Normativa local de Terrassa que regula las licencias, comunicaciones previas y controles técnicos obligatorios para la apertura, modificación y ejercicio de cualquier actividad económica, comercial o industrial.
De aplicación en Terrassa (Barcelona, Cataluña).
233.270 habitantes · 70 km²
Normativa local de Terrassa que regula las licencias, comunicaciones previas y controles técnicos obligatorios para la apertura, modificación y ejercicio de cualquier actividad económica, comercial o industrial.
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La Ordenanza reguladora de la intervención integral de la administración municipal en las actividades e instalaciones de Terrassa organiza cómo interviene el Ayuntamiento en las actividades, servicios e instalaciones que se desarrollan en el municipio. Su objeto es regular ese sistema de intervención dentro del marco de la Directiva 2006/123/CE y de su transposición estatal o autonómica (artículo 1.1, objeto de la ordenanza). Para una consulta técnica, la pregunta inicial no es solo qué actividad se quiere implantar, sino qué régimen le corresponde, qué proyecto debe presentarse y qué controles siguen a la puesta en marcha.
Es una norma municipal de procedimiento. Se aplica a actividades de titularidad pública o privada ejercidas en locales, naves, recintos, solares u otras formas de establecimiento situados en el término municipal de Terrassa (artículos 1.2 y 3.1, ámbito de aplicación y clasificación). Su función es ordenar la intervención administrativa sobre actividades e instalaciones atendiendo a su incidencia y a su área de actividad.
La ordenanza no sustituye las comprobaciones técnicas de cada sector. El proyecto debe justificar la normativa aplicable y relacionar la actividad con el planeamiento, la prevención de incendios, la salud, el saneamiento y el medio ambiente.
El artículo 2 define como actividad clasificada el ejercicio o explotación de una industria, taller, establecimiento, granja, instalación, aparcamiento, almacén u otra actuación pública o privada que pueda afectar al medio ambiente, la seguridad o la salud, la flora, la fauna o los bienes (definiciones).
El artículo 3 clasifica las actividades por su incidencia y por su área. Por incidencia, aparecen actividades sometidas a autorización, licencia ambiental, licencia municipal de apertura o comunicación previa. Por área, la clasificación incluye actividades industriales, mineras, agrícolas y ganaderas, energéticas, comerciales y de servicios, recreativas y de ocio, de gestión de residuos y de servicio público. El régimen concreto se relaciona con los anexos de la Ley de intervención integral de la administración ambiental y se articula en el artículo 6, sobre el régimen de intervención administrativa (régimen de intervención).
La clasificación es el primer dato que debes fijar antes de preparar la documentación. Si el expediente se encuadra en un anexo distinto, cambia el procedimiento, la documentación y el control posterior. La ordenanza prevé una comprobación previa de la clasificación en el artículo 36 (comprobación previa).
El sistema de prevención separa los regímenes según la incidencia de la actividad. El capítulo dedicado a la autorización ambiental regula las actividades del anexo I de la Ley de intervención integral de la administración ambiental. El artículo 7 concreta esa relación con las actividades sometidas a autorización ambiental (artículo 7).
El artículo 19 sitúa en el régimen de licencia municipal ambiental las actividades del anexo II y también indica que un cambio sustancial en una actividad autorizada debe volver a someterse al régimen de licencia ambiental (licencia municipal ambiental). En una reforma, el dato decisivo es determinar si la modificación es sustancial, no limitarse a describirla como una obra interior.
La licencia también tiene una función de control material. Entre sus objetivos están reducir emisiones contaminantes al aire, al agua y al suelo, prevenir daños al saneamiento y al alcantarillado, verificar las medidas de prevención de incendios y protección de la salud, y comprobar los criterios de sostenibilidad empleados en el proyecto (artículo 20, objetivos).
La comunicación se regula para actividades e instalaciones del anexo III de la Ley de intervención integral de la administración ambiental (artículo 73, régimen de comunicación). El artículo 74 concreta la formalización de la comunicación y exige que el proyecto o certificado técnico justifique el cumplimiento de la normativa vigente que sea aplicable, junto con las medidas de prevención correspondientes (formalización de la comunicación).
La ordenanza contempla un régimen de declaración responsable para actividades en locales de menos de 100 m² de superficie destinada al público y con una potencia eléctrica contratada inferior a 10 kW, con exclusión de usos industriales, almacenes y actividades sujetas a normativa sanitaria o sectorial específica (artículo 77, declaración responsable). En este régimen, el ejercicio de la actividad puede iniciarse bajo la responsabilidad del titular después de presentar la declaración y pagar las tasas correspondientes, sin esperar una resolución municipal, según los apartados 2 y 3 del mismo artículo.
