Disposición relativas a la producción y gestión de los RCDs, siendo su objeto garantizar que las operaciones de gestión de RCDs en San Fernando cumplan las exigencias y requerimientos de protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.
De aplicación en San Fernando (Cádiz, Andalucía).
93.338 habitantes · 30 km²
Disposición relativas a la producción y gestión de los RCDs, siendo su objeto garantizar que las operaciones de gestión de RCDs en San Fernando cumplan las exigencias y requerimientos de protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje.
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La ordenanza de residuos de construcción y demolición de San Fernando regula la producción y gestión de tierras, RCD y materiales inertes asimilables. Lo hace desde la previsión en el proyecto hasta la entrega a un gestor y la devolución de la fianza. Su objeto es que esa gestión se realice con alta protección del medio ambiente y preservación de la naturaleza y el paisaje, según el artículo 1, sobre el objeto. Para usarla en una obra conviene localizar primero el tipo de actuación, identificar quién produce y quién posee los residuos, preparar el Estudio de Gestión de RCD y cerrar después la trazabilidad documental.
Es una norma municipal centrada en el ciclo de los residuos que aparecen en obras de derribo, construcción, excavación, urbanización y obras menores sin proyecto técnico. Su ámbito territorial es el término municipal de San Fernando, aunque el texto prevé su implantación en el resto de municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. El artículo 3, sobre el ámbito de aplicación, permite separar la consulta en dos preguntas: dónde se aplica y qué operaciones o materiales quedan dentro.
La norma no se limita a ordenar la retirada de escombros. Regula la producción, posesión, libramiento, carga, transporte, acumulación, tratamiento y vertido de tierras, RCD y materiales inertes asimilables. También entra en la instalación de contenedores y en los residuos generados por obras de derribo, construcción, excavación, urbanización y obras menores sin proyecto técnico, según el artículo 3.
Su lectura debe hacerse junto con las definiciones del artículo 4. Ese artículo concreta qué entiende la ordenanza por RCD, residuo inerte, productor, poseedor, gestor autorizado, gestión, recogida selectiva, valorización y almacenamiento, entre otros términos. Es el punto de partida para asignar correctamente las obligaciones del proyecto y de la obra.
La ordenanza organiza la gestión local de los RCD en varias capas. Primero fija el objeto, los fines, el ámbito y las definiciones. Después establece la regulación general y el control administrativo, las obligaciones de quienes producen o poseen residuos, la coordinación con la Mancomunidad y los ayuntamientos, el procedimiento de autorización, los contenedores y la fianza.
El artículo 2, sobre los fines, sirve para interpretar la finalidad ambiental de ese conjunto de medidas. La ordenanza busca ordenar el flujo de residuos y favorecer una gestión compatible con la protección del medio ambiente. Para una memoria, esto ayuda a leer el Estudio de Gestión como parte de la definición de la obra, no como un documento añadido al final.
El marco de referencia aparece en el artículo 5, sobre normativa. La fuente MCP identifica remisiones al Real Decreto 105/2008, a la Ley 10/1998, a la Orden MAM/304/2002, a la Ley 22/1973 de Minas, al Real Decreto 1481/2001 y a normas andaluzas. También relaciona el control administrativo con el artículo 104 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La ordenanza, por tanto, se consulta como una pieza municipal conectada con el marco estatal y autonómico, no como un texto aislado.
La remisión importa. Permite localizar la regla complementaria sin atribuir a la ordenanza municipal un contenido que pertenece a otra norma.
El artículo 38, sobre el régimen supletorio, completa esa relación cuando una cuestión no queda resuelta de forma específica en la ordenanza. La fuente también identifica la conexión con el artículo 104 de la Ley 7/2007, dedicado a la producción de residuos de construcción y demolición. También la relaciona con el Reglamento de Residuos de Andalucía, en sus artículos sobre competencias municipales, programas locales, ordenanzas y obligaciones de las personas poseedoras.
El productor se vincula con la titularidad de la licencia urbanística o con la propiedad del inmueble cuando no se precisa licencia. El poseedor es quien tiene los residuos en su poder sin ser gestor, como el constructor, una subcontrata o un autónomo. El gestor autorizado es la persona autorizada e inscrita para realizar operaciones de gestión. Estas definiciones están en el artículo 4 y determinan qué obligaciones se consultan después.
