artículos 48 y 51 y el Anexo 2.
El deber de conservación vincula el mantenimiento y la rehabilitación con la seguridad, la salubridad, la accesibilidad universal, la eficiencia energética y el ornato. Su contenido normal tiene el límite económico del artículo 5. Las obras de reparación necesarias, según el artículo 35, recuperan estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales.
El Informe de Evaluación reúne la inspección y la valoración de las condiciones básicas del edificio. Su resultado puede ser favorable o no favorable. La ruina urbanística se analiza mediante los supuestos y el procedimiento del Título IV, sin confundirla con una deficiencia aislada.
La ejecución subsidiaria es la actuación municipal prevista para ejecutar obras cuando concurre el incumplimiento en los términos regulados por la ordenanza. Las multas coercitivas son otra respuesta administrativa, con su propio artículo y condiciones. Los módulos de valoración y los honorarios facultativos de los anexos sirven para los cálculos de la norma, no para convertir el cuadro en una tarifa profesional general.
La Ordenanza reguladora del deber de conservación de los edificios en Granada permite consultar de forma ordenada el mantenimiento de los inmuebles, el Informe de Evaluación, las órdenes de ejecución, la ruina urbanística y las consecuencias del incumplimiento. Para un caso concreto, el recorrido más seguro es identificar el inmueble y su protección, comprobar si procede el informe, evaluar sus condiciones básicas, documentar las medidas y calificar el resultado. El artículo 5 y el Anexo 1 orientan la valoración económica; los artículos 22 a 26, el Informe de Evaluación; los artículos 32, 35 y 39, la ruina; y los artículos 44, 46, 47, 48 y 51, las respuestas al incumplimiento y la ejecución subsidiaria. La ordenanza también se cruza con el planeamiento de Granada y con el marco autonómico y estatal que la propia consulta MCP identifica.
Título original: INFORMACIÓN PÚBLICA. Estudio de Detalle en parcela TER-1 del Plan Parcial PP-O3. Aprobación Inicial. Exp 2026/28730H. (SIM 13796/2024)
Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela TER-1 del Plan Parcial PP-O3, en Granada. El documento reordena volúmenes y rasantes para una parcela terciaria, definiendo dos áreas de movimiento, alturas de dos y quince plantas y una ocupación máxima del 60%. El acuerdo somete el instrumento a información pública por veinte días hábiles y suspende licencias, autorizaciones y aprobaciones urbanísticas en su ámbito por un máximo de tres años. También se solicitan los informes sectoriales preceptivos en materia de servidumbres aeronáuticas civiles y militares.
Título original: Expte nº.- 2026/22195S. (8087/26 SIM) Asunto: Corrección de error material en PGOU en parcelas sitas en Avda. Maracena 120 y 122
El anuncio publica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Granada de 31 de julio de 2026 por el que se aprueba la corrección de un error material del PGOU. La rectificación afecta a las parcelas catastrales 4677106VG4147D0001ZI y 4776801VG4147F0001FE, suprimiendo un viario graficado y fijando la nueva alineación. Se indica el depósito en los registros municipal y autonómico y se publica el acuerdo para general conocimiento.
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