Garantiza la autonomía de personas con movilidad o comunicación reducidas, regulando la eliminación de barreras en urbanismo, edificación, transporte y sistemas de comunicación sensorial en San Sebastián.
De aplicación en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa, País Vasco).
189.866 habitantes · 61 km²
Garantiza la autonomía de personas con movilidad o comunicación reducidas, regulando la eliminación de barreras en urbanismo, edificación, transporte y sistemas de comunicación sensorial en San Sebastián.
Intenta con otros filtros
La Ordenanza municipal para la promoción de la accesibilidad a las viviendas situadas en las edificaciones residenciales de la ciudad de San Sebastián regula las obras y actuaciones que permiten mejorar el acceso a viviendas existentes cuando hay dificultades de accesibilidad. Su aplicación se dirige a edificios consolidados de uso preferentemente residencial, con viviendas consolidadas en el planeamiento y una situación de discapacidad que cumpla las condiciones del artículo 2. La ordenanza trata la instalación de ascensores y rampas, los reajustes urbanísticos y técnicos, el contenido del proyecto, su tramitación, los plazos de ejecución y, si no existe disponibilidad de los bienes afectados, la posible actuación mediante expropiación.
No es una regulación general de cualquier obra de accesibilidad. El primer dato que conviene fijar es si el edificio, la vivienda y la situación de la persona que reside en ella encajan en el ámbito del artículo 2. Después se analiza la solución material, se justifica en el proyecto técnico y se sigue el procedimiento municipal previsto en los artículos 5 y 6.
Es una ordenanza municipal que fija criterios para intervenir en edificaciones residenciales existentes y facilitar el acceso a sus viviendas. Su objetivo se formula en el artículo 1: determinar y regular medidas de intervención que posibiliten y garanticen el acceso, especialmente para personas con discapacidad, mediante obras e instalaciones como ascensores o rampas.
La ordenanza funciona junto al planeamiento y a la legislación técnica aplicable. No sustituye el análisis urbanístico del edificio. Lo que hace es establecer criterios para valorar soluciones de acceso en edificios existentes y permitir, en los casos que contempla, reajustes de determinadas previsiones urbanísticas o de edificación. El artículo 4 remite a la legislación vigente y al planeamiento municipal para determinar y ejecutar las obras.
La estructura ayuda a localizar cada respuesta. La norma comienza con una exposición de motivos y continúa con cinco capítulos y once artículos:
No consta un anexo específico de definiciones. Los conceptos propios se encuentran sobre todo en el artículo 3, dentro del Capítulo I.
La ordenanza regula, en primer lugar, cuándo pueden aplicarse sus medidas. El ámbito comprende terrenos y edificaciones afectados por obras proyectadas para dar acceso a viviendas de edificaciones residenciales existentes. El edificio debe estar consolidado y destinarse preferentemente a uso residencial. Las viviendas también deben estar consolidadas en el planeamiento, deben existir problemas o dificultades de accesibilidad justificadas y alguna vivienda debe estar legalmente ocupada por una persona con discapacidad cuyo domicilio habitual esté en Donostia San Sebastián y que esté empadronada en el municipio, según el artículo 2.2.
La norma introduce límites que evitan trasladar la solución a cualquier espacio. El artículo 2.3 no autoriza obras que incidan en el interior de viviendas o en partes de viviendas existentes implantadas conforme al planeamiento. La intervención puede afectar a locales, espacios comunes, patios o fachadas, pero la vivienda consolidada queda fuera de esa afección.
En segundo lugar, regula cómo debe escogerse y ejecutarse la solución. El artículo 4 contempla ascensores, rampas y otras actuaciones de acceso a viviendas, edificios y parcelas. La propuesta debe buscar un equilibrio entre la mejora del acceso y la conservación de las condiciones del espacio afectado para su servicio original. También deben valorarse las afecciones físicas, estéticas y acústicas, junto con las medidas para corregirlas.
Hay dos límites territoriales que deben comprobarse en el planeamiento municipal. En parcelas de tipología a.100, Asentamientos residenciales antiguos, y a.200, Residenciales de ensanche, el artículo 4.3 no autoriza soluciones que incidan en los espacios públicos colindantes. Además, en edificios catalogados, el artículo 4.6 condiciona las obras a que no degraden ni desvirtúen sus valores y a que se adopten las medidas de preservación correspondientes.
La ordenanza también distingue el tipo de intervención. Los reajustes técnicos se aplican a obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento. El artículo 4.5 los excluye de los supuestos de sustitución o reforma integral del edificio. Por eso, antes de proyectar un ascensor exterior o una rampa, conviene identificar el tipo de obra y no tratar una actuación de nueva planta como si fuera una reforma de un edificio existente.