El productor debe integrar la gestión desde el diseño mediante el Estudio de Gestión de RCD, según el artículo 7, sobre las obligaciones del productor. La fuente MCP atribuye a ese estudio varios contenidos. Incluye la estimación de cantidades en toneladas y metros cúbicos conforme a la Lista Europea de Residuos, las medidas de prevención y separación, los planos de almacenamiento y manejo, y la valoración económica. En demolición o rehabilitación también incorpora el inventario de residuos peligrosos. El coste de gestión debe figurar en un capítulo separado del presupuesto.
El poseedor debe presentar el plan que concreta el estudio. La dirección facultativa lo aprueba antes del inicio de los trabajos, de acuerdo con el artículo 8, sobre las obligaciones del poseedor. La existencia de subcontratas no elimina la necesidad de identificar al contratista principal y el papel de quienes ejecutan materialmente la obra.
El reparto debe quedar claro. Así se puede seguir cada documento durante la obra.
La consulta del procedimiento empieza por la solicitud y la documentación. El artículo 14, sobre la autorización de gestión de RCD, sitúa la autorización dentro del control de la gestión. El artículo 15, sobre el contenido de la solicitud, permite comprobar qué información debe acompañar a esa petición. La fuente también identifica el artículo 16, sobre el otorgamiento de la autorización.
La ordenanza distribuye el control en registros y documentos. Entre las materias que la fuente MCP atribuye al capítulo de procedimiento están la gestión a cargo de los productores, la matrícula de contenedores, el registro documental interno y la vigencia de las autorizaciones. En el caso de los gestores, el artículo 25, sobre el contenido de la solicitud concreta la documentación para solicitar la inscripción en el Registro Mancomunado de Gestores de RCD.
La ordenanza atribuye funciones a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y a los ayuntamientos mancomunados. El artículo 12, sobre las competencias de la MBC y el artículo 13, sobre la competencia de los ayuntamientos mancomunados son las referencias para separar las funciones de cada administración.
Cuando la consulta afecta al contenedor, la referencia localizada es el artículo 32, sobre el transporte de contenedores. La fuente lo sitúa dentro del capítulo dedicado a los contenedores de obras y lo relaciona con sus condiciones de transporte y retirada.
La fianza se calcula sobre la previsión del Estudio de Gestión, según el artículo 34, sobre la determinación del coste de la fianza. La fuente MCP identifica estos importes. Son 12,00 €/m³ para residuos de derribo y construcción, con un mínimo de 300,50 €. Para residuos de excavación, son 6,00 €/m³, con un mínimo de 300,50 € y un máximo de 48.000,00 €. Para obra menor, se fija una cantidad mínima de 150,00 €. El mismo artículo indica que los importes se actualizan cada tres años según el IPC acumulado.
La unidad es decisiva. No basta con copiar una cifra.
El artículo 35, sobre la ejecución de la fianza debe revisarse cuando exista incumplimiento y la administración tenga que ejecutar la garantía para una actuación subsidiaria de limpieza o gestión. Para la devolución, la fuente MCP relaciona el certificado final del gestor con la ficha de evaluación inicial y con la certificación del volumen reutilizado cuando proceda.
La secuencia más útil es seguir el ciclo de la obra y no empezar por la fianza. Primero identifica si la actuación es un derribo, una construcción, una excavación, una urbanización, una reforma o una obra menor sin proyecto técnico. Después comprueba si los materiales están dentro del ámbito del artículo 3 o pertenecen a una exclusión. Luego asigna los papeles de productor, poseedor y gestor mediante el artículo 4.
Antes de preparar la documentación, consulta el artículo 7 para el Estudio de Gestión y el artículo 8 para el plan del poseedor y la separación en obra. Si la gestión requiere autorización, pasa a los artículos 14, 15 y 16. El artículo 34 se consulta después, cuando ya tienes la previsión de volumen que sirve para calcular la fianza. Al terminar, el artículo 7 orienta la certificación y el artículo 35 la posible ejecución de la garantía.
Se aplica a la producción y gestión de tierras, RCD y materiales inertes asimilables en obras de derribo, construcción, excavación, urbanización y obras menores sin proyecto técnico, dentro del ámbito territorial indicado por el artículo 3.
El tipo de obra abre la consulta.
