CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de la presente ley es establecer el régimen jurídico aplicable en materia de prevención y protección ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para alcanzar un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y la salud de las personas, a través de los instrumentos ambientales y disposiciones establecidas en la misma, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administración General del Estado conforme a lo establecido en la legislación básica estatal.

Artículo 2. Finalidades.

Las finalidades de la presente ley son:

1. a) Alcanzar un elevado nivel de protección de las personas y del medio ambiente en su conjunto, para mejorar la calidad de vida, mediante los instrumentos necesarios que permitan prevenir, minimizar, controlar y corregir la contaminación y hacer un uso eficiente de los recursos y de las materias primas.
2. b) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible y circular, contribuyendo a la consecución de los objetivos que para dicho propósito se aprueben internacionalmente.
3. c) Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones para la implantación de instalaciones y actuaciones.
4. d) Prevenir los impactos ambientales concretos que puedan generar dichas instalaciones y actuaciones y establecer mecanismos eficaces de corrección y compensación de sus efectos adversos.
5. e) Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental, así como una mayor participación social en la toma de decisiones medioambientales, promoviendo la sensibilización y educación ambiental de la ciudadanía en la protección del medio ambiente.
6. f) Contribuir a hacer efectivos los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía en la instrucción de los procedimientos administrativos, incrementando la transparencia de la actividad administrativa.
7. g) El impulso de la corresponsabilidad ambiental público-privada en la protección del medio ambiente y la ejecución de actuaciones conjuntas entre las Administraciones públicas y la ciudadanía.
8. h) Garantizar la colaboración y la coordinación de las Administraciones públicas, fomentando la integración de los procedimientos de autorización ambiental y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Artículo 3. Principios.

Los principios que se señalan a continuación inspiran la presente ley y guiarán la política ambiental de la Junta de Andalucía, observándose en los mecanismos de fomento, evaluación, prevención y control desarrollados en esta norma:

1. a) Protección del medio ambiente y su promoción para la consecución del derecho a disfrutar de una adecuada calidad ambiental.
2. b) Acción preventiva, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente en su fuente de origen y en el diseño de las actividades desde su planteamiento inicial.
3. c) Enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto potencial contaminante.
4. d) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación y control ambiental y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a las que, en su caso, deban someterse.
5. e) Cautela, por la cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una primera evaluación científica en la que se indique que, basándose en los datos científicos y técnicos disponibles, hay motivos razonables para entender que del desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente, la salud de las personas y la biodiversidad.
6. f) Restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anterior a los daños ambientales producidos, así como de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente.
7. g) Quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos.
8. h) Utilización racional y sostenible de los recursos naturales para favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de gestión ambiental que armonice el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, facilitando la transición ecológica hacia una economía circular.
9. i) Autosuficiencia, proximidad en la gestión de los residuos y jerarquía de residuos.
10. j) Información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de medio ambiente se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una efectiva participación de la sociedad en su conjunto.
11. k) Promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente.
12. l) Adaptación al progreso técnico y científico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en materia de medio ambiente, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles, menos contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente.
13. m) Integración y transversalidad, por el que las exigencias que se deriven de la protección del medio ambiente deberán tenerse en cuenta en la definición y ejecución de las políticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
14. n) Agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas, salvaguardando siempre las debidas garantías ambientales y la seguridad jurídica.
15. ñ) Coordinación y cooperación, por el cual las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones recíprocas, así como prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus competencias de acuerdo con el principio de lealtad institucional.
16. o) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general, implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente.
17. p) No regresión, garantizando que las disposiciones adoptadas no impliquen retrocesos en los niveles alcanzados de protección ambiental.
18. q) Regulación económica eficiente y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
19. r) Principio de justicia ambiental y territorial, favoreciendo que los impactos ambientales no recaigan sobre territorios socialmente vulnerables.

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de la presente ley serán de aplicación las definiciones recogidas en la normativa básica estatal en materia de evaluación ambiental, prevención y control integrados de la contaminación y calidad ambiental, además de las siguientes, y sin perjuicio de aquellas otras que puedan establecerse reglamentariamente:

Artículo 5. Protección de datos, secreto industrial y comercial y confidencialidad de la información aportada.

