Regula las tasas de Córdoba sobre licencias urbanísticas, declaraciones responsables y comunicaciones para tramitar obras, edificaciones y actividades comerciales legalmente.
De aplicación en Córdoba (Córdoba, Andalucía).
323.262 habitantes · 1255 km²
Regula las tasas de Córdoba sobre licencias urbanísticas, declaraciones responsables y comunicaciones para tramitar obras, edificaciones y actividades comerciales legalmente.
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La Ordenanza Fiscal Tasa por Licencias Urbanísticas, Control de Declaraciones Responsables y Comunicaciones Urbanísticas de Córdoba regula la actividad administrativa de fiscalización municipal sobre actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia, declaración responsable o comunicación urbanística (artículos 2º y 3º). Para el técnico, la consulta pasa por identificar la actuación, calcular el Presupuesto Modular de Ejecución Material, aplicar la tarifa y revisar la autoliquidación. La ordenanza también contempla reducciones, proyectos reformados, legalizaciones y los efectos del desistimiento o la denegación.
Es una ordenanza fiscal municipal. Su objeto es fijar la tasa asociada a la actividad de control que realiza el Ayuntamiento de Córdoba sobre determinados actos de edificación y uso del suelo. Esa fiscalización comprueba la adecuación a las normas urbanísticas de los planes de ordenación y demás normas técnicas aplicables, el destino y uso pretendidos, la adecuación estética al entorno y, cuando corresponda, las normas de interés histórico, artístico o monumental (artículo 2º).
La ordenanza no sustituye al título urbanístico ni al proyecto técnico. Regula la contraprestación económica por la actividad administrativa que se inicia con una licencia, una declaración responsable o una comunicación urbanística, según el supuesto. El hecho imponible es precisamente esa actividad de fiscalización municipal sobre actos sujetos a intervención administrativa (artículos 2º y 3º). Esta distinción ayuda a ordenar la consulta: primero se identifica el trámite urbanístico; después se determina la cuota que la ordenanza fiscal asocia a ese trámite.
El texto se articula en un cuerpo de trece artículos, dos anexos y una disposición final. Los anexos contienen las tarifas y el presupuesto modular de ejecución material.
La ordenanza organiza cuatro decisiones que suelen aparecer juntas en una memoria o en la preparación de un expediente.
La primera es el hecho que genera la tasa. El artículo 3º vincula la cuota a la actividad administrativa municipal de control. El artículo 4º concreta el devengo: la obligación nace cuando se inicia esa actividad, normalmente con la presentación de la solicitud o declaración, o cuando la Administración comprueba el inicio de obras sin título habilitante. Por eso conviene distinguir la fecha de presentación de la documentación de cualquier fase posterior del expediente.
La segunda decisión es quién interviene como obligado. El contribuyente es la persona física o jurídica que solicita la actividad administrativa o en cuyo interés redunda, según el artículo 5º. El artículo 6º contempla a constructores y contratistas como sujetos pasivos sustitutos en los términos de la ordenanza. Esta identificación corresponde al expediente tributario, pero afecta a la documentación que acompaña la solicitud y a la persona que debe formalizar el pago.
La tercera es la base de cálculo. El artículo 9º remite a las tarifas del Anexo I. Para varias actuaciones del Epígrafe 1, la ordenanza utiliza un Presupuesto Modular de Ejecución Material. El artículo 10º.1.c) relaciona ese presupuesto con los cuadros de usos, tipologías y valores del ICIO. El Anexo II recoge los módulos según el uso y la situación del edificio.
La cuarta decisión es la gestión posterior. El artículo 10º regula documentación, autoliquidación y proyectos reformados. El artículo 11º trata desistimientos, renuncias y denegaciones. El artículo 12º desarrolla el régimen de autoliquidación y comprobación. El artículo 13º remite el régimen sancionador a la Ley General Tributaria.
La tasa se vincula a la fiscalización municipal, no a la mera existencia física de una obra. El artículo 4º contempla como momentos relevantes la presentación de una solicitud o declaración y la comprobación administrativa del inicio de obras sin título habilitante. Al revisar un expediente, esta referencia permite separar dos preguntas: qué actuación se ha presentado y cuándo comenzó la actividad administrativa que da lugar al devengo.
El Anexo I diferencia, entre otros supuestos, las edificaciones de nueva planta, las rehabilitaciones integrales, los cambios de uso principal, las ampliaciones y las construcciones reconducibles a los cuadros de usos y tipologías. El Epígrafe 2 aborda obras de escasa entidad constructiva, reformas de edificios existentes, movimientos de tierras, cerramientos de solares, talas e intervenciones arqueológicas. La clasificación debe hacerse según el alcance de la actuación, no solo según el nombre que tenga el proyecto.
