Entre los indicadores del nivel de calidad de vida que se disfruta en una ciudad debe mencionarse, sin duda alguna, que los servicios que atienden a su limpieza diaria, así como la gestión de los residuos urbanos que se producen como inevitable consecuencia de su diaria actividad, alcancen unos destacados niveles de eficiencia.

Pero alcanzar este objetivo no sólo exige el esfuerzo del Ayuntamiento, mediante la aportación económica necesaria para dotar a la ciudad del complejo equipamiento y organización que se precisa.

De poco serviría este esfuerzo sin la implicación de los ciudadanos ya que, mediante sus pautas de comportamiento en sus relaciones con el entorno urbano, son ellos quiénes determinan en gran medida las posibilidades del éxito pretendido.

Con objeto de establecer el marco de regulación básico, tanto de las actuaciones esperadas de los ciudadanos como de la organización de los servicios que el Ayuntamiento dispone, se ha elaborado el texto de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que viene a sustituir la anteriormente vigente, aprobada en 1988.

Efectivamente, resulta necesario actualizar el contenido de la normativa municipal para adaptarla, no solo a la evolución registrada en la sensibilidad ciudadana respecto a la relevancia concedida al hecho de disponer de una ciudad con un satisfactorio nivel en materia de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos urbanos, sino a las distintas normas estatales y autonómicas que, en los últimos años, han desarrollado diferentes aspectos de la gestión de residuos, dando con ello cumplimiento a las sucesivas directivas que emanan de la Unión Europea.