1. 1. El cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley se desarrollará respetando los términos establecidos en la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial, así como de protección de datos de carácter personal.
2. 2. Las Administraciones públicas que intervengan en los procedimientos regulados en esta ley deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por la persona promotora, titular o explotadora que, de conformidad con la normativa aplicable, tengan dicho carácter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
3. 3. La persona promotora, titular o explotadora deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad, aportando la justificación oportuna. La Administración ambiental competente decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial, incluida la propiedad intelectual, y sobre la información amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente, regulado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, con el derecho a la confidencialidad.
4. 4. En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial de la información indicada por la persona promotora, titular o explotadora se deberá emitir una resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.
5. 5. Los datos que gocen de confidencialidad deberán ser debidamente identificados y deberán ser presentados de forma independiente del resto de la documentación elaborada para las tramitaciones. No serán sometidos a información pública ni a consultas los datos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad, haciéndose mención de esta circunstancia en dicha información pública.

Artículo 6. Coordinación y cooperación interadministrativa.

1. 1. Para una protección ambiental adecuada y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la presente ley, las Administraciones públicas competentes ajustarán sus actuaciones en el ámbito de la misma a los principios de lealtad institucional, coordinación, cooperación y colaboración, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. 2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, en el trámite de consultas se garantizará por parte de la Administración pública competente la debida ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados y, en especial, la de aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones públicas. En particular, deberán prestarse entre las mismas la debida asistencia para asegurar la eficacia y coordinación en la tramitación de la evaluación ambiental y de los diferentes instrumentos de prevención y de control de la contaminación ambiental.
3. 3. El órgano ambiental competente para la instrucción y resolución de los instrumentos de prevención ambiental de competencia autonómica convocará reuniones periódicas con las distintas Administraciones públicas afectadas que deban emitir informe en el trámite de consultas de los mismos, en las que se aplicarán metodologías ágiles, con el objetivo de promover la cooperación interadministrativa, coordinar la instrucción de los expedientes en sus distintas fases de tramitación y analizar de forma conjunta el contenido de los informes técnicos emitidos. La asistencia será de carácter obligatorio para aquellos órganos pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía que no hayan emitido el informe solicitado en el trámite de consultas.

Artículo 7. Administración electrónica.

La utilización de los servicios electrónicos en las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de la presente ley se llevará a cabo con pleno sometimiento a los derechos de las personas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la disposición adicional tercera del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, y en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2023, de 30 de marzo.

Artículo 8. Entidades colaboradoras.

1. 1. Se consideran entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cooperen con la Administración pública competente en materia de medio ambiente desempeñando actuaciones de verificación y control conforme a lo establecido en los apartados siguientes, pudiendo desempeñar tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo en cumplimiento de la normativa ambiental, siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas.
2. 2. Adquieren dicha condición mediante su inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los requisitos para la inscripción en el Registro se establecerán reglamentariamente, pudiendo exigirse para algunas de sus actuaciones acreditación emitida por entidades de acreditación.
3. 3. La Consejería competente en materia de medio ambiente registrará las entidades de conformidad con los requisitos necesarios y el procedimiento que reglamentariamente se establezca, que estará encaminado a garantizar su competencia técnica, independencia e imparcialidad. Dicho Registro contendrá, al menos, la información relativa a los datos identificativos de cada una de las entidades colaboradoras inscritas, ámbitos de actuación y funciones y las modificaciones o extinción de las mismas que se produzcan.
4. 4. Las entidades colaboradoras actuarán a petición de las personas titulares o promotoras de instalaciones, actuaciones y/o actividades, en cumplimiento de una exigencia normativa o a instancia de la Consejería competente en materia de medio ambiente o de los ayuntamientos para el ejercicio de las funciones que, con carácter general, vendrán determinadas por la normativa sectorial en los diferentes ámbitos ambientales y siempre que tales funciones no estén reservadas a personal funcionario de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

   Comprenderán las siguientes actuaciones:

