Esta ley regula la instalación y apertura de negocios en la Comunidad Valenciana, clasificándolos por su impacto ambiental para agilizar trámites y proteger la salud pública y el entorno.
De aplicación en Comunidad Valenciana.
Esta ley regula la instalación y apertura de negocios en la Comunidad Valenciana, clasificándolos por su impacto ambiental para agilizar trámites y proteger la salud pública y el entorno.
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La Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana ordena la intervención administrativa sobre las actividades que pueden producir molestias, alterar la salubridad o generar riesgos y daños a las personas o al medio ambiente (artículo 1, objeto de la ley). Su utilidad para el técnico está en la secuencia que establece: primero se comprueba la incidencia ambiental de la actividad y después se determina si corresponde autorización ambiental integrada, licencia ambiental, declaración responsable ambiental o comunicación de actividad inocua (artículo 13, instrumentos de intervención). El encaje se contrasta con los anexos I, II y III y se coordina con el planeamiento mediante el informe urbanístico municipal (artículo 22, informe urbanístico municipal).
Es una norma autonómica ambiental y procedimental. No es una ordenanza de edificación ni sustituye al planeamiento. Fija los instrumentos de intervención sobre actividades, su documentación, los controles posteriores y la disciplina ambiental. Se organiza en título preliminar, seis títulos, disposiciones y tres anexos técnicos (preámbulos VIII y IX).
El criterio que articula la ley es el potencial de incidencia ambiental. El artículo 3 sitúa dentro de su ámbito territorial las actividades desarrolladas en la Comunitat Valenciana y las distribuye entre cuatro vías de intervención: autorización ambiental integrada para las actividades del anexo I, licencia ambiental para las del anexo II, declaración responsable ambiental para actividades de escasa incidencia que no cumplen las condiciones de inocuidad y comunicación para las que sí las cumplen. No basta con elegir el trámite por el nombre de la actividad. La comprobación debe hacerse contra la categoría y los umbrales del anexo correspondiente.
La ley también marca límites. El artículo 3.4, 3.5 y 3.6 excluye los espectáculos públicos y actividades recreativas sometidos a su regulación específica, el comercio minorista y determinados servicios incluidos en la Ley 12/2012, y las instalaciones que formen parte de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para investigación, desarrollo y experimentación quedan exceptuadas en los términos de los artículos 24 y 51. Antes de preparar la documentación, comprueba si la actividad está excluida.
La ley regula, en primer lugar, la clasificación administrativa de las actividades. El artículo 13 ordena los instrumentos de intervención según la incidencia ambiental. El anexo I contiene las categorías sujetas a autorización ambiental integrada; el anexo II, las sometidas a licencia ambiental; y el anexo III reúne las condiciones técnicas para decidir si una actividad puede tramitarse como declaración responsable ambiental o como comunicación de actividad inocua.
Regula también la coordinación con otros pronunciamientos. El artículo 14 integra la evaluación de impacto ambiental cuando procede. El informe urbanístico municipal acredita la compatibilidad con el planeamiento y las ordenanzas conforme al artículo 22.1. Ese informe no elimina la licencia urbanística: el artículo 22.7 mantiene independientes ambos títulos.
Otro bloque es la documentación técnica. Para una licencia ambiental, el artículo 53 contempla un proyecto de actividad suscrito por técnico competente, con identificación del autor, emisiones, sistemas correctores y medidas de prevención y reducción. También aborda ruidos, vibraciones, incendios, accesibilidad y seguridad, junto con el estudio acústico.
Para la declaración responsable ambiental, el artículo 68 distingue memoria técnica y certificación suscrita por técnico competente. En la autorización ambiental integrada, el artículo 27 remite al proyecto básico de actividad.
La ley se ocupa, por último, del funcionamiento posterior. El artículo 61 contempla el certificado de puesta en funcionamiento y la visita de comprobación. También regula modificaciones, revisión, cierre, inspección y disciplina ambiental.
El anexo III opera de otra manera. La comunicación de actividad inocua requiere cumplir todas sus condiciones. Si la actividad no está en los anexos I o II, pero incumple alguna condición de inocuidad, el artículo 66 la sitúa en el régimen de declaración responsable ambiental. La distinción es importante: no se trata de dos nombres para el mismo trámite, sino de dos resultados distintos de la comprobación técnica.
El régimen elegido cambia la documentación. En la licencia ambiental, el artículo 53 ordena la solicitud y el artículo 61 regula el inicio. En la declaración responsable, el artículo 68.4 concreta la memoria y la certificación. En la comunicación inocua, el artículo 73 regula la formalización.