El Anexo II contiene los valores por metro cuadrado según uso y situación. En los módulos consultados aparecen, por ejemplo, 5,25 €/m² para vivienda unifamiliar entre medianeras, 6,85 €/m² para vivienda unifamiliar aislada, 2,60 €/m² para adecuación de locales, 4,36 €/m² para oficinas en edificio mixto y 1,96 €/m² para naves y almacenes entre medianeras. Son valores asociados a esas tipologías y condiciones concretas, no una tarifa general aplicable a cualquier obra.
El Anexo II también contempla los sótanos: el valor del uso específico se multiplica por 1,10, con los mínimos indicados para las situaciones entre medianeras y aislada. La cuota se obtiene relacionando la superficie y el módulo correspondiente; el artículo 9º remite a las tarifas para determinar la cuota tributaria.
Las reducciones se encuentran en el artículo 8º y en las notas del Anexo I. La ordenanza contempla, entre otros supuestos, una reducción del 90 % para obras de accesibilidad dirigidas a eliminar barreras arquitectónicas, con el alcance que describe el artículo 8º. También prevé reducciones vinculadas a creación de empleo y a determinados regímenes de vivienda protegida o programas de rehabilitación. Para una edificación catalogada con protección integral, la Nota 1ª del Anexo I recoge una reducción del 75 %.
La legalización no aparece como una exclusión de la tasa. La Nota 5ª del Anexo I establece un incremento del 10 % sobre la cuota resultante. En un proyecto reformado, el artículo 10º.3 distingue si se alteran parámetros como edificabilidad, volumen, ocupación o uso: si no se alteran, la cuota es el 10 % de la cuota original, con un mínimo de 100 euros; si se alteran, se produce un nuevo devengo sobre el proyecto modificado.
Antes de calcular la cuota, la secuencia de consulta puede resumirse así:
El artículo 10º.1 contempla que la solicitud y la autoliquidación incorporen la referencia catastral. También recoge la presentación de los modelos catastrales 902, 903 o 904, según la naturaleza de la actuación, y el detalle del Presupuesto Modular de Ejecución Material en la hoja complementaria municipal. La tasa se exige en régimen de autoliquidación y el abono debe acreditarse en la presentación, con los efectos que la propia ordenanza atribuye a la falta de pago o al ingreso insuficiente (artículos 10º y 12º).
La estructura del texto permite confirmar el fundamento, el hecho imponible, los sujetos y la gestión. Después, el Anexo I sirve para localizar el epígrafe y las reglas de reducción o incremento. El Anexo II aporta el módulo de ejecución material y diferencia usos y situaciones.
La estructura de los artículos 1º y 2º sitúa el fundamento y el objeto. Los artículos 3º y 4º se consultan cuando la duda es si existe hecho imponible y cuándo nace la obligación. Los artículos 5º a 8º sirven para sujetos y beneficios. El artículo 9º conecta la cuota con las tarifas. Los artículos 10º a 12º concentran la gestión del expediente, y el artículo 13º trata el régimen sancionador por remisión.
Los conceptos de uso y tipología no forman un glosario separado. El Anexo I, apartado 3.1, define criterios de aplicación: edificio unifamiliar, plurifamiliar, aislado y entre medianeras, además de categorías de urbanización y ajardinamiento. Son definiciones con efecto sobre la selección del módulo. Por ejemplo, un edificio entre medianeras es el que se adosa a una o varias lindes medianeras, y ese criterio se aplica a cualquier uso según la Nota 2ª del epígrafe.
Nace cuando se inicia la actividad administrativa de fiscalización. El artículo 4º sitúa ese momento en la presentación de la solicitud o declaración, o en la comprobación administrativa del inicio de obras sin título habilitante. La autoliquidación se relaciona con la presentación del expediente conforme a los artículos 10º y 12º.
Para las actuaciones a las que se aplica el sistema modular, la ordenanza utiliza el Presupuesto Modular de Ejecución Material. El artículo 10º.1.c) lo relaciona con los cuadros de usos, tipologías y valores del ICIO, y el Anexo II contiene los módulos empleados para el cálculo.
El valor que figura en el Anexo II para vivienda unifamiliar entre medianeras es 5,25 €/m². Para una vivienda unifamiliar aislada, el valor consultado es 6,85 €/m². La situación y el uso deben coincidir con las condiciones del cuadro antes de aplicar el dato.
Si el reformado no altera parámetros urbanísticos como edificabilidad, volumen, ocupación o uso, el artículo 10º.3.a) fija el 10 % de la cuota original, con un mínimo de 100 euros. Si altera esos parámetros, el artículo 10º.3.b) lo trata como un nuevo devengo con la cuota completa sobre el nuevo proyecto.
La legalización no queda excluida. La Nota 5ª del Anexo I establece un incremento del 10 % sobre la cuota resultante. El alcance de la actuación y el epígrafe aplicable siguen siendo relevantes para obtener la cuota de partida.