   1. a) Verificación documental de los requisitos y datos necesarios para la solicitud de autorizaciones ambientales, licencias, comunicaciones y declaraciones responsables, renovaciones y modificaciones de las anteriores, incluyendo asimismo la suficiencia y la idoneidad de la documentación necesaria para la tramitación de los diferentes instrumentos de prevención ambiental regulados en esta ley, así como para la tramitación de subvenciones, en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y cualesquiera otros documentos vinculados a trámites contemplados en la presente ley y en la normativa básica que, en su caso, resulte de aplicación.
   2. b) Verificación, en dependencias del lugar donde se realice la actividad, de la adecuación de los equipos e instalaciones a los requisitos establecidos en dichas autorizaciones o licencias, tramitaciones administrativas o en la normativa ambiental aplicable.
   3. c) Verificación de los informes y declaraciones e información remitida a la Administración ambiental por las personas titulares o promotoras de las instalaciones o actividades.
   4. d) Toma de muestras, mediciones y análisis para la evaluación de conformidad de los distintos controles y verificaciones de funcionamiento de la actividad.
   5. e) Comprobación de análisis de riesgos medioambientales cuando legalmente se prevea su realización por entidad colaboradora.
   6. f) Cualesquiera otras que sean requeridas por la Administración competente en materia de medio ambiente en el ámbito de la normativa medioambiental o en el ejercicio de su actividad.
   7. g) En el ámbito local y siempre que así lo prevea una ordenanza municipal, emisión de informes técnicos o certificados que, no teniendo la consideración de actos administrativos, puedan ser asumidos por la Administración local.
5. 5. Prestarán igualmente funciones de asistencia a la Administración pública competente en materia de medio ambiente en tareas de apoyo en la vigilancia, el control y el seguimiento y en las actuaciones de inspección, siempre que tales funciones no supongan el ejercicio de potestades públicas.
6. 6. Las entidades colaboradoras podrán actuar en los siguientes ámbitos:
   1. a) Prevención y control ambiental.
   2. b) Evaluación ambiental.
   3. c) Calidad del medio ambiente atmosférico.
   4. d) Calidad del suelo.
   5. e) Residuos.
   6. f) Responsabilidad medioambiental.
   7. g) Economía circular.
7. 7. Las entidades colaboradoras estarán sujetas al control, seguimiento e inspección por la Consejería competente en materia de medio ambiente, en su propio ámbito competencial.
8. 8. Reglamentariamente se regulará el reconocimiento de las habilitaciones otorgadas por otras Administraciones públicas a entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, en virtud de los principios de cooperación y confianza mutua, reconocidos en el artículo 4 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y de eficacia extraterritorial, regulado en el artículo 31 del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
9. 9. Las entidades colaboradoras salvaguardarán en todo momento la imparcialidad e independencia respecto de la organización, instalación y elementos objeto de cada actuación.

Artículo 9. Colegios profesionales de Andalucía.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, así como los ayuntamientos andaluces, podrán formalizar encomiendas de gestión y celebrar convenios con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter material o técnico en relación con las actuaciones de verificación de las actividades comprendidas en esta ley, siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas.

CAPÍTULO II. Coordinación de la política ambiental

Artículo 10. Planificación estratégica en materia de medio ambiente.

1. 1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará una estrategia marco de medio ambiente con vocación de convertirse en el instrumento de planificación de referencia para todas las políticas ambientales en Andalucía, mediante la integración en un solo instrumento de planificación de las principales líneas estratégicas de actuación en materias de carácter ambiental.
2. 2. El proceso de elaboración de la estrategia se apoyará en los principios de coordinación, colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas afectadas por razón de sus competencias.
3. 3. En su elaboración se tendrán en cuenta las circunstancias físicas y socioeconómicas que caracterizan el territorio andaluz, la urgente necesidad de prevención y adaptación a los efectos del cambio climático, el impulso a la mejora del acceso a las instituciones y poderes públicos por parte de la ciudadanía, así como el desarrollo socioeconómico, desde una perspectiva del medio ambiente como motor de desarrollo y reconociendo su potencialidad como generador de empleo de calidad.
4. 4. La estrategia marco de medio ambiente será aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía y promoviendo la transparencia y la participación real y efectiva de la ciudadanía, mediante la apertura de un periodo de información pública.
5. 5. La estrategia marco establecerá su periodo de vigencia y el sistema de seguimiento, revisión y evaluación.
6. 6. El desarrollo de los contenidos particulares y aspectos de especial interés de la estrategia marco podrá llevarse a cabo mediante la elaboración y ejecución de planes ambientales sectoriales.

Artículo 11. Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía.