El artículo 2 concentra la primera comprobación. No basta con que exista una barrera física. Deben concurrir las condiciones relativas al edificio, a la vivienda, a la dificultad de acceso y a la persona que reside en ella. El artículo 3 concreta quién se considera persona con discapacidad a efectos de la ordenanza: una persona con movilidad reducida permanente que acredite una minusvalía calificada y valorada por la Administración competente, con indicación del tipo y grado de disminución en relación con el acceso a la vivienda. También asimila a esta condición a las personas mayores de setenta años para aplicar medidas de eliminación de barreras.
El artículo 4 es el punto de consulta para conocer cómo se valoran las obras y qué espacios pueden verse afectados. Sus previsiones se conectan con la Modificación del Plan General para la promoción de la accesibilidad, en particular con sus artículos 4 y 5, y con las Ordenanzas Complementarias de Edificación. La ordenanza permite analizar reajustes de las previsiones aplicables cuando se trata de reforma, rehabilitación o mantenimiento, pero la solución debe mantener una relación razonable con el espacio afectado y respetar las limitaciones de viviendas, espacio público y patrimonio.
La remisión al planeamiento no es un detalle formal. El tipo de parcela, la condición del edificio y la protección patrimonial pueden cambiar la solución que se puede plantear. La consulta debe hacerse en el artículo 4 y en el instrumento urbanístico municipal relacionado, no solo en la ordenanza de accesibilidad.
El artículo 5 indica qué debe recoger el proyecto técnico: alternativas, adecuación urbanística, afecciones, medidas correctoras, titulares afectados y presupuesto. La elección de la solución debe quedar justificada, no limitarse a representar la caja de escalera o el ascensor.
El proyecto se somete a la tramitación prevista en el artículo 6: exposición pública durante un periodo mínimo de 20 días, notificación individual a los titulares afectados y análisis municipal antes del acuerdo de concesión o denegación. El artículo 7 establece con carácter general tres meses desde la concesión de la licencia para iniciar las obras, aunque la licencia puede modificarlo según la problemática del caso.
Si no es posible disponer de los bienes necesarios para ejecutar la solución, el Capítulo V ordena una vía específica. El artículo 8 trata la justificación y los criterios generales; el artículo 9, la solicitud; el artículo 10, la valoración y tramitación del expediente; y el artículo 11 la sujeción a la legislación vigente en la materia.
La ordenanza no menciona expresamente las siglas CTE, pero sus artículos 4.1 y 6.1 remiten a la legislación vigente. La exposición de motivos conecta la regulación con la promoción de la accesibilidad. En el ámbito autonómico, cita la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y se relaciona con la Ley 20/1997 de Promoción de la Accesibilidad y el Decreto 126/2001, según la respuesta normativa consultada.
En el ámbito municipal, la relación más directa se produce con la Modificación del Plan General, las Ordenanzas Complementarias de Edificación y el Patrimonio Urbanístico Catalogado. El PGOU de Donostia San Sebastián puede consultarse desde su ficha en Normatia. La ordenanza cita, entre otros, los artículos 4 y 5 de las Normas Urbanísticas de la modificación y el artículo 5.2.E para las soluciones de acceso.
Sigue esta secuencia antes de cerrar la solución:
La secuencia evita empezar por una dimensión aislada del ascensor o de la rampa. La propia respuesta del corpus indica que los parámetros técnicos de reajuste remiten a los artículos 4 y 5 de las Normas Urbanísticas de la Modificación del Plan General. Para un valor dimensional concreto, por tanto, hay que localizar primero esa norma relacionada y comprobar el supuesto de aplicación.
No. El artículo 2 exige que el edificio sea consolidado y preferentemente residencial, que la vivienda esté consolidada en el planeamiento, que existan dificultades de accesibilidad justificadas y que alguna vivienda esté legalmente ocupada por una persona con discapacidad cuyo domicilio habitual esté en Donostia San Sebastián y que esté empadronada allí.
La ordenanza no autoriza obras que incidan en el interior de viviendas o partes de viviendas existentes implantadas conforme al planeamiento, según el artículo 2.3. La posible afección a espacios comunes, locales, patios o fachadas debe analizarse de forma separada.
No en los términos del artículo 4.5. Las medidas de reajuste técnico se aplican a obras de reforma, rehabilitación y mantenimiento, pero no a supuestos de sustitución o reforma integral del edificio.
En las parcelas de tipología a.100 y a.200, el artículo 4.3 no autoriza soluciones que incidan en los espacios públicos colindantes. La respuesta concreta depende de la tipología urbanística que corresponda a la parcela.
Debe exponer la lógica y racionalidad de la alternativa elegida frente a otras posibles, conforme al artículo 5. También debe explicar su adecuación urbanística y estudiar las afecciones que produzca.