El informe urbanístico municipal del artículo 22 es el punto de conexión con el PGOU y las ordenanzas. Sirve para comprobar la compatibilidad urbanística antes de presentar la solicitud de intervención ambiental. En suelo no urbanizable, la ley relaciona la implantación de determinadas actividades con la declaración de interés comunitario prevista por la legislación autonómica de ordenación del territorio y urbanismo.
La consulta debe separar dos preguntas: si la actividad es ambientalmente viable dentro del régimen de la Ley 6/2014 y si el emplazamiento admite ese uso según el planeamiento. La propia ley mantiene separadas ambas decisiones. En consecuencia, un informe ambiental favorable no equivale por sí mismo a una licencia urbanística.
Una reforma de una instalación autorizada obliga a comprobar si el cambio es sustancial o no sustancial. El artículo 4 define ambas categorías y los artículos 46 y 63 regulan la modificación de las instalaciones. La disposición adicional quinta aporta criterios técnicos indicativos para apreciarla.
La inspección ambiental comprende la medición de emisiones, la comprobación de informes internos, los autocontroles y las técnicas utilizadas. El control se relaciona con el funcionamiento real de la actividad y con las condiciones ambientales aplicables.
Para aplicar la Ley 6/2014 a una actividad, sigue esta secuencia de comprobación:
La secuencia orienta la lectura de los anexos. En actividades con varias instalaciones o modificaciones acumuladas, la capacidad y los efectos deben examinarse con el conjunto de la actividad, no con una parte aislada.
La autorización ambiental integrada se vincula a las categorías del anexo I. La licencia ambiental se vincula a las del anexo II. La declaración responsable ambiental se aplica, conforme al artículo 66, a actividades que no están en los anexos I o II y que no cumplen alguna condición del anexo III. La comunicación de actividad inocua queda para las actividades que cumplen todas esas condiciones. El punto decisivo es la clasificación verificada, no la preferencia por un trámite más sencillo.
Entre las condiciones recogidas en el anexo III aparecen un nivel de presión sonora en el recinto inferior a 70 dBA, una potencia electromecánica total instalada igual o inferior a 9 CV, sin contar los ascensores o el aire acondicionado doméstico en los términos indicados, y una carga térmica ponderada inferior a 100 Mcal/m². También se contemplan los vertidos, los residuos y la inclusión en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Estos valores solo tienen sentido dentro del conjunto de condiciones del anexo III.
En la licencia ambiental, el artículo 53.2.1.a exige que el proyecto de actividad esté redactado y suscrito por técnico competente, con identificación del autor y del contenido técnico requerido. Para la declaración responsable ambiental, el artículo 68.4.b contempla una certificación técnica suscrita por técnico competente. La documentación concreta depende del régimen y de la actividad.
El artículo 22.1 lo sitúa antes de presentar la solicitud de autorización o licencia ambiental. El ayuntamiento dispone de un plazo máximo de un mes para emitirlo, según el artículo 22.3. La consulta debe hacerse junto con el planeamiento y las ordenanzas aplicables al emplazamiento, porque el informe acredita la compatibilidad urbanística, no la sustituye.
Cuando la documentación técnica de una solicitud de licencia ambiental es deficiente, el artículo 54 contempla un plazo máximo de 15 días para completarla o subsanarla. La revisión debe centrarse en el régimen solicitado y en el contenido del artículo 53.
Para la licencia ambiental, el artículo 61.3 contempla un certificado de puesta en funcionamiento emitido por técnico competente que indique la adecuación de la instalación y de la actividad al proyecto técnico aprobado. El artículo 61.4 regula la comprobación municipal posterior. La puesta en funcionamiento debe leerse junto con la documentación y las condiciones del régimen ambiental aplicable.
Se consulta primero la definición del artículo 4 y después el régimen de modificación aplicable: artículos 46 o 63 según el instrumento de partida. La disposición adicional quinta aporta criterios técnicos indicativos. Si el cambio alcanza los umbrales de un anexo superior, la disposición adicional sexta regula el cambio del régimen aplicable.
El artículo 62 permite revisar la licencia en los supuestos que contempla, entre ellos cambios en los valores límite de emisión, en el medio receptor, en las mejores técnicas disponibles o en la seguridad del proceso. Es un mecanismo propio del control de la licencia.
El artículo 14.1 establece que los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental deben contar con una declaración de impacto ambiental favorable antes de la concesión de la autorización ambiental integrada o de la licencia ambiental. En la autorización integrada, el artículo 14.2 coordina ambos procedimientos.