El artículo 11º.2 prevé el 30 % de la cuota si el desistimiento se produce antes de la resolución y sin requerimiento previo. Si ha existido requerimiento, la cuota pasa al 50 %. La ordenanza también contempla el 50 % para determinadas renuncias antes de tres meses desde la concesión y para la denegación.
El artículo 8º.2 contempla una reducción del 90 % para obras que favorezcan el acceso y la habitabilidad de personas con discapacidad. En obra nueva se refiere al incremento de costes de adaptación respecto de una vivienda estándar; en reformas, al coste real de las actuaciones dirigidas específicamente a eliminar barreras arquitectónicas.
El artículo 10º.1 recoge el detalle del Presupuesto Modular de Ejecución Material en la hoja complementaria municipal, la referencia catastral y los modelos 902, 903 o 904 registrados ante la Gerencia del Catastro, según la naturaleza de la obra. La documentación concreta debe corresponder al supuesto del expediente.
Empieza por el Epígrafe 1 del Anexo I. Después separa usos y superficies y determina si la edificación es aislada o entre medianeras. Con esos datos, consulta los módulos del Anexo II y aplica la tarifa que remite el artículo 9º. La referencia catastral y el PMEM se revisan al preparar la documentación del artículo 10º.
La consulta debe dirigirse al uso de adecuación de locales del Anexo II y comprobar que el alcance de la actuación encaja en el supuesto. El valor consultado para esta tipología es 2,60 €/m² en la situación indicada en el cuadro. La cifra no debe trasladarse a otros usos sin revisar la clasificación del anexo.
Estas actuaciones aparecen dentro del Epígrafe 1 del Anexo I. El paso decisivo es identificar el uso que resulta de la intervención y calcular el PMEM con el módulo correspondiente. Si el cambio se presenta como reformado de una licencia anterior, también debe revisarse el artículo 10º.3 para saber si se alteran parámetros urbanísticos.
Busca primero la regla de reducción en la Nota 1ª del Anexo I y contrástala con el supuesto real. La ordenanza recoge reducciones para edificaciones catalogadas con protección integral y para determinados programas de rehabilitación municipal o conveniada. La protección urbanística se relaciona con el PGOU de Córdoba según la propia remisión del anexo.
La consulta debe empezar por el epígrafe que corresponda a la obra ejecutada y continuar con la Nota 5ª del Anexo I. La cuota resultante se incrementa en un 10 %. El artículo 4º también es relevante si la Administración ha comprobado el inicio de obras sin título habilitante.
El Presupuesto Modular de Ejecución Material es el resultado de aplicar al proyecto los cuadros de usos, tipologías y valores de los módulos de valoración relacionados con la ordenanza del ICIO (artículo 10º.1.c). El hecho imponible es la actividad administrativa de fiscalización municipal sobre actos de edificación y uso del suelo sujetos a licencia, declaración responsable o comunicación (artículos 2º y 3º).
La edificación aislada no se adosa a ninguna linde del solar o parcela. La edificación entre medianeras se adosa a una o varias lindes medianeras. Ambas definiciones aparecen en el Anexo I, apartado 3.1.5, y condicionan la selección del módulo cuando el cuadro diferencia situaciones.
La autoliquidación es el régimen de gestión previsto por el artículo 12º. El proyecto reformado es la modificación posterior a la licencia o declaración responsable que puede generar el 10 % de la cuota original o una nueva cuota completa, según altere o no parámetros urbanísticos, conforme al artículo 10º.3.
La ordenanza fiscal de Córdoba se consulta en una secuencia concreta: identificar la actuación sujeta a fiscalización, determinar el devengo, clasificar el uso y la tipología, localizar el módulo del Anexo II, aplicar las reglas del Anexo I y completar la autoliquidación. Los artículos 2º a 4º explican la actividad administrativa y su nacimiento; los artículos 5º a 8º tratan sujetos y reducciones; el artículo 9º conecta con las tarifas; y los artículos 10º a 12º ordenan la documentación, el pago y los cambios del expediente. Las dudas más sensibles son el PMEM, los proyectos reformados, las legalizaciones, las reducciones y los porcentajes aplicables cuando hay desistimiento o denegación.
Título original: Acuerdo de 7 de octubre de 2025, del Consejo Rector, por el que se aprueba y ratifica el documento de Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior "El Sol"PDF BOP-A-2026-1053
El anuncio recoge la aprobación y ratificación del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior «El Sol». El acuerdo fija la monetización del 10% de cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento residencial en 1.481.277,35 euros y declara extinguidos los arrendamientos y cargas incompatibles. También advierte que la firmeza administrativa e inscripción registral quedan condicionadas al pago íntegro de esa monetización. Se cita el artículo 101.1.c)5º de la LOUA y el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
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