En una solicitud de licencia ambiental, el artículo 21 relaciona la documentación que debe presentar el solicitante. Entre ella figura el proyecto técnico, el certificado de compatibilidad urbanística, el estudio geológico y la documentación sectorial de incendios, salud y vertidos (documentación a presentar). El estudio geológico se vincula a la caracterización del estado inicial del terreno, con las salvedades que recogen el artículo 21 y el artículo 48, sobre calidad del suelo (calidad del suelo).
El artículo 53 detalla los datos generales del proyecto, incluidos los relativos a la empresa, la instalación, el emplazamiento, la actividad y su relación con el planeamiento. Para vertidos, el artículo 21.c remite a la documentación correspondiente y a la normativa de aguas.
El artículo 49 asigna al titular la designación de la persona responsable de la ejecución técnica del proyecto (responsable técnico). Al finalizar, el técnico debe emitir el certificado de adecuación previsto en los artículos 21.f y 49.1. Para el régimen de comunicación, el artículo 74.1.d vincula el certificado al cumplimiento de la normativa aplicable y a la póliza de responsabilidad civil del técnico por la cuantía mínima determinada legalmente.
En el control inicial, el artículo 94 contempla las actuaciones de carácter general y el artículo 95 los trámites previos a la visita. El artículo 96 fija el objeto de esa visita, que consiste en comprobar la adecuación de las instalaciones al proyecto y a las determinaciones de la licencia (objeto de la visita).
El contenido del control comprende emisiones y efluentes, gestión de residuos, depuración y saneamiento, prevención de incendios y accidentes, ahorro energético y de agua y prevención de molestias al vecindario (artículo 91, contenido del control). Los inspectores pueden practicar pruebas, tomar muestras y requerir información al personal en el ejercicio de sus competencias (artículo 122, facultades de inspección).
El título IV regula las infracciones y sanciones. El artículo 129 tipifica las sanciones y los artículos 132 y 133 tratan las medidas cautelares y su ejecución. El artículo 134 completa el régimen jurídico sancionador.
La ordenanza debe leerse en esta secuencia:
Esta secuencia evita empezar por el plano o por la memoria técnica sin haber fijado el procedimiento. En locales pequeños, la superficie, la potencia y la actividad concreta deben compararse con las condiciones y exclusiones del artículo 77. En cambios sobre actividades autorizadas, conviene analizar el carácter sustancial de la modificación conforme al artículo 19.
El documento está organizado en un preámbulo, disposiciones generales, sistema de prevención, revisión y control, régimen sancionador y disposiciones adicionales, transitorias y finales. El título I sirve para localizar el objeto, las definiciones, el ámbito y el régimen general. El título II concentra los trámites de implantación y la documentación. El título III responde a las comprobaciones posteriores. El título IV permite estudiar las infracciones, sanciones y medidas cautelares.
No conviene leer un artículo aislado cuando la pregunta afecta a la tramitación completa. Por ejemplo, el artículo 21 permite localizar la documentación inicial, pero debe relacionarse con el artículo 23, que regula la comprobación de la solicitud y la comunicación de recepción, y con el artículo 24, sobre la suficiencia del proyecto (suficiencia del proyecto). El artículo 32 fija el plazo y el régimen del silencio de la licencia (plazo).
A las actividades públicas o privadas ejercidas en locales, naves, recintos, solares u otros establecimientos situados en Terrassa. El artículo 3.1 fija ese ámbito y el artículo 2 define la actividad clasificada atendiendo a sus posibles efectos sobre el medio ambiente, la seguridad, la salud, la flora, la fauna o los bienes.
Debes empezar por clasificar la actividad y comprobar el anexo de la Ley de intervención integral de la administración ambiental al que remite la ordenanza. El artículo 6 relaciona el régimen de intervención con esa clasificación. El artículo 36 prevé la comprobación previa de la clasificación antes de iniciar el procedimiento.
Sí, el artículo 77 contempla la declaración responsable para actividades en locales de menos de 100 m² destinados al público y con potencia eléctrica contratada inferior a 10 kW, salvo las exclusiones que el propio artículo establece. La superficie y la potencia no bastan por sí solas: también debe comprobarse el tipo de uso y si existe normativa sanitaria o sectorial específica.
Si el cambio es sustancial, el artículo 19 lo somete nuevamente al régimen de licencia ambiental. La calificación de la modificación debe analizarse atendiendo a la actividad y a la intervención concreta.
En la documentación inicial figuran el proyecto técnico, el certificado de compatibilidad urbanística, el estudio geológico y la documentación sectorial de incendios, salud y vertidos, según el artículo 21. El contenido del proyecto se desarrolla en los artículos 51 a 53.