1. 1. Se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, como órgano colegiado de consulta y participación, adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. 2. Corresponderán al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía las siguientes funciones:
   1. a) Informar preceptivamente los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos de desarrollo de leyes que guarden relación con la protección del medio ambiente, con excepción de aquellos anteproyectos y proyectos sometidos a informe preceptivo del órgano colegiado de participación en materia forestal y de biodiversidad adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
   2. b) Conocer los planes y programas ambientales de ámbito autonómico referidos al medio ambiente, salvo la estrategia marco de medio ambiente, que será aprobada previo informe favorable de este Consejo, y asesorar en materia de política ambiental con respecto a otros planes y programas que sean sometidos a su consideración y guarden relación con el medio ambiente. Se excluyen los planes y programas que, por razón de la materia, deban someterse a otros consejos de participación especializados.
   3. c) Emitir informes y efectuar propuestas en materia de medio ambiente, a iniciativa propia o a petición de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
   4. d) Informar y asesorar de cuantos asuntos sean sometidos a su consideración por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
   5. e) Recabar de la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
   6. f) Elaborar propuestas sobre acciones de investigación, conocimiento, sensibilización y divulgación en materia de medio ambiente, con especial atención al acceso efectivo y a la difusión de la información ambiental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
   7. g) Impulsar la coordinación y cooperación entre la iniciativa pública y la privada en favor de la protección del medio ambiente, así como proponer o emitir informes, actuaciones y medidas que favorezcan esa coordinación y participación.
   8. h) Proponer medidas que incentiven la creación de empleo ligado a actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, para elevarlas a la Consejería competente.
   9. i) Proponer medidas de educación ambiental que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad andaluza de los valores ecológicos y medioambientales.
   10. j) Participar de manera activa en el diseño y elaboración de los instrumentos de planificación y estrategias de las políticas públicas medioambientales.
   11. k) Ejercer las demás funciones que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.

Artículo 12. Composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía.

1. 1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía estará presidido por la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, ostentando su vicepresidencia la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de medio ambiente. Sus miembros serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente. Contará con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía, así como de representantes de las entidades locales.
2. 2. La composición, el funcionamiento y el régimen jurídico del referido órgano colegiado, de acuerdo con lo establecido en la sección 1.ª del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se determinarán reglamentariamente, con la previsión del carácter no vinculante de sus informes y actuaciones y de que se reúna de manera ordinaria, como mínimo, dos veces al año.
3. 3. En la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres, incluyendo en el cómputo a aquellas personas que formen parte del mismo en función del cargo específico que desempeñen, de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
4. 4. El reglamento que regule el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía se aprobará en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.

CAPÍTULO III. Información y participación pública en materia de medio ambiente

Artículo 13. Garantías en materia de información ambiental.

Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y el Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía, garantizarán una información ambiental de calidad a la ciudadanía mediante las siguientes actuaciones:

1. a) Informar de manera adecuada sobre los derechos de acceso a la información ambiental y de las vías para ejercitar tales derechos de acuerdo con la legislación vigente.
2. b) Poner a disposición de las personas titulares del derecho de acceso a la información ambiental la que soliciten, en los términos establecidos en la normativa vigente, garantizando el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes, así como que su personal les asista cuando traten de acceder a la misma.
3. c) Estructurar y mantener actualizada la información ambiental que sirva de base a las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus funciones de planificación y gestión, para su utilización por la ciudadanía.
4. d) Facilitar y difundir la información ambiental, por todos los sistemas a su alcance, de la manera más amplia, sistemática y tecnológicamente avanzada posible, garantizando la transparencia, igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos, en los términos legalmente establecidos, particularmente mediante el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento en la medida que resulte posible.
5. e) Realizar campañas de información específicas cuando existan hechos excepcionales relacionados con el medio ambiente que por su relevancia deban ser conocidos por la ciudadanía y supongan la adopción de medidas concretas por la Administración.
6. f) Promover el desarrollo de la Directiva (UE) 2019/1024, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Artículo 14. La Red de Información Ambiental de Andalucía.

1. 1. La Red de Información Ambiental de Andalucía tiene como objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía, generada por todo tipo de centros productores de información ambiental en la comunidad autónoma, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión pública, la educación ambiental y la toma de decisiones, en materia de medio ambiente.
2. 2. La Red de Información Ambiental de Andalucía se configura como un sistema de información permanente de acceso público que contiene datos suficientes y la mejor información disponible sobre el estado y la calidad del medio ambiente en Andalucía, a fin de garantizar el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean en su nombre, y facilitar su difusión y puesta a disposición pública de la manera más amplia, sistemática y tecnológicamente avanzada posible.
3. 3. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente la organización y gestión de la Red de Información Ambiental de Andalucía, así como aprobar las normas y criterios que normalicen dicha información y garanticen su uso compartido, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos.
4. 4. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suscribir los instrumentos de colaboración necesarios con organismos, Administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros, con el fin de integrar y coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes y ampliar y mejorar la Red de Información Ambiental de Andalucía.
5. 5. Se promoverá la adecuada y suficiente publicidad, comunicación y difusión de la Red de Información Ambiental de Andalucía al objeto de darla a conocer a la ciudadanía en general a través del Portal de la Junta de Andalucía.
6. 6. El régimen de funcionamiento, estructura y contenido de la Red de Información Ambiental de Andalucía se desarrollará reglamentariamente.