El artículo 3.2.2.c y d excluye, entre otros, tierras y piedras no contaminadas reutilizadas sin transformación cuando se acredite su destino. También excluye residuos sometidos a legislación específica si no están mezclados con RCD, residuos de industrias extractivas, residuos peligrosos y determinados residuos domésticos, industriales o agrícolas. La fuente identifica como no inertes los amiantos, plásticos, envases y envoltorios en los términos descritos.
Debe recoger varios datos según el artículo 7.1.a. Entre ellos están la estimación de cantidades en toneladas y metros cúbicos según la LER, las medidas de prevención y separación, los planos de almacenamiento y manejo y la valoración económica. En demolición o rehabilitación incorpora también el inventario de residuos peligrosos.
El constructor o poseedor lo elabora y la dirección facultativa lo aprueba antes del inicio de los trabajos, según el artículo 8.1.
La fuente MCP sitúa el depósito en el momento de solicitar la licencia urbanística municipal. El cálculo se realiza con los criterios del artículo 34.1 y parte de la previsión del Estudio de Gestión.
La ordenanza fija para la obra menor una cantidad fija mínima de 150,00 €, conforme al artículo 34.1.
La fuente MCP identifica estos umbrales del artículo 8.4. Para el hormigón, más de 80 toneladas. Para ladrillos, tejas y cerámicos, más de 40 toneladas. Para metal, madera o vidrio, más de 1 tonelada de cada tipo. Para plástico o papel y cartón, más de 0,5 toneladas de cada tipo.
Son umbrales por fracción. No se suman como una cifra única.
Al finalizar, se aporta el certificado del gestor autorizado. Si hubo reutilización, el técnico facultativo certifica el volumen utilizado. La devolución depende de la congruencia entre los certificados y la ficha de evaluación inicial, según el artículo 7.5.
Empieza por el artículo 7.1.a.11 para localizar el inventario de residuos peligrosos cuando la actuación sea de rehabilitación o demolición. Después completa la estimación de cantidades y las medidas de prevención. La consulta no debe quedarse en el volumen de escombro: la ordenanza también distingue los residuos que requieren separación selectiva.
Primero, identifica los peligrosos. Después, completa el resto del estudio.
Clasifica la previsión como residuo de derribo y construcción, residuo de excavación u obra menor. Después aplica el importe, mínimo o máximo que corresponda en el artículo 34.1. La cifra solo tiene sentido junto con su unidad y con el tipo de obra, porque la ordenanza utiliza reglas distintas para cada categoría.
Consulta primero las definiciones del artículo 4. Después revisa el artículo 7.7 para la responsabilidad principal del contratista y el artículo 8.1 para la obligación del poseedor de presentar el plan a la propiedad y obtener la aceptación de la dirección facultativa.
Reúne el certificado del gestor, la certificación de reutilización si la hubo y la ficha de evaluación inicial. El artículo 7.5 es la referencia para comprobar la congruencia documental antes de solicitar la devolución de la fianza.
La fuente MCP identifica el artículo 11, sobre obras de interés general no sujetas a licencia municipal. Debe revisarse junto con el ámbito del artículo 3 y con las obligaciones de productor y poseedor, porque la ausencia de licencia no resuelve por sí sola el resto de la gestión.
Un RCD es el residuo generado en construcciones, demoliciones o reformas. El residuo inerte no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. La deconstrucción o demolición selectiva coordina las operaciones para aumentar la recuperación y reducir lo que se envía a vertedero. La recogida selectiva separa los materiales en origen.
La valorización aprovecha recursos de los residuos, incluido su uso como material de relleno. La planta de transferencia permite la descarga, clasificación y almacenamiento transitorio, mientras que la planta móvil de valorización puede desplazarse entre obras para tratar los RCD in situ. El almacenamiento y la valorización se consultan siempre dentro de las definiciones del artículo 4, porque la clasificación cambia la ruta documental y el destino del residuo.
La ordenanza de residuos de construcción y demolición de San Fernando guía la gestión municipal desde el proyecto hasta el cierre de la obra. Sus puntos de consulta principales están en el ámbito y las exclusiones del artículo 3, y en las definiciones del artículo 4. También en las obligaciones de los artículos 7 y 8, la autorización de los artículos 14 a 16 y la fianza del artículo 34. Para una consulta concreta, ordena primero la actuación y los materiales. Después asigna los responsables, prepara el Estudio de Gestión, calcula la garantía y conserva los certificados para contrastar la gestión con la previsión inicial.
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