Los artículos 21.f y 49.1 prevén un certificado de adecuación de la actividad y las instalaciones a la licencia otorgada. En el régimen de comunicación, el artículo 74.1.d lo relaciona con el cumplimiento de la normativa aplicable y las medidas de prevención.
El artículo 32.1 fija un plazo máximo de cuatro meses para resolver y notificar. El apartado 4 del mismo artículo regula el efecto del silencio transcurridos cuatro meses y diez días, con la precisión relativa a actividades que afecten al dominio público o a servicios públicos.
El artículo 77.2 y 77.3 permite iniciar la actividad bajo la responsabilidad del titular una vez presentada la declaración y pagadas las tasas correspondientes, sin esperar una resolución municipal. Esa respuesta solo corresponde al régimen de declaración responsable definido por el propio artículo.
El artículo 91 incluye emisiones y efluentes, residuos, depuración y saneamiento, incendios y accidentes, ahorro energético y de agua y molestias al vecindario. El artículo 96 centra la visita inicial en la adecuación de las instalaciones al proyecto y a la licencia.
Para una implantación nueva, la ruta de consulta empieza en los artículos 3, 6 y 36. Después se revisan el certificado de compatibilidad urbanística y la documentación del artículo 21. El artículo 53 ayuda a ordenar los datos del proyecto, mientras que los artículos 51 y 52 permiten localizar las reglas sobre proyecto técnico y formato.
En una reforma, la primera consulta es el artículo 19: determina si la modificación puede considerarse un cambio sustancial y, por tanto, si debe volver al régimen de licencia ambiental. Después conviene cruzar esa respuesta con el artículo 61, que trata la licencia de obras para determinados usos y actividades.
Para un local de menos de 100 m² y potencia inferior a 10 kW, se consulta el artículo 77. El caso debe contrastarse con sus exclusiones. Si procede la declaración responsable, se revisan los documentos del artículo 74 y la responsabilidad del titular, sin trasladar automáticamente este régimen a usos industriales, almacenes o actividades sometidas a regulación sectorial específica.
Cuando el expediente llega al control inicial, los artículos 94 y 95 permiten localizar las actuaciones y trámites previos. El artículo 108 fija que la visita debe efectuarse en un máximo de dos meses desde la solicitud y anunciarse con al menos cinco días hábiles de antelación (plazo de la visita). El acta y las consecuencias del resultado se consultan en los artículos 96, 97 y 110.
Para una actividad que ya funciona, el título III es la parte que permite localizar la revisión y el control. El artículo 107 describe el objeto de la visita de comprobación y el artículo 111 regula el proceso de evaluación (proceso de evaluación). El resultado puede ser favorable, admitir variaciones accesorias o ser desfavorable cuando existan variaciones esenciales o falten medidas de seguridad, según los artículos 97 y 112.
La actividad clasificada es el concepto de partida del artículo 2. La clasificación conecta la actividad con su incidencia y con el anexo ambiental que determina el régimen de intervención. La compatibilidad urbanística vincula el uso pretendido con el planeamiento, mientras que el proyecto técnico reúne los datos de la instalación, la actividad, las emisiones y las medidas de prevención.
La licencia ambiental, la comunicación previa y la declaración responsable tienen documentación y cauces distintos. El control inicial añade la comprobación física de la instalación y de su adecuación al proyecto y a la licencia. La inspección puede incorporar pruebas, muestras e información, de acuerdo con el artículo 122.
La Ordenanza de intervención de actividades e instalaciones de Terrassa regula el recorrido municipal de una actividad, desde su clasificación y el régimen administrativo hasta el proyecto técnico, la comprobación inicial, la inspección y el régimen sancionador. Para utilizarla, empieza por los artículos 2, 3, 6 y 36, determina el procedimiento y después consulta la documentación de los artículos 21 y 51 a 53. Si se trata de un local pequeño, contrasta las condiciones y exclusiones del artículo 77. Si hay una reforma, analiza el artículo 19. Para el control posterior, el recorrido pasa por los artículos 91, 94 a 97, 108, 111 y 122. La respuesta técnica depende de relacionar esos artículos con el planeamiento urbanístico y con la normativa sectorial que el proyecto debe justificar.
Título original: Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de protecció patrimonial amb caràcter individual i ordenació de volums de la finca situada al carrer de Puig Novell 18 i carrer del Racó 27.
La Junta de Gobierno Local de Terrassa aprueba inicialmente el Plan Especial Urbanístico de protección patrimonial con carácter individual y ordenación de volúmenes de la finca situada en el carrer de Puig Novell 18 y carrer del Racó 27. El anuncio acuerda además la suspensión de licencias en el ámbito grafiado en el plano incorporado al plan, por un máximo de dos años, y somete el documento a información pública durante un mes. Se citan el TRLU, el RLU y las Normas urbanísticas consolidadas del POUM.
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