Artículo 15. Informe sobre el estado del medio ambiente.

1. 1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará y publicará, cada año, un informe de carácter completo sobre el estado del medio ambiente en la comunidad autónoma.

   Este informe quedará recogido en un lenguaje no técnico de carácter divulgativo comprensible y accesible para toda la ciudadanía, e incluirá datos sobre el seguimiento y conservación de especies y hábitats amenazados, la calidad del medio ambiente, suelos y erosión, incluida la evolución de los usos y ocupación del suelo en Andalucía.

2. 2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, las Administraciones públicas, organismos y demás entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía facilitarán los datos ambientales y la información que obren en poder de esas Administraciones a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
3. 3. El informe sobre el estado del medio ambiente se publicará en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 16. Participación pública en asuntos con incidencia medioambiental.

1. 1. El derecho de participación pública en los asuntos con incidencia ambiental se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, sin perjuicio de las medidas previstas en esta ley para fomentar dicha participación.
2. 2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la participación real y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, y adoptará medidas que incentiven dicha participación en los procedimientos de exposición pública de las actividades sometidas a los instrumentos de evaluación, prevención y control ambiental, mediante la publicación telemática de la relación de expedientes sujetos a la misma, así como con la puesta en disposición de los expedientes que sean requeridos por las personas o colectivos interesados que formulen su petición de forma fundada y razonada, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la legislación básica estatal que resulte de aplicación.
3. 3. Para promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas medioambientales, así como de disposiciones de carácter general en la materia, la Administración de la Junta de Andalucía velará por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, y para que la ciudadanía:
   1. a) Tenga acceso a la Red de Información Ambiental de Andalucía.
   2. b) Pueda participar en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas ambientales, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
4. 4. Durante los trámites de audiencia y de información pública, o en cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, toda la documentación objeto de este trámite:
   1. a) Se publicará en el apartado correspondiente de la sección de transparencia del Portal de la Junta de Andalucía o páginas web correspondientes de una manera clara, estructurada y comprensible para las personas interesadas, en formato digital.
   2. b) Deberá ser de fácil acceso y se facilitará que esté a disposición de las personas con discapacidad, con arreglo al principio de accesibilidad universal.

Artículo 17. Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental y prevención ambiental.

1. 1. En concordancia con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se creará un Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental y de prevención ambiental en la Junta de Andalucía, a los efectos de garantizar la participación efectiva en los citados procedimientos de las personas físicas o jurídicas que acrediten dicha condición y que deban ser consultadas según lo dispuesto en esta ley.
2. 2. La inscripción en este Registro de las personas interesadas en dichos procedimientos tendrá carácter voluntario, debiendo estas solicitar su inscripción en este Registro, sin que en ningún caso el hecho de no estar inscrito en el mismo pueda ser motivo de su exclusión como interesado en el expediente o el procedimiento de que se trate.
3. 3. La organización, funcionamiento y acceso de dicho Registro se desarrollarán reglamentariamente en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.

CAPÍTULO IV. Investigación, educación y ecoinnovación

Artículo 18. Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia de medio ambiente.

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la ecoinnovación, la investigación y el desarrollo tecnológico en la generación y aplicación de nuevos conocimientos sobre el medio ambiente en el marco de los planes aprobados en esta materia. En particular, se procurará:

1. a) Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que permitan una mayor racionalización de la utilización de recursos y una menor generación de impactos sobre el medio ambiente.
   1. b) Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental.
   2. c) Fomentar la economía circular.
   3. d) Propiciar el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo verde de calidad.

Artículo 19. Formación, educación y sensibilización ambiental para la sostenibilidad.

1. 1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la educación y sensibilización para la sostenibilidad mediante la difusión de conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades para la mejora ambiental, y adoptará, entre otras, las medidas establecidas a tal fin en el artículo 73 de la Ley 3/2023, de 30 de marzo.
2. 2. En particular, se prestará especial atención a:
   1. a) La formación en los ámbitos educativos, profesionales, empresariales y a la población en general.
   2. b) La difusión de campañas de sensibilización pública y concienciación.
   3. c) La orientación a las personas consumidoras sobre los productos energéticamente más eficientes y menos contaminantes.
3. 3. La Consejería competente en materia de medio ambiente, en coordinación con otras Administraciones públicas, podrá elaborar programas de actuación en materia de educación y sensibilización ambiental con objetivos específicos y medidas concretas para alcanzarlos.