El artículo 5 incluye las afecciones físicas, estéticas y acústicas, entre otras. El proyecto debe proponer medidas para corregirlas o eliminarlas, con indicación de los materiales y la maquinaria adecuados.
El artículo 6 establece un periodo mínimo de 20 días. Antes de esa exposición pública, el Ayuntamiento notifica individualmente a los titulares de bienes y derechos afectados.
El artículo 7.1 fija con carácter general un plazo de tres meses desde la concesión de la licencia. El artículo 7.2 permite que la licencia lo modifique, al alza o a la baja, atendiendo a la problemática específica del caso.
El Capítulo V regula la actuación mediante expropiación. La consulta debe empezar por la justificación y los criterios generales del artículo 8 y continuar con la solicitud del artículo 9 y la valoración y tramitación del artículo 10. El artículo 11 remite a los criterios de la legislación vigente en materia de expropiación.
El artículo 3 utiliza la referencia a una movilidad reducida permanente acreditada y valorada por la Administración competente, con determinación del tipo y grado de disminución en relación con el acceso a la vivienda. También considera asimiladas a las personas mayores de setenta años.
Consulta primero el artículo 4 y comprueba si la fachada, el espacio colindante o el patrimonio catalogado resultan afectados. La solución debe mantener el equilibrio con el servicio original del espacio y, si existen impactos, el proyecto debe evaluarlos y proponer medidas correctoras conforme al artículo 5.
Revisa el contenido del proyecto del artículo 5 y la disponibilidad de los bienes. Si no se alcanza un acuerdo y la actuación no puede iniciarse por falta de disponibilidad, el procedimiento específico se localiza en los artículos 8 y 9, con valoración y tramitación conforme al artículo 10.
La consulta debe dirigirse al artículo 4.6 y al instrumento municipal de protección. La ordenanza no autoriza obras que degraden o desvirtúen los valores del edificio catalogado. El proyecto debe integrar las medidas de preservación que correspondan.
La persona con discapacidad se define en el artículo 3 y se relaciona con la movilidad reducida permanente acreditada. La persona asimilada es la mayor de setenta años a efectos de aplicar medidas de eliminación de barreras. La edificación y la vivienda consolidadas son las que cumplen las condiciones urbanísticas del artículo 2.
Los reajustes técnicos son adaptaciones de previsiones urbanísticas o de edificación que pueden valorarse en reformas, rehabilitaciones y mantenimientos. Están condicionados por el tipo de obra, el espacio afectado, la tipología de parcela, el patrimonio y la legislación aplicable.
La ordenanza de accesibilidad a las viviendas de San Sebastián organiza la respuesta municipal ante problemas de acceso en edificios residenciales existentes. El artículo 2 determina cuándo puede aplicarse, el artículo 3 define la condición de la persona con discapacidad, el artículo 4 regula las soluciones materiales y sus límites, y el artículo 5 fija el contenido del proyecto técnico. Los artículos 6 y 7 ordenan la tramitación y el inicio de las obras. Si falta disponibilidad de bienes necesarios, los artículos 8 a 11 describen la vía de expropiación.
Para consultar una intervención concreta, empieza por la aplicabilidad del artículo 2, identifica el tipo de obra y la parcela, comprueba las afecciones urbanísticas y patrimoniales y redacta después la justificación técnica. La ordenanza debe leerse junto con el planeamiento municipal y con la legislación técnica y de accesibilidad a la que remite.
Título original: "IB.12 Illarra" eremuari, Villa Ereski ("AY.18 Munto") eta Deposito ("IB.17 Fundación Matia") lurzatiei eta Erregenea lursailei buruzko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketaren hasierako onespena.
Se aprueba inicialmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, en ejecución de la sentencia 482/2024 del TSJ del País Vasco. El documento afecta al ámbito IB.12 Illarra, a las parcelas Villa Ereski (AY.18 Munto) y Depósito (IB.17 Fundación Matia), y a terrenos de Erregenea. Se somete a información pública por 45 días y se acuerda la suspensión de licencias durante dos años en los ámbitos y usos afectados.
Título original: "CE.05 San Bartolome" hirigintza-eremuko "b.20.2" lurzatiari eta haren inguruneari buruzko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntualaren hasierako onespena.
El anuncio aprueba inicialmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida a la parcela b.20.2 y su entorno del AU CE.05 San Bartolomé, en San Sebastián. La modificación suprime la parcela de uso terciario/comercial b.20.2, incorpora una franja al espacio libre f.10/2 y reajusta fichas de protección del Convento y del Muro de San Bartolomé. También acuerda información pública por 45 días y la suspensión de licencias durante dos años en los ámbitos y usos afectados.
Ayúdanos a mejorar la librería de Normatia. Envíanos tus sugerencias sobre normativas que deberíamos incluir. Recibirás una notificación cuando la normativa sugerida sea añadida.