Empieza por los anexos I y II. Si no hay coincidencia, contrasta el anexo III con las condiciones reales del local y de la instalación. Después solicita el informe urbanístico municipal del artículo 22 y prepara la documentación del régimen resultante. La ordenanza municipal puede concretar la forma de presentar la documentación y los títulos habilitantes que se tramitan junto con la intervención ambiental.
No basta con describirla como una reforma interior. Compara la capacidad anterior y la proyectada, revisa si el cambio puede tener repercusiones perjudiciales o importantes y consulta el artículo 63 o el artículo 46 según el instrumento ambiental de partida. La disposición adicional quinta ayuda a ordenar los criterios técnicos y la disposición adicional sexta aborda el cambio a un régimen superior cuando se superan los umbrales correspondientes.
Comprueba primero la compatibilidad urbanística y la posible necesidad de declaración de interés comunitario conforme al marco autonómico de ordenación del territorio. La Ley 6/2014 remite a esa relación en su preámbulo V. Después, aplica la misma secuencia ambiental de anexos. El emplazamiento y la incidencia ambiental son comprobaciones distintas.
En la licencia ambiental, localiza el contenido del proyecto del artículo 53.2.1.a y el estudio acústico del artículo 53.2.1.e. El proyecto de actividad debe relacionar las medidas correctoras y las condiciones técnicas de la instalación con el uso previsto. Las exigencias detalladas de edificación, accesibilidad, incendios o contaminación acústica proceden de sus normas sectoriales y de la ordenanza municipal que corresponda.
Consulta el artículo 63.9 y la disposición adicional sexta para comprobar si la reducción sitúa la instalación por debajo de los umbrales del anexo II y si corresponde adaptar el régimen de intervención a otro inferior. El cambio no debe darse por hecho solo porque disminuya la producción: contrasta la capacidad resultante con el anexo aplicable.
El artículo 4 reúne las definiciones propias de la ley. La autorización ambiental integrada es la resolución escrita del órgano competente de la Generalitat que permite explotar una instalación bajo condiciones ambientales. La licencia ambiental es la resolución escrita del ayuntamiento que autoriza las actividades del anexo II. La declaración responsable ambiental es el documento por el que el titular comunica el inicio de una actividad y declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos y dispone de la documentación acreditativa. La comunicación de actividades inocuas cumple una función equivalente para actividades sin incidencia ambiental.
La instalación es la unidad técnica fija donde se desarrollan una o más actividades de los anexos, junto con otras actividades relacionadas en el mismo emplazamiento que puedan tener repercusiones sobre las emisiones. El órgano sustantivo ambiental es la administración competente para otorgar la autorización o licencia, o para controlar las actividades sometidas a declaración responsable o comunicación. Las modificaciones sustanciales y no sustanciales se distinguen por sus posibles consecuencias sobre la seguridad, la salud y el medio ambiente.
El anexo III no es un glosario. Es la tabla de condiciones técnicas que separa la comunicación de actividad inocua de la declaración responsable ambiental. Consulta todas sus condiciones después de descartar los anexos I y II.
La Ley 6/2014 organiza el control ambiental de las actividades en la Comunitat Valenciana mediante cuatro instrumentos: autorización ambiental integrada, licencia ambiental, declaración responsable ambiental y comunicación de actividad inocua. La clasificación se obtiene contrastando, en este orden, los anexos I, II y III, y se completa con el informe urbanístico municipal del artículo 22. La documentación cambia según el régimen: proyecto de actividad, memoria técnica, certificación o comunicación.
Para una actividad nueva, una ampliación o una reforma, la consulta debe separar incidencia ambiental, compatibilidad urbanística y exigencias sectoriales. Los artículos 46, 62 y 63 permiten continuar la revisión cuando ya existe una autorización o licencia y se modifica la instalación. Los valores del anexo III, los plazos de un mes para el informe urbanístico y de 15 días para subsanar, y el certificado de puesta en funcionamiento son puntos de consulta concretos para preparar una documentación trazable.
Título original: ANUNCIO por el que se somete a información pública la cartografía de la fase 1 de la revisión del Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.
Se somete a información pública la propuesta de cartografía de peligrosidad de inundación de la fase 1 de la revisión del Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. La documentación podrá consultarse durante veinte días hábiles en el visor cartográfico del Institut Cartogràfic Valencià, en el nodo específico del PATRICOVA. La consulta se refiere al ámbito afectado por la dana del 29 de octubre de 2024.
Título original: DECRETO 139/2026, de 1 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral.
Se aprueba por decreto el Reglamento de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral (CICOL). El texto regula su composición, atribuciones, estructura y funcionamiento para la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos de ordenación del litoral. Se cita la Ley 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana, y se establece su entrada en vigor al día siguiente de su publicación.
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